La semana en que el Ayuntamiento de Sevilla –pilotado por el equipo de José Luis Sanz (PP)– ha centrado sus esfuerzos en celebrar el referéndum sobre el futuro de la Feria de Abril, una docena de entidades de la ciudad se ha organizado con el afán de levantar el bloqueo que pesa desde hace un año sobre los canales de participación ciudadana, pese a estar “reconocidos en las ordenanzas y reglamentos municipales”.
Para estos doce colectivos sociales y vecinales, la celeridad con la que se ha llevado a cabo el referéndum de la Feria (que el propio alcalde bautizó como “consulta de participación ciudadana”), frente a la parálisis que atraviesan órganos participativos como las juntas de distritos desde hace un año, demuestra el “ninguneo” que sufre la participación de los ciudadanos por parte del Gobierno local.
“Queremos que consulten por problemas de verdad. Se hace una consulta sobre la feria, pero no se le pregunta a la ciudadanía por los temas que de verdad importan y que van a afectar a Sevilla en los próximos 30 años”, apunta Sixto Martín, activista de Red Sevilla por el Clima que se está encargando de coordinar acciones junto al tejido asociativo de la ciudad, contemplando la vía jurídica para denunciar “la deliberada intención de impedir la participación ciudadana como instrumento de control de la gestión del Ayuntamiento y de aportación de propuestas que contribuyen a mejorar y definir el modelo de ciudad que queremos”.
Desde que se disolvieron en abril de 2023 con motivo de las elecciones del 28 de mayo, órganos como los consejos sectoriales o las juntas municipales de distrito (“pequeños plenos” donde los vecinos participan de la política municipal y proponen mejoras para cada barrio) aún no se han vuelto a convocar. A ojos de los colectivos que se están movilizando, semejante demora se traduce en una “anomalía” en la gobernanza de la capital (“de espaldas” a la ciudadanía) y en el incumplimiento de la legislación vigente, a todos los niveles.
La conclusión a la que llegaron las doce entidades que se dieron cita el pasado martes para abordar esta cuestión es que “el Gobierno municipal incumple el artículo 9.2 de la Constitución, la Ley andaluza de participación ciudadana, diversos reglamentos y ordenanzas municipales y diversos acuerdos internacionales firmados por la ciudad de Sevilla que la comprometen con un modelo de gobernanza participativo”.
Todo ello los ha llevado a decidir emprender diferentes acciones, que pasan por hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice, a recurrir a los tribunales y a redactar una denuncia dirigida a organismos internacionales con el objetivo de “restablecer nuestros derechos constitucionales a la información y participación que se están conculcando”.
A este respecto, Sixto Martín apostilla que “está muy bien que nos pregunten qué modelo de feria queremos, pero también queremos que nos consulten si estamos de acuerdo con que se viertan las aguas de la mina de Aznalcóllar al Guadalquivir o con los cambios que se prevén en el PGOU”, por mencionar algunos de los temas que preocupan especialmente a su organización de carácter ambientalista.
Junto a Red Sevilla por el Clima y otras entidades de filosofía similar como Ecourbe o la asociación de vecinos ecologistas Parque de los Príncipes, a la reunión del día 23 (coincidiendo con la primera jornada de votación del referéndum sobre la feria) acudieron también representantes de asociaciones de vecinos como Triana Norte o Nuevo Porvenir, así como otras de corte social como Fundación Triángulo, Sevilla se mueve, Plataforma en Defensa del Patrimonio o la asociación Ben Baso.
Preocupados por “la ausencia de transparencia y participación ciudadana”, todos ellos se reunieron para redactar un manifiesto conjunto dirigido al alcalde y a los demás grupos políticos que conforman el pleno municipal, instándoles a “activar los mecanismos de participación contemplados en nuestro ordenamiento jurídico”.
Pero esta vez no se conforman con la puesta en marcha de esos cauces de participación, sino que demandan que los representantes públicos garanticen su efectividad. “El grado de ejecución de los acuerdos aprobados en las juntas de distrito es del 30% aun habiendo presupuesto para ello”, recuerda Sixto Martín para reivindicar, en nombre de sus compañeros, que “no nos conformamos con que se constituyan, queremos que sean efectivas”.
Formaciones como PSOE o Podemos Sevilla coinciden en afirmar que esta inusual demora en la constitución de las juntas de distrito “no es anecdótica”, sino “una muestra más del modus operandi que tiene el PP de gobernar de espaldas a los vecinos”. De hecho, Susana Hornillo, portavoz del grupo Con Podemos-IU, también ha afeado al Gobierno de Sanz el recurso de la consulta sobre la Feria como ejemplo de compromiso con la participación ciudadana mientras mantiene “el secuestro de las juntas municipales de distrito”.
Así pues, cuando está cerca de cumplirse un año desde que se constituyó el nuevo gobierno municipal y “sin que se haya convocado aún ningún órgano de participación”, como recuerdan los vecinos, el tejido asociativo de la ciudad se moviliza para desatascar los cauces que permiten a la ciudadanía participar en el gobierno de su ciudad.
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