La Junta de Andalucía no garantiza que las tierras de Marinaleda sigan bajo titularidad pública

Carmen Crespo, consejera de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, ha evitado este jueves garantizar que las tierras de Los Humosos, que hasta ahora explotan ocho cooperativas de Marinaleda (Sevilla) en régimen de concesión, sigan siendo públicas.

Crespo ha contestado a una pregunta oral del parlamentario de Adelante José Ignacio García, quien ha reclamado un compromiso para el mantenimiento del sistema de explotación agrícola, basado en la titularidad pública de la tierra (unas 1.200 hectáreas), la explotación por parte de las cooperativas y el trabajo comunal. La titular de Agricultura ha dicho que garantiza el “diálogo permanente” con el Ayuntamiento y los cooperativistas para buscar una “solución factible”, que pasaría por la necesaria colaboración de la Dirección General de Patrimonio (dependiente de la consejería de Economía y Hacienda) para que las tierras sigan siendo públicas.

La Junta de Andalucía mantiene un diálogo con los cooperativistas y el alcalde Sergio Gómez (Con Andalucía: IU + Podemos), pero la consejera no ha aclarado los términos en que se está hablando. En conversación con este periódico, el alcalde pidió la semana pasada a la Junta que valore una modificación en los decretos que permita mantener el actual régimen de concesión.

Este lunes se celebró un nuevo encuentro, al que acudieron las viceconsejeras de Agricultura y de Hacienda. Se llegó a la conclusión de que la compra por parte del ayuntamiento era inviable, aun planteada a muchos años, y se quedó en seguir estudiando la situación. “No rompen la baraja, pero pensábamos que después de tantos días lo habrían estudiado para ver qué se puede hacer y qué no”, explica una persona que asistió al encuentro.

Sendos decretos aprobados en 2015 y 2021 obligan a la venta de las antiguas tierras del extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), con preferencia para los ayuntamientos. Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha vedado el acceso a la compra a las cooperativas, hoy mucho más reducidas que cuando se constituyeron para explotar las tierras, expropiadas en 1991 al Duque del Infantado.

La privatización, “un desastre”

“Marinaleda no quiere nada gratis. Quiere seguir pagando por el uso de la tierra, pero quiere seguir bajo el concepto de que la tierra es para quien la trabaja”, ha resaltado el parlamentario. “¿Qué soluciones están manejando para no llegar al desastre no solucionar este problema?”, ha preguntado García, quien ha dado “por hecho” que no existe la intención de desalojar las tierras “para privatizarlas”.

“Eso sería un desastre para las cooperativas, para un proyecto exitoso y para el pueblo y la comarca”, ha vaticinado el portavoz de Adelante Andalucía, quien ha pedido a la consejera un compromiso público y garantías de que la tierra va a seguir siendo pública. No lo ha obtenido.

Después de admitir sus diferencias con el concepto de “éxito”, la consejera ha resaltado que se trata de un asunto “complicado desde el punto de vista administrativo”, y ha insistido en que tiene la “buena voluntad” de encontrar una solución a un problema cuyo origen ha situado en los años 90.

40.000 jornales al año

La finca de El Humoso (o Los Humosos) es uno de los ejes del modelo socioeconómico de Marinaleda que abanderó, desde 1979 hasta el año pasado, el jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo. Dan beneficio económico y trabajo a gran parte de un pueblo encajado en una comarca con ninguna otra alternativa económica: con unos 35 cooperativistas y diez trabajadores fijos, aportan unos 40.000 jornales anuales en año bueno, con la alcachofa y las habas como productos de más éxito.

A pesar de preferir la concesión a las cooperativas, el alcalde no descarta la compra, pero pide un precio asequible para las arcas municipales, cuyo presupuesto anual es de 3,9 millones de euros, y teme la competencia de los fondos de inversión, que en los últimos tiempos han puesto sus ojos en las tierras de labor. El precio de mercado de esas tierras públicas podría rondar los 30 millones de euros. En el pueblo hay temor a que una privatización acarree la puesta en marcha de un modelo intensivo que acabe con los beneficios sociales (fundamentalmente, el trabajo) que generan las cooperativas.

El portavoz de Adelante Andalucía ha reclamado a Crespo que “garantice que la tierra no va a dejar de ser pública y que en ningún caso se va a privatizar a entidades con ánimo de lucro”; a lo que la consejera ha contestado que garantiza “diálogo permanente con el alcalde y los cooperativistas”, insistiendo en que el área de Patrimonio tiene unas obligaciones legales a las que atenerse.