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Sevilla activará antes de que termine octubre la limitación de pisos turísticos, que en la práctica supondrá un frenazo a nuevas licencias en casi todo el centro (menos en El Museo y en San Julián) y en la parte antigua de Triana. Para el resto de la ciudad se impone en principio un tope del 10% en cada barrio, un escenario en el que el propio gobierno local del PP admite que todavía pueden abrirse casi 23.000 de estas viviendas vacacionales.
El documento que este miércoles se aprobará en el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo, paso previo a su validación por el pleno municipal, mantiene que Sevilla tiene en la actualidad capacidad para albergar 32.400 pisos turísticos repartidos por todos los barrios. Teniendo en cuenta que en la actualidad hay ya 9.650, esto supone que hay margen para otros 22.750, un 136% más de los existentes.
La cifra a la que llega el informe municipal resulta de aplicar el tope de un 10% máximo de viviendas turísticas en el conjunto del caserío de cada uno de los 108 barrios de la capital. En la actualidad ya hay 11 que se consideran saturados al estar por encima de este porcentaje: Santa Cruz, Arenal, Alfalfa, San Bartolomé, Feria, Encarnación-Regina, Santa Catalina, San Lorenzo, San Gil y San Vicente, todos en el centro, y el casco antiguo de Triana.
Teniendo en cuenta la moratoria de facto que implica la nueva norma, el estudio determina cuáles van a ser las zonas en las que se va a producir una mayor expansión, porque de hecho ya están creciendo en ellos los pisos turísticos por encima de la media, en concreto San Julián, El Museo y San Bernardo. El distrito San Pablo-Santa Justa es el que tiene mayor margen para la apertura de nuevas viviendas sobre el papel, otra cosa es que en la práctica queden muy alejados del casco histórico ya que se admiten 946 en Parque Alcosa-Jardines del Edén o 761 en Torreblanca.
Con la base de este estudio, el Ayuntamiento hispalense va a fijar una limitación que llega tarde, primero porque el marco legal andaluz no se aprobó hasta febrero y segundo porque hasta ahora no ha habido un acuerdo político municipal que permitiese esta regulación al tumbar la oposición en bloque (PSOE, Vox y Podemos-IU) la propuesta del gobierno local del PP. Así ocurrió en el pleno de junio, y desde entonces han pasado tres meses y medio casi coincidentes con el verano en los que han conseguido licencia 360 nuevos pisos turísticos. Esto implica que, de media, se han abierto más de tres al día.
Muchos de ellos, además, no habrían obtenido el permiso porque se ubican en zonas consideradas saturadas. En total, 257 de estos 360 (el 72%) han empezado a operar en el centro (204) y en Triana (53). Es decir, casi tres de cada cuatro.
El PP aprovecha esta cifra para incidir en que esto no hubiera ocurrido si la oposición no le hubiese bloqueado la norma en junio, algo que ahora será posible gracias al cambio de postura de Vox. PSOE y Podemos-IU, por su parte, mantienen que la nueva regulación es demasiado blanda y nace viciada por dos pecados originales: reclaman una moratoria (que en su momento también pedía Vox) mientras se endurece el texto y critican que el 10% de tope es una cifra demasiado elevada, ya que propicia la especulación inmobiliaria, el éxodo de personas que no pueden pagar los alquileres y tensiones vecinales con los turistas.
De hecho, el propio documento de Urbanismo justifica la necesidad de aprobar una regulación “por razón imperiosa de interés general”. Y desgrana varios de los problemas que está generando la sobreabundancia de pisos turísticos, como falta de viviendas, despoblación, incremento de precios, pérdida de la identidad de los barrios o afección al entorno. Los partidos de izquierda, por su parte, están convencidos de que la norma propiciará un crecimiento de este fenómeno en forma de mancha de aceite, invadiendo barrios pegados al casco histórico como la Macarena, Nervión, San Pablo o Los Remedios.
La aprobación será posible gracias al pacto entre PP y Vox, el primero de gran calibre que alcanzan ambas formaciones en los 16 meses que lleva José Luis Sanz como alcalde. Los populares sacan adelante su limitación tal y como la tenían diseñada, pero una vez en vigor han adquirido dos compromisos con los de Santiago Abascal, el primero de los cuales es revisar si hay que endurecer la norma y bajar el tope del 10% de pisos turísticos en algunos barrios. Para ello se valorarán cuestiones como las zonas de alto esfuerzo familiar para adquirir una vivienda, las acústicamente saturadas y las de carácter patrimonial.
El segundo requisito no está en realidad en manos del gobierno local, que meramente lo que ha hecho es comprometerse a solicitar a la Junta de Andalucía “de manera formal y pública, obteniendo un compromiso real”, a que modifique el decreto que regula el sector para darle mayor margen de maniobra a los ayuntamientos en función de las peculiaridades de cada municipio. Esto, se reconoce, obligaría a un desarrollo normativo con trámite en el Parlamento andaluz y exposición pública, lo que sobre el papel se antoja bastante complicado.
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