Desinflada. La concentración contra un centro de acogida para menores extranjeros de Sevilla apenas ha logrado el respaldo de cincuenta personas, una cuarta parte que hace dos semanas. Era la tercera convocatoria en apenas un mes. Pero, al contrario, que en ocasiones anteriores, el centro para 25 menores extranjeros no acompañados (menas, en el lenguaje administrativo) ya estaba habitado.
Las calles aledañas a la Avenida Cruz Roja y Miraflores amanecieron este fin de semana con carteles con un mensaje inequívoco: “No al centro mena” y varias supuestas asociaciones de vecinos convocaban a una recogida de firmas a las puertas del centro de menores tutelados por la Junta de Andalucía.
Pero este lunes, poco antes de las 8 tarde, la Policía ha establecido un dispositivo “de seguridad” para impedir que la concentración se llevara a cabo a las puertas del centro, que cuenta también con un sistema de alarmas, que refuerza la protección de los menores. Los convocantes se han visto forzados a trasladar la concentración a varios centenares de metros, a la avenida Miraflores.
En cualquier caso, dentro de la vivienda no había ningún menor. Para prevenir cualquier incidente, la Fundación Samu, la entidad que gestiona el centro de estos niños y niñas tutelados por la Junta de Andalucía, ha optado por llevárselos de excursión a un torneo de fútbol. Ha sido su recurso para “no exponerlos” a la convocatoria celebrada en su contra.
Primera protesta con la casa habitada por los niños
Se trataba de la primera vez que la concentración se realizaba con la casa habitada. Un recurso para la inserción sociolaboral de 25 adolescentes, que cuenta con diez profesionales y tiene el visto bueno del Colegio de Aparejadores de Sevilla. El centro forma parte de las nuevas 1.200 plazas habilitadas por la Junta para la atención de menores extranjeros no acompañados.
En esta ocasión, la manifestación no ha contado con el apoyo del líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano. La representación del partido se ha limitado a concejales de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla y algún que otro simpatizante del partido de extrema derecha.
En la manifestación anterior, Serrano le manifestó a este diario que los menores debían marcharse a un barrio “en el extrarradio”. Aunque el líder andaluz del partido apuntó durante aquella manifestación que el centro no reúne las condiciones para su apertura, la Junta de Andalucía recuerda que cuenta con el visto bueno del Colegio de Aparejadores de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla subraya que el centro no tiene que solicitar ningún expediente de licencia, cambio de usos o declaración responsable, “ya que es un espacio privado catalogado como residencial”. Es decir, todos los papeles están en regla.
Protestas “de corte xenófobo, racista y clasista”
Organizaciones y partidos políticos se han organizado contra una protestas que consideran “de corte xenófobo y racista”. Adelante Sevilla (Podemos e IU) cree que la convocatoria podía “lesionar gravemente los derechos de estos menores, cuyo estatus legal está protegido tanto por la legislación estatal como internacional”.
Sandra Heredia, concejala de Adelante Sevilla, apunta que “la práctica de señalar una vivienda donde residen menores de edad, además de estar tipificada como delito de odio, puede lesionar gravemente los derechos fundamentales de estos niños y niñas”.
Heredia afirma que “Juan Espadas no puede ponerse de perfil ante lo que está sucediendo en la Macarena” y acusa al consistorio de una “dejación de funciones” que ha generado un caldo de cultivo del que “se está aprovechando la extrema derecha para fomentar un brote de odio en un barrio que siempre ha sido ejemplo de solidaridad”. Los manifestantes aseguran que hay demasiados recursos para personas sin hogar en el barrio de la Macarena.
Borja Romero, uno de los portavoces de la plataforma 'Macarena para Todas', denuncia que no son más que “prejuicios y estereotipos asociar a estos menores magrebíes con el conflicto. Es un discurso del odio que vulnera los derechos del menor”. Cree que la extrema derecha no solo está atacando a “colectivos vulnerables” sino“alentando el conflicto, no el encuentro”.
Las dos federaciones de las asociaciones vecinales de Sevilla, Feves y Fpaav, se han empleado con mayor dureza contra estas manifestaciones. Se muestran en “total desacuerdo” con ellas y tachan las protestas de tener un “corte xenófobo, racista y clasista”.
Denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz
Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha dado un paso más y ha solicitado al Defensor del Pueblo Andaluz que investigue “la incitación al odio y al racismo”.
En su denuncia apuntan a declaraciones vertidas por militantes de Vox y recogidas por este diario, que sin conocer a los posibles acogidos “se les ha despreciado como ”manojo de inmigrantes“, se ha advertido sobre su peligrosidad, reconociéndoles como delincuentes y se han difundido en todos los tonos las socorridas expresiones cargadas de racismo y xenofobia. Incluyendo la afirmación de llevar más delincuencia la barrio, o que el centro de acogida se pueda convertir en ”un nido de prostitución o delincuencia, ocupas y trata de blancas“.