Uno de los principios que postula el reglamento del pleno del Ayuntamiento de Sevilla es que las cuestiones que se aborden deben ser “temas que afecten en general a la ciudad”. Eso lo saben todos los grupos municipales, como también saben cómo sortear la cuestión para colar lo que haga falta y convertir de esta manera una sesión plenaria en un Parlamento andaluz o un Congreso de los Diputados en miniatura. Así que es una constante que aterricen asuntos nacionales e incluso internacionales, y el penúltimo ejemplo es el de la presunta amnistía que Pedro Sánchez negocia con los nacionalistas catalanes: se le da un barniz sevillano y para adelante.
El PP está llevando este tema a todos los plenos municipales para así replicar en el ámbito local este choque nacional, pero en Sevilla con una versión tuneada para pasar el filtro de su aceptación. El objetivo no se esconde, y no es otro que incomodar al PSOE y obligarle a posicionarse sobre una cuestión que genera tanta controversia. Pero si en otras localidades los populares están registrando mociones que directamente presentan “contra la tramitación de una ley de amnistía”, en la capital hispalense se han suavizado algo las formas y se anuncia como una medida “en defensa de la igualdad de todos los españoles”. Cambia el collar, pero es el mismo perro.
¿Y cómo se sevillaniza la cuestión? Pues tampoco requiere de un derroche de imaginación, sólo salpimentar algunos párrafos en los que se aporta una supuesta visión local. ¿Un ejemplo? Como la igualdad entre españoles la ampara la Constitución, pues se recuerda que “Sevilla fue la tercera capital española en la que más apoyos obtuvo el plebiscito nacional”. “Los sevillanos entendimos entonces, y lo seguimos haciendo más de 40 años después, que la igualdad entre los españoles era y es un principio irrenunciable”, subraya la moción que este jueves se lleva al pleno del Ayuntamiento de Sevilla, que también señala que “un sevillano no puede ser más, pero tampoco menos que ningún otro ciudadano de España”.
Más ejemplos: hablamos de igualdad entre territorios, pero resulta que “en los últimos dos mandatos, el Gobierno central socialista ha difuminado de manera flagrante este principio constitucional” perjudicando a Sevilla con menos policías nacionales, menos inversiones y con un modelo de financiación autonómico que, al fin y al cabo, también afecta a la ciudad. En paralelo, “otras regiones como Cataluña y el País Vasco avanzan gracias a las inversiones que el Estado dedica a sus capitales”.
Todo esto dará lugar a un debate inocuo para la ciudad, un rifirrafe dialéctico en el que ambas partes irán con un guion prefijado. Si PP ha dejado plasmada su postura negro sobre blanco en su moción, que es un eco que llega hasta aquí de sus postulados nacionales, el PSOE no se saldrá del argumentario de que, sea lo que sea, lo que se haga será dentro del marco constitucional. De paso, se aprovechará para soltar que el que acaba de fracasar en su investidura es Alberto Núñez Feijóo sin que nadie se haya enterado de cuál era su plan para Cataluña.
El texto de los populares sevillanos incide en que todo el marco de convivencia constitucional “se ve amenazado hoy por proyectos que buscan romper la igualdad y solidaridad entre los españoles”. “Hoy, en España, la igualdad está más amenazada que nunca”, lo que implica que estamos “ante un nuevo desafío histórico en el que una minoría populista y radical pretende imponer la ruptura de la igualdad entre los españoles”, así que “una vez más los sevillanos debemos dar lo mejor de nosotros mismos” como ya se hizo en aquel referéndum constitucional de 1978.
Para ello, la moción propone rechazar “cualquier proyecto que trate de romper la igualdad o de reconocer privilegios a ciudadanos o territorios en cualquier parte de España”, a lo que se suma forjar una alianza entre los grandes partidos (básicamente PP y PSOE) para dar solución a los problemas patrios evitando injerencias de formaciones independentistas. La propuesta tiene garantizada su aprobación, ya que PP y Vox suman mayoría absoluta en el pleno.
El texto, por cierto, propone seis acuerdos, el primero de los cuales insta de manera solemne a reconocer que “España es una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones”. Será la nota trascendental en un pleno en el que se hablará de la subida del precio del agua, de los cortes de luz en barrios obreros, de instalar ascensores en las viviendas de la barriada de la Huerta del Carmen o de qué pasa con los árboles de la calle Adriano. Un viaje vertiginoso de la macro a la micropolítica en cuestión de minutos, y todo sin salir del salón de plenos.
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