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Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

Libertad provisional, dos meses después, para los seis encarcelados por un intento de ocupación en Sevilla

Álvaro Martín, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, ha firmado este viernes un auto de libertad provisional para las seis personas que fueron encarceladas de manera preventiva por un intento de ocupación de viviendas en el núero 42 de la calle Macarena. Las seis personas, entre las que se encuentran un joven para quien la propia Universidad había pedido su puesta en libertad para que pudiera seguir con su Grado en Antropología Social, saldrán a las 18 horas de este viernes de la cárcel de Sevilla I.

Los abogados han mostrado su satisfacción este viernes al conocer la nueva resolución, que reforma el auto de prisión, y han coincidido en destacar la “desproporción” de la medida cautelar adoptada por el juez. Cinco de los seis investigados han acudido a los juzgados este viernes para declarar pero se han acogido a su derecho a no hacerlo después de que el fiscal haya informado positivamente respecto a la nueva petición de libertad que habían cursado previamente los letrados, entendiendo que las acusaciones no eran lo suficientemente importante como para que continuara una medida “tan gravosa”.

El juez no se ha opuesto a la nueva solicitud de las defensas y, con el informe favorable del fiscal, los investigados han sido conducidos desde los calabozos hasta la prisión para recoger sus cosas y quedar en libertad. Los padres del estudiante habían pedido al juez que revisara la trayectoria de su hijo y que reconsidera la continuación de una medida que consideraban igualmente “desproporcinadísima”.

Los representantes legales de las personas hasta hoy encarceladas han consignado una cantidad de 500 euros por cada uno de ellos por los posibles daños que pudieran haberse causado durante los hechos y que aún no han sido cuantificados. Un nutrido grupo de personas se ha concentrado esta mañana en los juzgados de Sevilla para mostrar su apoyo a los investigados, a quienes se les acusa conjuntamente de hasta seis delitos (coacciones, daños, desórdenes públicos, lesiones, atentado a la autoridad y, como origen, delitos de usurpación).