Mareas Blancas de Sevilla llevan al SAS la “indignación” de 20.000 personas por el “grave deterioro” de la atención sanitaria
Menos de un mes después de llenar las calles denunciando que la sanidad pública “se ha convertido en un negocio” bajo el Gobierno de Moreno, las Mareas Blancas tienen previsto entregar este jueves en la sede de la gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Avenida de la Constitución unas 20.000 firmas ciudadanas “que desean mostrar su indignación y malestar por la situación del grave deterioro de la atención sanitaria en sus pueblos”.
El gesto procede de las Mareas Blancas de varias localidades de Sevilla, que harán entrega de una serie de lotes de firmas en una iniciativa promovida por la Marea Blanca de Los Palacios, a la que se han sumado, entre otros municipios, Camas, Carmona, Sanlúcar la Mayor y otras localidades del Aljarafe.
Nuria Roig, sanitaria jubilada y portavoz de la Marea Blanca del Área de Osuna, hizo hincapié recientemente en el estado de la situación de la sanidad pública en el medio rural. “Muchos pueblos la mitad de la plantilla médica y ningún pediatra”, ha resumido, y que “no hay médico asignado” en otros centros. “Las agendas están cerradas y hay que ir repetidamente al centro de salud donde, de vez en cuando, se consigue cita”, señala de los testimonios que ha recogido.
La portavoz recordó por ejemplo el cierre de la unidad de salud mental de Osuna. “No es un caso aislado. Se están anulando citas sin alternativa” porque en el medio rural ha visto “reducida drásticamente la asistencia sanitaria, obligando a largas esperas y largos desplazamientos al tratarse de grandes distancias entre los pueblos”, algo que hace “estragos en la población” pese a que “tiene los mismos derechos porque también pagamos nuestros impuestos”.
Incursiones judiciales
Las Mareas Blancas, a nivel regional, vienen cargando contra la Junta por la “saturación asistencial” en la atención primaria en general, y en el medio rural en particular, y por la “reconversión sanitaria” que parece querer plantear la administración, a su juicio, para “beneficiar a la privada”, acusando directamente al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, de alentar “una sanidad para ricos” al “no querer solucionar el colapso en la pública”.
En ese sentido es de recordar que, como ya informó este periódico, las seis grandes firmas beneficiarias de los conciertos del SAS de este año –Grupo Quirón, HLA (Asisa), Viamed, Vithas, Cruz Roja y Orden Hospitalaria de San Juan de Dios– se han aliado en diversas provincias andaluzas para conformar UTE (Uniones Temporales de Empresas), que se han repartido el 80% del mercado, ocho de cada diez pacientes derivados de la pública a la privada para menguar las abultadas listas de espera en Andalucía.
Hay una gran coincidencia entre las empresas que se beneficiaron de los contratos de emergencia a dedo que firmó el SAS entre 2021 y 2023, que investiga el juzgado de Sevilla. En el camino se han quedado un buen puñado de pequeñas y medianas empresas que, a raíz de la publicación del lunes en este periódico, han empezado a denunciar que el proceso de contratación de este 2024 no difería mucho del que ha motivado la imputación de los tres últimos gerentes del SAS.
La coordinadora andaluza, también desde el punto de vista judicial, recibió recientemente una mala noticia al no haber prosperado sus denuncias por el colapso de las listas de espera sanitaria. En Sevilla, de hecho, la Fiscalía Provincial tumbó en primera instancia el escrito de Marea Blanca.
La defensa de la sanidad pública por parte de Coordinadora de Mareas Blancas, aparte de las movilizaciones del domingo 17 de noviembre, también pasa por la tramitación en el Parlamento de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que apuesta por “una sanidad 100% pública” en Andalucía, presentando 40.000 firmas de apoyo.
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