Unas 200 personas, según la plataforma Gambogaz, han acudido a la marcha programada para este sábado hacia el cortijo de Gambogaz en Camas (Sevilla) para exigir que la finca deje de ser propiedad de la familia del general Gonzalo Queipo de Llano.
Una de los portavoces de la plataforma, Paqui Maqueda, ha detallado en declaraciones a Europa Press que la marcha ha partido desde la plaza del Ayuntamiento, recorriendo el centro de Camas hasta llegar a la puerta del citado cortijo, donde se han leído unos manifiestos para “llamar la atención sobre las incautaciones de bienes robados al pueblo en general” tras la Guerra Civil, ejemplificándolo con este inmueble de la familia del general franquista.
“Se tienen que tomar medidas para que todo lo que se incautó sea devuelto; en este caso, este cortijo tiene que estar en manos del pueblo de Camas”, ha sentenciado Maqueda, quien ha añadido que, una vez se consiga esto, la idea es que la finca se convierta en un lugar de memoria, algo que ha definido como “un centro ciudadano donde se interprete ese trozo de historia”, en referencia a la Guerra Civil.
Según ha explicado, el cortijo de Gambogaz fue un regalo del Ayuntamiento de Sevilla --término municipal al que en ese momento pertenecía el terreno de esta finca-- en nombre del pueblo de la ciudad a Queipo de Llano en 1937 en agradecimiento por su intervención en la capital andaluza durante el alzamiento del bando franquista.
A esta marcha han acudido, entre otros, los candidatos de Adelante Andalucía por la provincia de Sevilla a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre Ignacio Molina, Ismael Sánchez, Engracia Rivera y Mari García. Ha sido esta última quien ha defendido la entrega del cortijo a Camas “para que los jóvenes sepan de la historia” y “de los asesinatos que cometió este hombre”.
La finca ya fue en agosto objetivo de una movilización del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que el día 9 de dicho mes, coincidiendo con el aniversario del asesinato de Blas Infante, intentó ocupar la finca sin éxito. El sindicato aseguró haber congregado a unas 200 personas, aunque la Policía Nacional rebajó la cifra a 80.
La citada movilización se redujo pues a una concentración “simbólica” y, en consecuencia de ella, el gobierno socialista del Ayuntamiento de Camas abogó por diferenciar entre “lo que políticamente y mediáticamente interese a las organizaciones convocantes” de aquella protesta y “lo que conlleva el cumplimiento de la ley, sus procedimientos y trámites”, que es a lo que el Consistorio explicaba que tenía que circunscribirse.
El Ayuntamiento de Camas realzó entonces sus gestiones para que el mencionado recinto sea declarado como lugar de memoria democrática de Andalucía, lo que ceñiría el cortijo a la Ley autonómica de 2017 sobre Memoria Histórica y Democrática.
Para conseguir este fin, el Consistorio destacaba que mantiene “una estrecha colaboración con la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática”, y que estaba pendiente de la investigación que está “a punto de publicarse” sobre el citado cortijo, para elevarla a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y su revisión por parte de un grupo de expertos, merced a la mencionada ley de 2017.