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El gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado el pago a una misma empresa de 10 expedientes idénticos, que ha tramitado como contratos menores, desoyendo así el reproche que ha hecho la Intervención municipal sobre este procedimiento. En concreto, considera que en realidad se trata de un mismo expediente que se ha fraccionado de esta manera para no hacer un único contrato, que es como debería haberse procedido, lo que habría aumentado los controles de fiscalización. Pese a estas indicaciones, el gobierno local –que insiste en que no ha habido tal despiece– ha dado el visto bueno y ha procedido al pago, ya que el informe de Intervención es en este caso preceptivo, pero no vinculante.
Los contratos en cuestión se suscribieron con una única empresa para desarrollar actividades lúdicas y culturales en los distritos de la ciudad durante el periodo navideño. En concreto se llevaron a cabo espectáculos de globos y bolas de nieve para los que se rubricaron nueve acuerdos por importe de 5.198,88 euros (IVA incluido) y uno, en el Distrito Nervión, por 3.082,47 euros al no incluirse los globos.
La Intervención llama la atención sobre que “todos estos contratos tienen el mismo objeto, lo que exige un tratamiento unitario de los mismos”, incidiendo en que “se aprecia un fraccionamiento del objeto del contrato que soslaya la prohibición del artículo 99 de la Ley de Contratos del Sector Público”. De hecho, se apunta que los 41.610 euros (IVA excluido) que suman el conjunto de las prestaciones “impiden acudir a la contratación menor”, que fue la fórmula utilizada por el gobierno local.
No más de 15.000 euros
En los casos de adquisición de suministros o prestación de servicios, la ley estipula que los contratos no pueden superar los 15.000 euros, ya que por encima de esa cantidad hay que utilizar otro procedimiento que refuerza los controles y obliga a una mayor publicidad, aumentando por tanto la competencia. La propia legislación establece además que, para esquivar estos requisitos, no puede fraccionarse un contrato mayor en varios menores, que es precisamente lo que la interventora municipal, Sara Hernández, considera que ha hecho el gobierno de José Luis Sanz (PP).
“Todo lleva a la conclusión de que debería haberse realizado una contratación centralizada por procedimiento abierto” o, en su caso, haber modificado los contratos de servicios que tienen suscritos los distritos municipales “para dar cabida a estas prestaciones”. De paso, señala que el Ayuntamiento utiliza como argumentos que había poco margen de tiempo para contratar y que era necesario poner en pie una determinada infraestructura, dos factores que “parecen haber favorecido la falta de concurrencia a la licitación”, hasta el punto de que la adjudicataria se presenta como “la única capaz de atender las prestaciones propuestas con tan escaso margen”.
Además de recordar que con el procedimiento elegido se ha omitido la fiscalización previa de la Intervención, en su informe también lamenta la “falta de concreción de las prestaciones”, lo que a su vez complica la “adecuada determinación del precio” de algunos de los servicios que se prestan. Pone como ejemplo que la empresa va a utilizar una gran bola de nieve, pero “se desconoce si se trata de varias bolas de nieve o una que va rotando por los diferentes distritos según fechas”, cuestión que “incide y tiene relevancia” en el coste de ejecución y en el margen de beneficio para el adjudicatario.
Se reafirma en sus conclusiones
En definitiva, la resolución de la Intervención apunta que los expedientes “están incursos en un supuesto de omisión de la función interventora”, por lo que apunta que “no se podrán reconocer obligaciones ni tramitar el pago ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se subsane la omisión de dicha fiscalización”. Pero como el informe no es vinculante y no prevalece sobre la opinión de los órganos de gestión, la junta de gobierno municipal aprobó estos pagos el pasado 9 de febrero.
Y eso que, tres días antes, la interventora volvió a pronunciarse ante el informe de réplica que envió el gobierno local a su primera comunicación, y lo hizo para reafirmarse e insistir en que el hecho de que los contratos sean idénticos “refuerza nuestras conclusiones”. “Esta Intervención mantiene lo indicado”, que es que “los 10 expedientes con mismo objeto deben ser tratados de forma unitaria como un supuesto de omisión de la función interventora”. “Es cuanto he de informar”, apostillaba.
Cada distrito es independiente
¿Y qué es lo que alega el PP? Pues niega que haya irregularidades, subraya la “limpieza total y absoluta” del procedimiento de contratación y asegura que fueron licitados “respetando los principios de publicidad y concurrencia a través del perfil del contratante”. Así lo defiende el delegado de Hacienda, Juan Bueno (PP), que esgrime que los contratos pueden ser semejantes pero no se han fraccionado porque los distritos son “unidades funcionales u operativas independientes”. “Cada contrato licitado cumple su propia finalidad, en distinto ámbito territorial y en distintas fechas”, defiende.
Estos argumentos los utilizó Bueno para replicar al PSOE, al que acusó de “mentir de forma deliberada para confundir a la opinión pública” tras denunciar precisamente que se habían fraccionado los expedientes para hacer contratos menores. El concejal socialista Juan Tomás de Aragón había denunciado previamente que con esta división se buscaba regatear la ley y “facilitar su concesión a la empresa”, por lo que denunciaba que “ha existido una clara intención de burlar la Ley de Contratos del Sector Público y mermar los principios de libre concurrencia y la igualdad de trato”.