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Al tiempo que el PP deja a cero la partida para memoria histórica en el presupuesto de Sevilla capital, y después de que quitara el dinero para la mayor fosa común porque “ahora no hace falta”, va acercándose la puesta en marcha del organismo que pretende paliar esa circunstancia al menos a nivel provincial. La Diputación prevé la creación este año de una novedosa Oficina de Memoria Democrática desde donde se articularán políticas memorialistas, que cuentan con un presupuesto en 2024 de 150.000 euros.
Las decisiones sobre qué proyectos concretos se desarrollarán se tomarán en el seno de esta Oficina de Memoria una vez esté constituida, aseguran a SevillaelDiario.es fuentes de la institución provincial. El organismo, fruto del compromiso adquirido entre el PSOE y Con Andalucía a la hora de aprobar los presupuestos del presente año, tendrá una especie de consejo consultivo integrado por las asociaciones memorialistas de la provincia de Sevilla, los sindicatos y otras organizaciones. Las fuentes destacan las “buenas relaciones” que mantiene a Diputación con el colectivo memorialista, con cuyos representantes se reunió hace unos meses su presidente, Javier Fernández de los Ríos, y el diputado de Cultura, Casimiro Fernández.
Es conocido que la Diputación participó presupuestariamente con 265.000 euros en los trabajos en Pico Reja, la mayor fosa común excavada en la Europa occidental y que se cerró hace poco más de un año. Esa “fructífera” colaboración para aquellas exhumaciones también está abierta de cara a la Monumento, la mayor fosa común del franquismo en Sevilla, si bien saben en la corporación provincial que sus competencias son limitadas en ese apartado. En ese aspecto, el PP del alcalde José Luis Sanz ya esgrimió que no les había dado tiempo para emplear los 350.000 euros que se reservaron para trabajos previos en el presupuesto del año pasado. Javier Fernández ya dijo en su momento que la Diputación estaba dispuesta a aportar fondos para iniciar la exhumación en Monumento, abogando por un compromiso similar al desplegado para Pico Reja por parte de todas las administraciones.
“Siempre estaremos del lado de los familiares que quieren recuperar la memoria y dignidad de los suyos”, comentan fuentes de la Diputación de Sevilla, que detallan que este año ya hay reservada una partida para sus ‘Encuentros para la Memoria’. Las fuentes también comentan que desde la institución se muestran “receptivos” a las demandas de las asociaciones memorialistas para trabajos en la provincia a través de la citada creación de la Oficina de Memoria Democrática, abogando por el “consenso” a la hora de la implicación en proyectos que “paso a paso” puedan ir desarrollándose.
Campos de concentración
El coordinador de memoria histórica de CGT, Cecilio Gordillo, junto con otros dos familiares de víctimas de la represión franquista, solicitó recientemente a la Diputación que impulse “una investigación” de los campos de concentración de la dictadura franquista en la provincia, al menos 15 según los cálculos del conocido activista. Los promotores de esa petición argumentaron que la Junta de Andalucía está “en manos de un partido político que desprecia la memoria histórica” por lo que “se hace aún más importante que la Diputación ponga en marcha proyectos propios”.
En una carta apuntaron los campos de concentración de La Azucarera (La Rinconada), Cortijo Caballero (Guillena), Sanlúcar la Mayor, Lora del Río (Matallana), Alcalá del Rio (ya no existe, nave-deposito cerca cementerio), Utrera, Presa Torre del Aguila, Villanueva del Rio y Minas, nave-deposito en estación Alcolea del Rio, La Roda de Andalucía (nave-deposito), Casariche, Cazalla de la Sierra (con dudas a la espera de investigación), la nave de presos en el pantano de El Pintado, Los Merinales (Dos Hermanas), La Corchuela (Dos Hermanas), Los Remedios (Sevilla), El Colector (Sevilla), El Arenoso (Dos Hermanas/Los Palacios) y Oromana (Alcala de Guadaíra).
El objetivo sería “sacar a la luz todas las cuestiones relacionadas con su ubicación, a qué estaban destinados los distintos campos, nombres y circunstancias de cada uno de los presos, condiciones de vida, estructura administrativa o militar organizadora del sistema y beneficiarios públicos o privados del trabajo esclavo”, entre otros aspectos.