El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Sevilla ha celebrado este jueves la práctica de la prueba testifical por la impugnación de las votaciones por el cambio de denominación del Colegio de Abogados de Sevilla. Las 18 abogadas que demandaron al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para que se anule el acuerdo que mantiene el nombre frente al de Colegio de la Abogacía de Sevilla reclaman la invalidez de la votación que rechazó la propuesta de renombrar la institución. “El actual nombre no me incluye y me siento discriminada”, han coincidido dos letradas propuestas como testigos por la parte demandante, insistiendo en la “falta de seguridad jurídica” que tuvo lugar ese día en el Colegio de Abogados de Sevilla, que está codemandado en este contencioso.
Los testigos propuestos por la parte demandante (dos letradas ejercientes y un letrado no ejerciente) se han referido a la junta general como “un evento social” más que un acto “serio” de votación. Paula Schmid, miembro del Colegio y profesora de Derecho en la Universidad de Sevilla, ha declarado incluso que “aquel día votaron compañeros colegiados en otras provincias”. Pilar López y José Luis de la Casa, los otros dos testigos de las demandantes, así como también los tres testigos de los demandados, han dejado en evidencia que “no se distinguía entre ejerciente y no ejerciente” cuando, según la normativa, el voto de los no ejercientes vale la mitad, según han precisado.
María Jesús Correa, una de las letradas demandantes y dirección jurídica en este procedimiento, ya impugnó el acto de aquella votación leyendo un escrito que no fue resuelto por la junta de gobierno. El juzgado tendrá que decidir ahora si hubo defecto de forma en las votaciones, si bien el propósito de las demandantes continúa siendo el cambio de nombre efectivo. Es de recordar que la demanda insistía en que “la lógica patriarcal sigue insistiendo en que esto va de vocales, que las mujeres están incluidas sin ser nombradas”. “El lenguaje inclusivo implica no sólo que seamos visibles, ser nombradas, sino también cambiar la posición de los grupos innombrados, esto es, si queremos cambiar lo que piensan otras personas, no puedo usar neutros, ni genéricos, tengo que nombrar con todas las palabras, sólo así se genera conciencia y se crean referentes”.
José Joaquín Gallardo, exdecano y testigo de la parte demandada, ha dicho este jueves en la sala que “la Junta General con más asistencia de la historia del Colegio”, con más de 260 participantes según las actas. Aquella participación, es de recordar, se vio envuelta en la polémica por los whatsapps enviados por el exdecano, hoy testigo, en el que llamaba a los colegiados a “votar que nuestro Colegio se continúe denominando Colegio de ABOGADOS de Sevilla (como desde 1706)”. Gallardo ha reconocido que mandó “entre 100 y 150” mensajes en ese sentido, aunque ha argumentado que no hizo campaña por su preferencia sino “por la participación”.
La demanda reclama, entre otras cosas, el derecho de las abogadas “a no ser discriminadas” e instaba a cambiar la denominación del Colegio “de acuerdo al Estatuto General de la Abogacía española”. La prueba testifical practicada este jueves se encuadra dentro del proceso de las demandantes por reivindicar “un lenguaje inclusivo no sexista y la obligación de no discriminación por razón de sexo”. La lucha se remonta a 2016, cuando María Jesús Correa dirigió una carta para requerir el cambio de denominación en el mismo sentido que ahora, apelando al principio constitucional de igualdad.
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