Los pisos turísticos no dejan de crecer y esto conlleva un impacto negativo para todas las ciudades con elevada afluencia de visitantes, una situación a la que no es ajena Sevilla. De hecho, esto era más que palpable en la época previa al coronavirus, pero ahora varios informes municipales han venido a ponerle números a lo que está ocurriendo. Y la cifra impone, porque las viviendas con fines turísticos se han disparado un 2.300% en la capital hispalense en menos de cinco años, al pasar de los 256 que había en mayo de 2016 (primera fecha de la que hay registro) a los 6.133 que constaban el pasado 2 de febrero.
El porcentaje todavía crece un poco más si lo que se toma como referencia son las plazas disponibles en estos inmuebles: un 2.384%, que es lo que supone crecer de las 1.199 de hace un lustro a las 29.782 actuales. Consciente de que la situación se iba de las manos, el Ayuntamiento hispalense aprobó en febrero una normativa para controlar este sector mediante su equiparación legal con el resto de establecimientos hoteleros, una regulación tan suave que un informe de Urbanismo la define como “la solución menos limitativa”. Hasta el punto, incide, que “sigue permitiendo la implantación de un elevado número de viviendas para fines turísticos en la ciudad”.
Esta permanente tendencia al alza se ha suavizado, pero no ha logrado frenarla ni la COVID. De hecho, en menos de un año ha crecido un 9%, ya que en marzo de 2020 había registrados 5.625 pisos turísticos, lo que supone que durante la pandemia se han incorporado 508 más.
Las 29.782 plazas disponibles en este tipo de alojamientos en la actualidad implican que las fuerzas están parejas con respecto a la oferta de carácter tradicional, que aporta 24.034 plazas en 269 establecimientos hoteleros y otras 5.823 en 185 apartamentos turísticos. Esto supone un total de 29.857 plazas, solo 75 más de las que hay en pisos turísticos, pero con un matiz muy a tener en cuenta y del que alerta otro documento, en este caso de la Junta de Andalucía, que estima que un 31% de la oferta real existente no está registrada de manera legal. Es decir, que carece de licencia.
Y tras tantas cifras, ¿qué es lo que se esconde sobre el terreno? Por un lado, tenemos las consecuencias positivas, como que esta oferta “da respuesta a ciertos perfiles de demanda y puede suponer una fuente de ingresos legítima” para muchos ciudadanos. Asimismo, ha ayudado a reducir el parque de viviendas vacías y sin uso.
Pero por otro lado tenemos los “efectos no deseados”, que no son pocos y que el propio informe de Urbanismo resume en tres: el encarecimiento del mercado de alquiler, la “reestructuración demográfica” al irse los vecinos de sus barrios y “los problemas de convivencia en comunidades” por la coexistencia entre el uso turístico y el tradicional residencial. A ello se suma el serio riesgo de “desertificación” que sufre el centro histórico, al sustituir los turistas a los residentes.
“El desplome del turismo en la ciudad” por la pandemia, se subraya, “ha puesto de manifiesto las repercusiones que la excesiva turistificación tiene sobre su entorno urbano y población”. La mejor muestra de ello es el centro histórico, “en el que se detecta un descenso considerable a nivel poblacional”, hasta el punto de que se insta a “adoptar medidas encaminadas a preservar el uso residencial”.
La “acelerada implantación” de las viviendas para fines turísticos en los últimos cinco años es analizada también en un informe de Emvisesa, la empresa municipal de la vivienda, que cuantifica en un 21% la presión turística residencial en el Distrito Casco Antiguo debido precisamente a los pisos turísticos. En la punta de la pirámide estaría Santa Cruz, donde esta presión turística residencial alcanza el 42,94%, “lo que ha producido un desplazamiento de la población residente y un vaciamiento residencial del barrio, como se ha podido comprobar físicamente durante la actual pandemia”.
De hecho, el estudio de la Junta de Andalucía llega a cuantificar que en la zona norte del barrio de Santa Cruz hay 1,34 plazas de alojamiento turístico por habitante. Otras zonas con mucha presión son la Alfalfa, el Arenal y parte de Encarnación-Regina y Feria, con picos que alcanzan las 40/80 plazas en pisos turísticos por residente. También se detecta saturación de este tipo de oferta en puntos de Triana, Santa Catalina, San Bartolomé, San Vicente, el Museo y San Gil.
Este mismo documento también pone el acento en hacia dónde está creciendo el fenómeno, marcado por un parámetro como es una distancia que se pueda recorrer a pie en un máximo de 20 minutos. Esto explica que se esté multiplicando en zonas de Triana, Los Remedios, San José Obrero, Begoña-Santa Catalina, San Pablo y Nervión.
La otra gran cuestión que preocupa es, según el informe de Urbanismo, la “distorsión del mercado de la vivienda que la acelerada proliferación de viviendas para fines turísticos está generando”. Aquí el objetivo sería “evitar el desplazamiento forzado de la población residente debido a la presión producida por la excesiva implantación” de los pisos turísticos.
Para ello, se debe mantener el uso residencial como predominante en la zona céntrica, para así “evitar el deterioro del propio recurso turístico que constituye el centro histórico de la ciudad”. Y es que la protección del entorno urbano es pieza clave para preservar el “equilibrio, fisonomía e identidad cultural propia” de Sevilla.
Para ayudar a ello, la regulación de los pisos turísticos aprobada por el Ayuntamiento hispalense les va a exigir las mismas condiciones que a los servicios de hospedaje en cuanto a los trámites que deben realizar, los requisitos que deben cumplir y los emplazamientos autorizados dentro de un edificio de viviendas. Esto se traduce en que en el centro solo podrán ubicarse en la primera planta o en el bajo de un bloque, permitiéndose hasta una segunda altura en el resto de la ciudad.
Además, hasta la fecha bastaba con presentar una declaración responsable de utilización, pero a partir de ahora también se obligará a solicitar una licencia de cambio de uso presentando un proyecto de obras, lo que supone que se analizarán aspectos como la accesibilidad y la protección contra incendios. La normativa no tiene carácter retroactivo, no impone una moratoria y no declara zonas saturadas, aunque se considera un primer paso para regular una actividad que no deja de crecer.
Así lo advierten también los informes municipales, que incluso resaltan que el hundimiento de la demanda turística provocado por la pandemia ha hecho que muchos de estos pisos hayan revertido a formas de alquiler tradicional. Pese a ello, “siguen registradas como viviendas con fines turísticos” y volverán a tener este uso en cuanto se recupere una cierta normalidad, de ahí la importancia de conseguir “la adecuada convivencia y equilibrio de usos en la ciudad”.
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