La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) aprecia “posibles indicios de infracción” en la trayectoria de Casto Ortiz, quien hasta el martes 18 de julio ocupaba el cargo de director económico-administrativo y de servicios generales del área de gestión sanitaria de Osuna. Por esta razón, la OAAF ha resuelto trasladar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) el cometido de estudiar el caso y de adoptar “las actuaciones que procedan para restituir la legalidad o reparación del daño causado”, tal y como consta en la resolución de este órgano adscrito al Parlamento de Andalucía.
Por lo pronto, el investigado ha presentado su dimisión alegando “motivos personales”, el mismo día en que las partes recibieron la resolución de la investigación que ha estado llevando a cabo la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, en virtud de una denuncia del sindicato CGT. Dicho escrito se encuentra ya en manos de la Oficina Antifraude del SAS, que analizará el caso y tomará a continuación las medidas que considere pertinentes, según confirman fuentes de la Consejería de Salud a SevillaelDiario.es.
A lo largo de las 32 páginas de la resolución a la que ha tenido acceso este periódico, se recogen las acusaciones que pesan sobre el que fuera director financiero del área sanitaria de Osuna. Precisamente, a esta demarcación pertenecen los pueblos de la Sierra Sur que integran la considerada por los profesionales como “la peor zona básica” (la de Estepa), a tenor del “déficit de personal facultativo” que acumula y atribuyen, en buena parte, a la “nefasta” gestión y administración de esta área sanitaria.
Tanto es así, que sus profesionales libran desde hace años una lucha “silenciosa” amparados en las organizaciones sindicales —“por miedo a las represalias”—para pedir expresamente la dimisión de Casto Ortiz, junto a otras reivindicaciones.
Entre las irregularidades que figuran en la investigación iniciada en 2022, se recoge el “supuesto cobro de retribuciones indebidas”, así como un posible “uso inadecuado” de contratos menores de obras que como director financiero ha tramitado durante su mandato. En concreto, de acuerdo con la denuncia de CGT, Ortiz ha estado supuestamente “cobrando nóminas complementarias falsas desde 1993” e incluso el procedimiento por el que se presentó para conseguir su plaza de auxiliar administrativo pudo haber incurrido en “supuesta falsedad”.
A este respecto, y tras haber evaluado las alegaciones presentadas por el investigado a instancias del organismo autonómico, la Oficina Antifraude ha considerado que “aparentemente se aprecian indicios de posible infracción”, toda vez que el ex director financiero de Osuna no ha podido justificar los conceptos de jornada nocturna, festiva o por turnos que constan en sus nóminas.
Asimismo, el organismo autonómico ha señalado que “pudiera haber indicios de una resolución del procedimiento selectivo no ajustada a los principios de igualdad, mérito y capacidad” en lo relativo a la oferta de empleo público a la que se presentó para obtener su plaza. En este mismo bloque, la OAAF concluye que los méritos de experiencia computados por Casto Ortiz tiempo después en el proceso extraordinario de consolidación de empleo están inflados, pues “del expediente se desprende que los méritos sumarían un total de 15,3 y no los 44,1 que se autobaremó el investigado”, y pudo así acceder a la plaza de auxiliar administrativo con carácter definitivo, según consta en la resolución.
En cuanto a las anomalías en la contratación aprobada en la etapa de Casto Ortiz al frente de la dirección económica-administrativa del área sanitaria de Osuna, CGT denuncia que en 2020 y 2021 se llevó a cabo la división de un mismo objeto de obras de mantenimiento, pintura y conservación de la fachada del Hospital de La Merced en seis expedientes, “con el fin de adjudicar dichas obras a un determinado contratista” por medio de contratos menores.
De su lado, la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción coincide en que hay “posibles indicios de que si el objeto del contrato era único y se fraccionó en diversos expedientes, aunque no existiera una intención elusiva, habría fraccionamiento indebido”, al tratarse de la misma “unidad funcional”.
De modo que se insta el órgano competente (es decir, al SAS), a “iniciar el correspondiente procedimiento de revisión” porque “pudiera haber vicios de nulidad de los contratos menores” (al ser el objeto de los mismos prácticamente idéntico, así como el periodo de ejecución y la justificación aportada por la otra parte, de acuerdo con la resolución de la OAAF).
Una vez recabada y analizada la información de cada una de las partes, la Oficina Antifraude ha determinado derivar el caso a la “autoridad competente”, esto es, el SAS, para que sea quien decida las actuaciones oportunas, en lugar de remitirlo al Ministerio Fiscal o adoptar por sí misma sanciones. De forma que a partir de ahora, el Servicio Andaluz de Salud tendrá que resolver el modo en que se pone fin al procedimiento de investigación, bien remitiendo los hechos a la Justicia, o acometiendo otras actuaciones “para la restitución de la legalidad o reparación del daño causado” si lo hubiera.
Por su parte, desde CGT celebran la conclusión de la Oficina Antifraude al entender que “nos da la razón en todo”, aunque lamentan que lo haga “con la boca pequeña”, por cuanto ha eludido sancionar directamente al investigado, optando por dejar en manos del SAS la resolución final. “Es como si pusieran al zorro a cuidar de las gallinas”, apuntan voces del sindicato en este sentido para ilustrar su desconfianza de que se lleguen a tomar las medidas que corresponden, a su juicio.
Al hilo, critican que tanto el gerente del SAS como los responsables políticos de la consejería del ramo y el propio presidente del Gobierno andaluz hayan ignorado las reiteradas denuncias de corrupción que el sindicato lleva remitiendo a la administración andaluza año y medio. Recuerdan, además, que el Servicio Andaluz de Salud ya fue condenado a finales de 2022 por vulnerar los derechos de CGT al desalojarlo del local que se le había cedido a esta sección sindical en el hospital comarcal de Osuna. Y, a pesar de tener la sentencia a su favor, “a fecha de hoy siguen sin darnos las llaves”.
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