Marinaleda desafía al Gobierno andaluz para evitar la venta de una finca ocupada, expropiada y cultivada durante 30 años

1.200 hectáreas de olivos, alcachofas, habas y brócoli pueden tener el valor simbólico de una utopía y, a la vez, tanto peso en kilos como para sostener materialmente un pueblo. En un despacho presidido por las banderas de Marinaleda (con su emblema “una utopía hacia la paz”), la andaluza y la republicana española, bajo la mirada del Che Guevara y ante una mesa dominada por unos puños encadenados, el alcalde de Marinaleda dice: “Si no fuera por El Humoso, porque damos viviendas por 15 euros al mes, guardería por 12 euros… Si no fuera por todo eso, hace tiempo que esto sería un pueblo fantasma”.

Por primera vez en democracia, el alcalde de Marinaleda (Sevilla, 2.577 habitantes) ya no es el histórico líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo, sino Sergio Gómez Reyes (Con Andalucía: IU + Podemos), maestro de profesión, sindicalista como su mentor y candidato vencedor en las elecciones de 2023. El 28 de mayo su candidatura obtuvo seis concejales, por cinco de la Agrupación Municipalista Avanza Marinaleda. Vox, PP y PSOE sumaron 18 votos y cero ediles.

Gómez, que sigue la senda de su antecesor, se ha encontrado con un problema al que da categoría existencial: El Humoso (o Los Humosos), la histórica finca muchas veces ocupada y finalmente expropiada al Duque del Infantado, pende de un hilo tal y como es hoy. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de descartar que las ocho cooperativas que la explotan desde los 90 se queden con ella, y el ayuntamiento asegura que no puede comprarla al precio que pone la Junta de Andalucía, que es su propietaria. Pero es que, además, en Marinaleda no quieren comprar.

“El objetivo nunca ha sido la propiedad. Aquí los beneficios van a la inversión para dar más trabajo, y no se llevan a Suiza. El Humoso es el pan de Marinaleda. Si algo une a este pueblo es El Humoso”, insiste el alcalde, que estos días pretende reunirse con la consejera de Agricultura para plantearle alternativas que garanticen que la tierra siga en manos de los trabajadores.

La Junta de Andalucía se limita a explicar que los servicios técnicos están “valorando” la sentencia para dar cumplimiento. Si no hay acuerdo, los cooperativistas recurrirán ante el Tribunal Supremo para ganar tiempo frente a la orden de desalojo suspendida desde 2021.

En paralelo, Adelante Andalucía ha registrado ante el Parlamento andaluz una moción “en defensa del modelo cooperativo de Marinaleda”. Pide al Gobierno andaluz que garantice “la propiedad pública, la gestión cooperativa y la planificación comunal” de Los Humosos, que explotan las cooperativas marinaleñas aunque se sitúe en el término municipal de Écija.

Los jornales de Los Humosos

A las puertas de la planta envasadora, Juan Prieto da cuenta de la producción: la sequía está poniendo las cosas muy difíciles. Las alcachofas, que dan trabajo de octubre a mayo, se venden por anticipado y se destinan a Navarra ya en botes, lo que evita intermediarios y retiene el valor añadido en Marinaleda, pero este año se recogerán menos de la mitad que habitualmente. Y el brócoli y el pimiento hace ya tiempo que no se cultivan. De los 40.000 jornales que El Humoso puede dar en un buen año, la sequía ha dado un tajo a la mitad.

Prieto echa cuentas para resaltar que, si hay agua, Los Humosos funciona: cien personas trabajando a diario en los dos meses del verdeo y el molino de aceite; 40 o 50 con las alcachofas… “Cuando empiezan las habas, todo el mundo que quiere se viene. Y si se junta la alcachofa con el olivar, también”. Esos cultivos dan beneficios con los que ahora se repara el tejado del molino y el año pasado se compró una caldera de pellet. También compensan pérdidas: “Nadie siembra cultivos que pierdan, pero nosotros sí, porque dan trabajo”.  

“Este cortijo es para los jornaleros en paro de Marinaleda”, se lee en la fachada que da paso a Los Humosos. Los jornales son la vara de medir. Las ocho cooperativas agrupan hoy a entre 50 y 60 cooperativistas, 35 de los cuales trabajan la finca junto a una decena de empleados fijos. El resto son eventuales, jornaleros de temporada que salen de listas de Whatsapp con unas 400 personas que rotan, según Prieto. El pueblo tiene en torno a 1.600 personas en edad de trabajar y un paro registrado del 8,20%, de las tasas más bajas de Sevilla.

Cuando la cosecha es buena, hay labor para todo el que quiere, asegura el cooperativista; si no, se asigna por rotación en asambleas con la intermediación del municipio. Un sistema que abona periódicamente las sospechas de clientelismo. El alcalde las niega. “En las cooperativas hay gente que no son votantes nuestros. Aquí el que quiere trabajar, trabaja”.

El reparto de jornales, el acceso a vivienda barata y las facilidades para conciliar mantienen con vida a Marinaleda, según Gómez. Desde 1981 ha ganado 355 habitantes, aunque hace años que el crecimiento se estancó y en los últimos diez ha perdido casi 200, según las cifras del INE. “Si se acabara la gente se moriría de hambre, porque no podrían ni echar el desempleo. Aquí no hay nada, y cada día hay menos”, lamenta Prieto.

Más allá de Los Humosos no hay mucho. Hace dos años que se marchó Agroalimentaria Los Lugares, tras años de enfrentamientos con Sánchez Gordillo. Los pocos bares ofrecen la triste estampa de la persiana bajada. Marinaleda, en tierra de jornaleros y bandoleros, dista casi hora y media tanto de Sevilla como de Málaga. No existe ni un hotel, pero sí hay un taxi. “Taxi Pedrito pa’ viajar agustito!”, se anuncia en una cochera de la calle Alcalde Vicente Cejas.

Expropiada en 1991

Aquí la agricultura es supervivencia. Por eso, la historia reciente de El Humoso hunde sus raíces en las primeras luchas jornaleras de la democracia y la victoria de la CUT (Colectivo de Unidad de los Trabajadores) en 1979; en las ocupaciones de sedes oficiales en Sevilla; en las huelgas de hambre de medio pueblo por el empleo (en 1980) y por el agua (en 1982); en las marchas desde Marinaleda al pantano de la Cordobilla y a la finca del Duque del Infantado para pedir tierra y labor.

En 1991 la Junta de Andalucía expropió el terreno, que entregó a los jornaleros de Sánchez Gordillo bajo un artificio: debían constituirse un puñado de cooperativas (formalmente ocho, aunque funcionen como una), a las que se cedería la tierra a cambio de un canon. Debían tener un mínimo de cooperativistas, y ahí radica ahora el problema: sendos decretos de 2015 y 2021 obligan a la Junta de Andalucía a vender las antiguas tierras del Instituto Andaluz de Reforma Agraria y los cooperativistas que quedan son insuficientes para quedárselas, según acaba de concluir el TSJA. Ampliar la nómina hasta el centenar haría inviable no sólo el reparto del trabajo en el pueblo, sino el mismo proyecto, aseguran las cooperativas.

El problema no es nuevo. Los cooperativistas y la Junta de Andalucía nunca concretaron las negociaciones abiertas en la década pasada para el traspaso del Humoso, cuando la Junta llegó a plantear un precio superreducido de seis millones de euros, aplicando un descuento de un 65%. “A 30 años, lo hubiésemos averiguado”, lamenta Prieto, un cooperativista jubilado que ahora hace las veces de relaciones públicas de las cooperativas. Ahora ya es tarde.

“Llevamos treinta años allí y tienen que contar con nosotros”, exige el hombre, que calcula que en este tiempo se habrán generado un millón de jornales e invertido 10 millones de euros: los últimos 300.000, en una nueva calibradora para las habas. “Si nos echan, alguien tendrá que pagarnos esas inversiones”, advierte.

Temor a los fondos de inversión

El ayuntamiento ha tomado las riendas de la negociación y pide a la Junta que modifique la norma para ceder las tierras al ayuntamiento o mantenerlas en régimen de concesión. El alcalde, que maneja un presupuesto anual de 3,9 millones de euros, subraya que el derecho de adquisición preferente que ahora tienen es papel mojado si El Humoso se pone en el escaparate con un valor de mercado de 30 millones. Menos aún, en un contexto de apetito voraz de los fondos de inversión por las tierras de labor.

Sobre la mesa está también el pago de los 170.000 euros anuales, que no se abonan desde que la Junta instó al desalojo: una situación similar a la que se produjo en los orígenes de El Humoso.

“Si la Junta tiene interés de verdad en fijar población que trabaje en el territorio, aquí tiene la oportunidad”, dice Gómez, que vaticina que un fondo establecería un modelo de producción intensiva que acabaría con la relación de los marinaleños con El Humoso y con el trabajo que proporciona. “Este es el proyecto de un pueblo y no vamos a consentir que nos echen”, advierte Prieto: “No queremos la propiedad, queremos el uso de la tierra, para siempre. Lo que queremos es que nos dejen trabajar”.