Agua para rescatar las cosechas y no condenarlas al fracaso en el peor año hídrico desde el 95. Esa es el duro y difícil dilema entre las dos Comunidades de Regantes del Bajo Guadalquivir y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La petición popular ha llegado este martes a la sede de la gestora para pedir en dos reuniones hechas con los representantes de las cooperativas y con los alcaldes de los municipios la dotación de agua de riego por debajo de los 10 hectómetros cúbicos. Una cantidad “ínfima”, según los demandantes, para procurar salvar las cosechas de algodón y tomate de las que viven más de 700 familias en el término de Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Marismillas y Los Palacios, en la provincia de Sevilla. Sin embargo, la negativa de la gestora pone en jaque los últimos riegos que necesitan para sacar adelante el trabajo de todo un año ante un verano caluroso.
“Estamos en una zona de cultivo totalmente diferente a toda la cuenca, ya que son tierras salinas dedicadas mayoritariamente a la siembra de algodón”, explica Ramón García, secretario provincial de COAG Andalucía (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos). “Somos conscientes de que ha sido un año difícil, pero nuestra necesidad es mínima: estos 10 hm3 servirán para completar los tres riegos de algodón y rentabilizar lo mínimo, que serían unos 1.500 kilos por hectárea. Si no llega el agua, estamos abocados a tener un año en menos cero”.
La Confederación defiende su postura argumentando el principio de unidad de cuenca, por la cual todo el espacio hidrográfico se gestiona de forma conjunta, y la obligación de dejar unos márgenes de seguridad en los embalses. En palabras de su director, Joaquín Páez, recuerda que en junio se incrementó la cesión de agua por haber más precipitaciones hasta los tres mil metros cúbicos por hectárea. “Desde el primer día del actual año hidrológico de la campaña de regadío, el 1 de octubre de 2020, hemos estado diciéndolo por activa y por pasiva que, si no aumentaban las precipitaciones, la situación iba a ser muy complicada, y lo está siendo. Al acabar el verano estaremos en emergencia, por lo que en septiembre u octubre articularemos el 'decreto de sequía' para asegurar el abastecimiento humano con 400 hm3 y otros 100 hm3 para los cultivos leñosos, así que partiremos para la próxima campaña con 500 hm3 menos”, afirma el director. “Lo que nos piden se traduce en que las demás provincias (de toda la cuenca) tienen derecho a que se suba proporcionalmente el gasto de agua en un total de 140 hm3. No lo podemos aguantar”.
No obstante, los manifestantes aluden a que esta crisis hídrica ya se dio tanto en 2016 como en 2006, por lo que no entienden el empecinamiento de la institución, a la que tildan de “muy conservadora” cuando debería de primar “la solidaridad”. “Con estos 10 hm3 no se pone en riesgo a la cuenca, debido a que los márgenes aún no se han sobrepasado, y debemos llevar esa agua a donde más la necesiten”, señala Ramón García. “Cierto es que si se diera esta cantidad a todas las comunidades de regantes, sí habría un problema, pero solo lo pedimos para completar el ciclo del algodón en estas 15.000 hectáreas que supondrían un gasto mínimo. Si no, el trabajo hecho no servirá de nada”.
“A día de hoy se desembalsa una media diaria de 5 ó 6 hm3, por lo que pedimos el agua de un día. Así que, si vamos a entrar en una emergencia de sequía sí o sí, como dicen, lo único que va a ocurrir es que entraremos un día antes, pero salvando el sustento de tanta gente”, resalta el representante de COAG.
La cuenca del Guadalquivir atraviesa una delicada situación, según los informes que se publicaron en la Comisión de Desembalse 2021. Joaquín Páez lo confirma como “el peor año en cuanto a volumen de agua embalsado desde el 95”. La Confederación Hidrográfica notificó en marzo un 54% menos de aportaciones con respecto a la media histórica, una disminución de las precipitaciones en un 15% y que los recursos embalsados fueron de un 32% menos que los almacenados de media en los últimos 25 años. Por ello, y ante la previsión de la falta de recursos, la Junta aprobó a principios de junio el “decreto de sequía” para asegurar el abastecimiento.
El director de la Confederación habla de la planificación que habría de haberse llevado desde octubre del anterior período cuando advirtieron a las comunidades de regantes: “Los técnicos trasladaron que la cuestión era bien disminuir el número de hectáreas que iban a sembrar o la alternativa de más agua y menos plantación; y les dijeron que tenían que reducir su consumo porque no iba a haber agua para la finalización de los cultivos. Ante esa sugerencia, alegaron que lo imprescindible en aquella época era el nacimiento de las plantas para obtener un beneficio en las ayudas europeas; pero esa elección que hicieron podía quedar comprometida, como hemos visto”.
No solo se trata del algodón, dicen los agricultores. El pimiento, el tomate, la remolacha, la calabaza… Diego Bellido, secretario local de COAG en Lebrija, teme por los acuerdos alcanzados entre proveedores y empresas agroalimentarias que no puedan cumplirse. “Hemos hecho los deberes y hemos dejado el 50% de la tierra en baldío como exigió la Confederación, pero no responden”, reclama. “Ahora que hablamos de la España vacía tenemos que apostar por estas familias, ya que un mal año como este puede suponer la ruina y pérdida total de muchas explotaciones”. A su vez, rechaza el punto en el que la Confederación estima ser precavida con respecto a la campaña del próximo 2022: “Si damos por perdido el año que viene, no sembramos, pero por lo menos queremos terminar esta campaña en la medida de lo posible”.
Otro agravante en el complejo debate es la inversión que se ha hecho en los sistemas de riego en toda la planicie para obtener una mayor rentabilidad. “Tenemos las instalaciones más modernas de Europa y, ahora, no se nos quiere dar ese aliento que necesitamos para pasar este año cuando lo que necesitamos son 300 metros cúbicos, ¡es un cubo de agua en la cuenca para solucionar este problema!”, sentencia Juan Sánchez, presidente de la Cooperativa Las Marismas de Lebrija. La inversión, cuya hipoteca no ha terminado, se estima en unos 2.000 euros por parcela. Por otro lado, peligran los clientes, “las exportaciones, con valor de 90 millones de euros en nuestra cooperativa, están en riesgo y supone también perder a estos compradores”. La indignación llega cuando Sánchez exclama: “El presidente de la Confederación se ha atrevido a decir que nos hemos equivocado al poner la industria ahí, ¿y dónde la íbamos a poner, en Cataluña?”.
Sin una solución a la vista, los trabajadores se cuestionan su futuro. Para Eva María Sánchez, madre de Daniela y Marcos, y su suegra Remedios Herrera ha sido una especie de excursión familiar con un sabor agridulce. Representan a las cuatro generaciones de agricultores que han mantenido sus parcelas en Lebrija, aunque dudan de la viabilidad de sus cosechas. “Estamos muriendo de sed. Necesitamos agua para el algodón, el tomate y la calabaza. Toda la familia depende de esto, ya que no tenemos otro trabajo por fuera”, indica Eva María señalando a sus hijos: “somos agricultores y vivimos del campo, tanto los mayores como nosotros y los que vienen detrás”.
Es un sentimiento común en una zona cuya principal fuente económica es la labranza. En condiciones similares está Francisco Quero, que con sus compañeras de trabajo ha contemplado durante los últimos días cómo perecen sus hortalizas debido a la ola de calor que ha asolado a Andalucía. “Tenemos más del 90% de los gastos hechos y dicen que ese agua se la quieren guardar para el año que viene, pero así no podremos sacar esta campaña”. Una reflexión que comparte María José Guerrero, técnica agrícola desde hace más de una década: “Si dan agua, tienen que hacerlo ya para que el tomate y los algodones terminen su ciclo. Agosto no nos sirve. Y no solo son las familias sino la gente que vive de los fertilizantes, el abono, el bar de la esquina al que vamos a desayunar… ¿Cómo le vamos a hacer frente al año si no tenemos ganancias?”.
Ante la negativa de la Confederación, tanto las cooperativas como COAG Andalucía solicitaron la presencia de los alcaldes para apoyar la negociación. La respuesta a la petición formal de 11 hm3 en un espacio de 30.000 hectáreas fue, otra vez, un “no”. José Benito Barroso (PSOE), alcalde de Lebrija; José Caballero (PSOE), edil de Las Cabezas; Juan Manuel Valle (IP-IU), representante de Los Palacios y Castor Mejías (IU), de Marismillas, muestran su preocupación y sostienen que “iremos todos a una y mantendremos nuestro compromiso tanto entre los distritos de la comarca como con el sector”.
A la vista de los hechos, las asociaciones plantean acciones conjuntas para manifestarse y movilizar a la ciudadanía en las siguientes semanas. Mientras, los alcaldes municipales señalan que, en consonancia, el próximo paso será acudir a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía: “La Consejería debe mediar en cuanto a su responsabilidad en el sector agrario. No podemos dejar a cientos de familias sin comer”.
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