Un autobús con padres, madres, profesores y representantes del gobierno local del Ayuntamiento de Marchena ha recorrido esta mañana los 59 km que separan el CEIP Ángeles Cuesta de la Delegación Territorial de Educación en Sevilla. Su objetivo, intentar frenar un desenlace que se antoja inapelable: el cierre de una de sus aulas de infantil.
A lo largo de sus 40 años de trayectoria, el centro educativo con más demanda de la localidad marchenera ha contado con dos líneas de 3 años. Sin embargo, a partir del curso que viene, solo dispondrá de una unidad de 25 alumnos en este nivel. “Hemos recibido 37 solicitudes”, cuenta Pepa Sánchez, quien ha sido presidenta del AMPA en este colegio durante los últimos 4 años, lo que significa que “12 familias se quedan fuera del centro”. “Si mantuviéramos las dos líneas, cada una se quedaría con 18 niños y en años anteriores ha habido aulas con 14, por eso creemos que no nos la deberían quitar”, se queja Pepa.
La realidad que denuncia el Ángeles Cuesta también se sufre en otros dos centros de otras localidades, pero en la misma situación: el CEIP San Juan Bautista, en las Cabezas de San Juan, y el CEIP Aníbal González de la capital. Es, en realidad, una “constante”, aseguran, en los colegios de las ocho provincias andaluzas, según explica Carmen Yuste, portavoz de Ustea Educación. “Restando las unidades creadas a las suprimidas, nos salen 1.181 clases públicas menos en Andalucía en lo que va de legislatura”, explica Yuste apelando a las cifras oficiales publicadas en el BOJA.
“Desmantelamiento” de la educación pública versus “reubicación”
A las puertas de la Delegación, Teresa Pablo, portavoz de Escuelas de Calor, se refiere a la reivindicación que respalda su plataforma como “un episodio más del desmantelamiento de la educación pública”. El mismo término que ha empleado la Secretaria General del PSOE de Marchena y alcaldesa de la localidad, María del Mar Romero Aguilar, en un mensaje que ha lanzado al CEIP Ángeles Cuesta como muestra de apoyo. “La Consejería de Educación agarrándose a un hecho demográfico como es la bajada de la natalidad - explica Teresa Pablo - está suprimiendo líneas en centros que tienen demanda”.
Un total de 45 solicitudes ha obtenido el CEIP Juan Bautista tras el proceso de matriculación. “La pena es que 20 se quedan fuera”, lamenta Amparo Cala, vicepresidenta de la asociación de madres y padres de este centro. Por su parte, el colegio “históricamente con más solicitudes de la zona”, el CEIP Aníbal González, ha recibido 39. Y, aun así, según Mari Carmen Trillo, la tesorera del AMPA de este colegio sevillano, el curso que viene verá suprimida una de sus unidades de infantil.
Desde la Delegación de Educación en Sevilla explican a este periódico que “no se va a dejar a ningún niño sin escolarizar” porque “el alumnado se puede reubicar en las plazas vacantes de otros centros dentro de la misma localidad”, señalan. Y añaden que al tratarse de municipios la reubicación no va a suponer un problema de gran magnitud para las familias.
La libre elección
Pero los miembros de la comunidad educativa que protestan por “un mismo derecho”, el de “la libre elección” que reivindica el Gobierno de Moreno desde la llegada a la Junta, siguen sin explicárselo. La delegada municipal de Educación en el Ayuntamiento de Marchena, Zaida Roldán, defiende que cada familia pueda decidir el centro al que quieren llevar a sus hijos “por motivos de trabajo, por conciliación familiar, por cercanía”. Aunque hablemos de pueblos, la alcaldesa de Marchena se pregunta “¿cómo puede una abuela, cuando los progenitores trabajan, llevar al mayor a Ángeles Cuesta y al pequeño de 3 años al colegio en la otra punta del pueblo a la misma hora?”.
“Somos el centro que más familias va a tener que reubicar en otros colegios públicos, habiendo recibido más matrículas que ningún otro, cuando podríamos mantener dos clases con 20 y 19 niños, una ratio acorde con clases de calidad”, comenta Mari Carmen Trillo sin salir del asombro.
La portavoz de Ustea Educación, uno de los sindicatos que ha asistido en señal de apoyo a la concentración de esta mañana junto a CSIF y CGT, lo atribuye al “plan sistemático” de la Consejería: “durante toda la legislatura, el mecanismo que han seguido es el de permitir a cada centro el mínimo número de clases posibles con la máxima ratio legal permitida por normativa”, esto es, 25 alumnos. Lo cual se traduce en un mayor número de niños por aula, y en una “reducción de clases, recursos humanos y materiales”. En definitiva, en “recortes en la educación pública”, según concluye Carmen Yuste.
“Torcer el pulso” al poder
En este sentido, Teresa Pablo reconoce que la natalidad está bajando, pero critica que “no se puede aprovechar para reducir inversión y recursos en la educación pública”, porque “en la educación concertada no está pasando y eso de por sí es un agravio comparativo”, apunta. Una idea en la que también coincide Yuste, que recurre de nuevo a los datos para manifestar que “los colegios concertados no han visto reducida su oferta en absoluto. En la concertada sí aceptan clases con menos de 25 alumnos, se reduce la ratio y mientras en la pública tenemos clases masificadas y reducción del número de clases en cada centro”, denuncian desde Ustea.
Ante el problema que denuncian, aportan soluciones: “es una oportunidad para apostar por la calidad educativa bajando la ratio y manteniendo los mismos recursos”, consideran desde Escuela de Calor, quienes confían en la movilización como herramienta ciudadana para “torcer el pulso a las políticas de austeridad”, que a juicio de Teresa Pablo se vienen dando desde el Gobierno socialista anterior.
La portavoz de este movimiento social es consciente de que “la batalla es complicada”. “Estamos hablando de la sociedad educativa contra un Gobierno con políticas muy marcadas”, apostilla, antes de decir con una sonrisa, “pero somos optimistas”. Desde Delegación insisten en que “el proceso de escolarización aún no está cerrado”. Y eso da alas para seguir movilizándose. “Porque la educación es la base de todo lo que tendremos en el futuro, si recortan, estamos condenados al fracaso”, grita una madre con la esperanza de que las autoridades escuchen su preocupación.