El camino hasta el 15 congreso del PP de Sevilla, fijado para el 27 de marzo, se ha convertido en un campo de batalla en el que se combate de forma feroz y con todas las armas disponibles. Si este viernes era el día elegido por la actual presidenta, Virginia Pérez, para hacer una demostración de fuerza presentando más de 3.000 avales (en 2017 reunió 1.809, aunque sólo se consideraron válidos 1.622), horas después miembros de la actual junta directiva provincial del partido pero alineados con el otro candidato, Juan Ávila, presentaban un recurso para exigir la anulación del congreso por un cúmulo de irregularidades, al tiempo que desde esta candidatura se acusaba directamente a Pérez de mentir y haber engañado a la militancia.
Mientras desde la dirección actual se transmite un mensaje de “absoluta tranquilidad” porque se han respetado todos los procedimientos, los demandantes lo que buscan con este recurso es que acaben imponiéndose las tesis de la ejecutiva regional del PP, que pidió expresamente el aplazamiento del congreso en Sevilla, algo que desobedeció Virginia Pérez con el aval de la dirección nacional del partido. Este movimiento se consideró una traición por el PP andaluz, que impulsó sobre la marcha la candidatura de Juan Ávila, alcalde de Carmona, para intentar desbancar a la actual presidenta, una pirámide de tensión que tendría su cúspide en un choque directo entre Pablo Casado y Juanma Moreno Bonilla por el control de las direcciones provinciales andaluzas.
Los órganos que decidirán
La petición de impugnación del proceso se ha presentado ante el Comité Organizador del Congreso (que es el que debe resolver en primera instancia) y ante el Comité de Derechos y Garantías del PP andaluz, con copia al mismo órgano nacional, que son la segunda y tercera instancia de apelación. El objetivo es anular tanto la junta directiva en la que se aprobó fijar la fecha del 27 de marzo como el propio acuerdo de convocatoria del congreso.
En el recurso, y tras una introducción en la que defienden que está en juego el principio de que el PP “debe ser ejemplar en democracia interna”, se reclama la nulidad de la convocatoria para celebrar la junta directiva en la que se aprobó convocar el congreso, ya que se hizo vía WhatsApp. A esto se uniría el incumplimiento de la normativa de celebración de actos de forma telemática: se cuestiona que se usara para ello la plataforma Zoom y también cómo se desarrolló la votación, ya que para proceder a la misma se usó la fórmula “salvar el voto”, que según los denunciantes “es propia de de las reuniones de comunidad de propietarios, al estar solo prevista en la Ley de Propiedad Horizontal”.
Información errónea o inexacta
Asimismo, se critica que no hubo debate previo antes de votar la convocatoria del congreso (lo que se decidió por abrumadora mayoría) y que se trasladó a la junta directiva que así lo decidió “una información errónea, o al menos inexacta”, al asegurarse que esta medida “contaba con el acuerdo y conocimiento de la dirección nacional y regional del partido”, cuando esta última lo que quería era justo lo contrario, retrasar el proceso. Esto, según los denunciantes, provocó en muchos “un sentido del voto que no hubieran dado de haber tenido una información veraz”.
También se defiende que, ante los problemas de conexión que hubo durante la reunión por Zoom, “no queda claro que se haya cumplido el requisito de quórum” de que dos tercios de los componentes de la junta directiva respalden la convocatoria. Y, por último, los demandantes consideran que es la junta directiva la que tiene que decidir si el congreso se celebra de manera presencial o telemática, y no el comité organizador, que por cierto todavía no ha tomado una decisión al respecto.
Desde la candidatura de la actual presidenta no se quiso entrar directamente en el cuerpo a cuerpo, limitándose a transmitir su “absoluta tranquilidad” e insistiendo en que el congreso se ha convocado “cumpliendo escrupulosamente” con los estatutos del partido, el reglamento marco nacional de congresos del PP y el del partido en Sevilla. Asimismo, se subraya que también se ha respetado el reglamento de funcionamiento de órganos colegiados del PP para su celebración de forma telemática o mixta, aprobado por la dirección nacional para salvar la situación excepcional por la pandemia.
Los apoyos de Virginia Pérez
Este recurso reclamando la impugnación se presentaba poco después de que la actual presidenta provincial, Virginia Pérez, presentara más de 3.000 avales sin esperar siquiera a que expire este domingo el plazo para ello. La candidata se felicitó por contar con el “importante respaldo de las estructuras del partido y de más del 80% de los portavoces y presidentes locales”, y “es una satisfacción aún mayor” contar con estos apoyos cuando en el anterior congreso, en 2017, ambas candidaturas (la suya propia y la de Juan Bueno) sumaran en total 4.100 avales. Por ello, da por hecho que este apoyo “representa a la gran mayoría de la militancia sevillana”.
Su rival, Juan Ávila, esperará hasta el domingo para presentar sus avales (se exigen 90 en total), aunque ya ha exhibido el respaldo de los alcaldes de Mairena del Alcor, La Roda de Andalucía, Pilas, Lora del Río, Herrera y Villanueva del Ariscal, seis de las once alcaldías (incluyendo la de Carmona) que tiene el PP en la provincia de Sevilla. Ávila arrancaba la jornada pidiendo, vía Twitter, que no se exija el pago de cuotas para participar en el congreso (tal y como marcan los estatutos) en atención a “tanta gente afectada económicamente en este año de pandemia”. “Que el dinero no frene la participación y la democracia”, apostillaba.
Un tono muy distinto
Pero el tono cambiaba radicalmente en el comunicado que se mandaba desde su candidatura respaldando el intento de anulación del proceso y en el que se incluían acusaciones que, por cierto, no las realizaba el propio candidato en primera persona, sino que se hacían desde “la candidatura de Juan Ávila”. Así, se le reprocha a Virginia Pérez que empezó la recogida de avales antes de la convocatoria del congreso, que se ha “operado” sobre el listado de posibles electores y que “la mayoría se han recogido bajo la falsa afirmación de que sólo había una candidatura”, por lo que el congreso corre el riesgo de convertirse “en un gran fraude”.
Con todos estos ingredientes, la cita congresual de los populares sevillanos ha degenerado en una batalla campal a la que los dos contendientes acuden con fiereza y con el cuchillo entre los dientes. Al final habrá un vencedor, pero las heridas pueden tardar mucho en cicatrizar.