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“Hacen un trabajo estupendo”, alaba una joven sin preguntarle la labor de Antonio y su equipo para ayudar a personas necesitadas a la hora de solicitar una prestación social. Gestionan los accesos a recursos públicos y derechos, sobre todo la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que puso en marcha el Gobierno de España en junio de 2020, en plena pandemia, como una de las políticas más ambiciosas contra la pobreza pero que se ha enfrentado desde su arranque a una “alta burocratización”, lamenta Antonio Gómez. Este antiguo profesor de álgebra y lenguaje informático aúna en su quehacer diario aquellas materias en las que daba clases para que personas vulnerables desde el punto de cita socioeconómico puedan hacer uso de sus derechos algo no exento de dificultades de acceso.
Antonio es una persona “de diez”. Así lo creen los asistentes a la entrega de premios 'Gente de 10' de elDiario.es Andalucía y SevillaelDiario.es, que nos contaron su historia. Pero Antonio no quiere protagonismos y para él, su mérito, es el de todo el grupo, mayoritariamente de jubilados, que dedica tiempo y conocimientos a ayudar.
La sede provincial de Podemos, en la que Antonio coordina un equipo de unas veinte personas, es un ir y venir de gente, cada uno con su historia personal. Madres solteras, personas migrantes o refugiadas, víctimas de violencia machista o personas discapacitadas son los colectivos que más suelen acudir para pedir una mano a la hora de pedir una prestación, solicitar una ayuda o reclamar algún documento. Divididos en tres equipos específicos para cada una de las cuestiones que les solicitan, el movimiento de papeles y documentos es notorio. Ante la inocente pregunta de si la Administración es la que realmente debería encargarse de esos temas en sus centros de atención e información de la Seguridad Social (CAISS), Antonio responde rotundo: “Pero no lo hacen”.
A la sede llegan muchas personas en riesgo de exclusión, redirigidas por “otras organizaciones y ONG”, “así que no lo haremos tan mal”, bromea Antonio. “Aquí no se le pregunta a nadie por su ideología. Ha llegado gente que se decía votante de Vox y se le he ayudado igualmente. Lo fundamental es ayudar, lo demás es circunstancial”, sentencia ante los muchos casos de “desesperación” en familias que se agarran a “sus derechos” para tratar de salir adelante. A punto de cumplir 80 años, bromea que con esa edad también va a empezar a tener acceso a alguna ayuda.
“¿No me dijiste que me ibas a enviar lo de renta?”
Antonio Gómez, aunque evita personalismos, es una de esa “Gente de 10” que protagonizó una de las tarjetas anónimas cumplimentadas por las personas invitadas a la gala del décimo aniversario de elDiario.es Andalucía por su labor con “personas invisibles” desde hace tres años. Fue el 12 de noviembre de 2019 cuando llegó a la sede, “dos días después de las elecciones generales”, recuerda con exactitud, aunque dice que empieza a acusar “poca memoria”. Desde entonces, y pandemia mediante, grandes colas para pedir amparo en el momento de tramitar alguna gestión de carácter social. Recuerda especialmente aquel mes de junio de 2020, y los siguientes, en que el local se llenaba de gente que pedía auxilio para tramitar el IMV.
Junto a su “mano derecha” Juan Carlos Rufo, la conversación se entrecorta con constantes cuestiones burocráticas. “¿Por qué a esta mujer no le ha llegado el certificado de incapacidad, Julio?”, le pregunta a otro de los compañeros que se pasea de una mesa a otra. “¿No me dijiste que me ibas a enviar lo de renta?”, reclama otra joven, que hizo uso de la consultoría jurídica de la que también dispone este equipo de jubilados y voluntarios. En la charla se alude al caso de Remedios Fernández, la mujer que cuatro años después de hacer pública su historia en elDiario.es Andalucía “sigue esperando a tener el DNI” que le permita el acceso a determinadas prestaciones y servicios sociales, a cuyos gestores municipales Antonio echa en cara que “todo son pegas”.
También gestionan el acceso a los certificados digitales y han conseguido “ganar muchas reclamaciones y demandas” en los juzgados, asegura Antonio. A la mesa de al lado llega “un regalito” por los “servicios prestados”. “No los queremos, pero la gente te agradece”, asegura este “militante”, “de izquierdas”, y que dejó la enseñanza por “un percance con la dictadura” pero que retomó en 1982 hasta su jubilación, momento desde el cual trabaja con sus compañeros en la gestión de ayudas sociales a colectivos vulnerables.
“El IMV es un derecho”
¿“Me dice usted su NIE?”, pregunta Juan Carlos a una mujer que se sienta en la mesa, rebosante de papeles, documentación y “medios precarios”, si bien “todas las solicitudes están ya mecanizadas”. “Voy a acompañar a esta mujer a Sánchez Perrier”, muy cerca de León XIII y donde está ubicada la Dirección Provincial de Sevilla del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), lugar donde se les facilitan citas a aquellos que no saben dónde deben acudir para resolver algún trámite burocrático y donde se registran muchos documentos.
“El IMV es un derecho. Es vital para personas necesitadas. El principal problema es que se le encomendó la gestión al INSS y no se han empleado todos los medios necesarios”, concluye Antonio, responsable del mantenimiento de la sede donde hasta hace no mucho acudían diputados andaluces de Podemos, como Martina Velarde o Teresa Rodríguez, hace ya más tiempo, a celebrar ruedas de prensa y donde aún sigue habilitado su departamento de finanzas, comenta Antonio Gómez. “Susana sigue viniendo por aquí”, dice en referencia a Susana Hornillo, portavoz de la confluencia Con Podemos-Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla.
Migrantes y unidad de convivencia
Antonio insiste en las dificultades en el acceso al IMV, que incluye “algún que otro disparate”, como que haya personas que “tienen que reintegrar cantidades cobradas indebidamente, se supone, cuando se las dieron de oficio de acuerdo al Decreto” de 2020. “Hay jurisprudencia europea que no lo permite”, dice, recalcando el papel de Ana, la persona encargada de estar “atenta a la normativa”. Habrá que ver ahora si la Junta de Andalucía solicita la cesión del Ingreso Mínimo Vital, como ha propuesto recientemente Pedro Sánchez.
En ese sentido, entre las diversas dificultades que se encuentran las personas que acuden al número 20 de León XIII, apunta los problemas de “cientos” de personas inmigrantes que comparten piso y cuya unidad de convivencia supera el nivel de ingresos permitidos “cuando realmente no comparten vínculos familiares” con sus compañeros de vivienda. “O personas que han tenido que volver a vivir con sus padres, que perciben una jubilación y que evita que puedan cobran una ayuda. ¿Te acuerdas cuando decían que los abuelos eran fundamentales para ayudar en la crisis? Ahora ocurre al revés y les perjudica”, comenta Antonio Gómez que, junto al equipo, se afanan en ir solucionando las cuestiones burocráticas para poder cobrar alguna de las prestaciones a la que tienen derecho.