La Junta admite que no tomará medidas contra las profesoras denunciadas por vejar a una niña con autismo

Expediente paralizado hasta que haya sentencia firme. La Junta de Andalucía, que por boca del propio consejero de Educación, Javier Imbroda, anunció el pasado 12 de junio que abría expediente a tres de las cuatro docentes (a la directora, no) del Colegio Cervantes de Dos Hermanas (Sevilla) por presuntas vejaciones a una niña con autismo, lo ha cerrado sin sanción alguna. Concretamente, la Junta habla de que se ha “paralizado” y cita que, hasta que haya sentencia firme en este caso, no se tomará decisión disciplinaria alguna con estas maestras.

En la práctica, supone que pueden pasar hasta hasta seis/ocho años para que la Junta tome una decisión con estas maestras en función de adoptar una medida disciplinaria, vistos los recursos y contrarecursos que se pueden presentar, siempre que la jueza de Dos Hermanas que lleva el caso decida no archivarlo. En un caso extremo, la niña, que ahora tiene 7 años, podría alcanzar la mayoría de edad sin que haya decisión alguna disciplinaria contra las maestras que, presuntamente, la vejaron.

La madre de la niña no podía ocultar su indignación, así como su abogado, Javier Jaenes. Y todo después de que, en una publicación en Facebook, la madre lamentase que a una de las docentes se le haya dado una plaza como interina en un colegio de Mairena del Alcor (Sevilla), lo que ha comunicado mostrando la resolución de la Junta en ese sentido. “He escuchado tantas cosas bonitas que iban a hacer por parte de Delegación, pero mis presentimientos, está claro, nunca fallan. Atas cabos y te encuentras, a un día de empezar el colegio, que una de las tres profesoras, la que le dice a mi hija cosas tan bonitas y en un volumen tan adecuado para una niña con TEA, no solo está de alta sino que vuelve a dar clases el martes en un colegio y de profesora de educación especial”.

Frases en prensa

La madre reproduce en la misma publicación algunas de las frases en prensa de responsables de Educación publicadas en las últimas semanas, como “en el caso de que quisieran retomar su actividad antes de que se resolviera el proceso penal, se pedirán medidas cautelares para que no puedan incorporarse”, o “se trata de profesionales que no queremos en el sistema”.

Javier Jaenes, por su lado, ha dicho que se encuentran “sorprendidos e indignados”, indicando que “la alarma salta porque los padres de un nuevo centro no quieren que esta profesora atienda a los menores”, y cita que “estamos muy sorprendidos de que la Junta no haya tomado medidas cautelares para quitarla de la función docente”.

Sin embargo, la docente no se incorporará al nuevo colegio. Según la Junta, se encuentra de baja -no ha trascendido más-. “La situación de las tres educadoras no ha variado con respecto al final del curso pasado. Al inicio del curso 2019-20, estas tres educadoras estarán de baja”, citan, añadiendo que “respecto a la maestra interina, el sistema SIPRI le ha adjudicado plaza en un centro de destino, derecho que le corresponde mientras se resuelve el proceso judicial. Sin embargo, no se incorporará mañana -por este martes- a su puesto de trabajo”. En síntesis, la Junta señala que la maestra, que es interina, ha reclamado la plaza de sustitución que le corresponde para no perder privilegios en la bolsa de empleo, no para ocuparla.

A la madre le indigna, entre otras cosas, que pudo hacer las oposiciones la pasada primavera a pesar de darse de baja de inmediato cuando se denunciaron los hechos el pasado 22 de abril.

La Junta termina explicando que “el expediente administrativo que abrió la Consejería de Educación y Deporte por falta grave a las tres educadoras está paralizado hasta la conclusión del proceso judicial que sigue su curso en el juzgado. Cuando exista una sentencia firme, Educación tomará las medidas oportunas dentro de la normativa legal”. Esto es que si alguna de las tres docentes denunciadas decide trabajar en un colegio público de nuevo, la Junta no pondrá problema alguno para ello.

Imbroda anunció el expediente

El pasado 12 de junio, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, informaba en conferencia de prensa de la apertura de un expediente grave contra estas docentes, y de que se había designado un instructor en la Consejería “que es el que propone la sanción en función de los diferentes informes y es la Consejería la que dictamina la sanción definitiva”.

Inicialmente, se había abierto expediente a tres de las personas denunciadas, sin que a la directora del centro se la señale en este procedimiento, y sin que esté contemplada una medida cautelar como apartar de la docencia temporalmente a las expedientadas, ya que “la niña está en otro centro y ellas están dadas de baja”.

“No se toman medidas cautelares, pero el expediente ya está iniciado y consideramos que en breve habrá resolución”, dijo Imbroda, que ha entendido que “hay una posibilidad de inhabilitación cuando se incorporen, no se contempla, pero no adelantemos acontecimientos”.

Al final, el expediente se ha cerrado sin tener información los padres de qué se ha investigado en el mismo, y la posibilidad de inhabilitación que sostenía Imbroda se ha diluido.