El presidente de la Diputación, ante el alcalde de Sevilla: “Una VPO a 300.000 euros no es una VPO”

La polémica por el precio de la vivienda pública en Sevilla está colonizando el debate político, y hasta se ha colado en el XV Congreso de CCOO que reelige a Carlos Aristu como secretario general provincial. La cuestión la ha puesto sobre la mesa el presidente de la Diputación sevillana, Javier Fernández (PSOE), en su intervención en el acto inaugural y ante un foro en el que estaba sentado en primera fila el alcalde hispalense, José Luis Sanz (PP): “Me niego a pensar que una VPO cueste 300.000 euros, eso es otra cosa. Será vivienda, pero no VPO”.

El pildorazo lo lanzaba ante un Sanz que lleva dos semanas capeando un temporal con esta cuestión, desde que se supo que la última promoción pública de Emvisesa (la Empresa Municipal de la Vivienda) incluía pisos en régimen de precio limitado de hasta 350.000 euros. El regidor repite una y otra vez que la mayoría de hogares en esta promoción en la Cruz del Campo cuestan entre los 200.000 y los 220.000 euros, que los precios municipales están de media un 42% por debajo de lo que dicta el mercado y que su gobierno promueve 1.511 casas frente a las 83 que hizo el PSOE en ocho años, pero eso no ha terminado de frenar la ola que se ha generado.

Javier Fernández es, además de presidente de institución provincial, secretario general de los socialistas sevillanos, y su segundo al mando (Rafael Recio, secretario de Organización) ya fue contundente con esta misma cuestión: el PP, con Sanz en Sevilla y Juan Manuel Moreno en la Junta de Andalucía, impulsa un “modelo de VPO para ricos” que hará que la vivienda pública “sólo llegue a unos privilegiados y no a quienes realmente la necesitan”. Los jóvenes y las rentas más bajas –aseguró– quedan así excluidos de aspirar a una casa protegida.

Un día después del Sánchez-Moreno

Terminado el acto inaugural del congreso de CCOO, Fernández apuntaba que su mensaje iba en realidad más dirigido al Gobierno andaluz que al de la capital. Eso sí, parecía una continuación del duelo de salón que mantuvieron el día antes el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el de la Junta, Juan Manuel Moreno, cuando el primero pidió aplicar la Ley de Vivienda estatal “porque funciona” y el segundo se aferró a sus propias fórmulas que abogan más por rebajas fiscales y liberalizar el suelo. Todo ello, en la entrega de 218 viviendas de alquiler público asequible en la capital hispalense que están generando debate por cuánto ha puesto cada administración.

El presidente de la Diputación quiere ir más allá de las palabras y promete hechos, como que Sevilla Activa (la empresa provincial para el desarrollo de la vivienda y el urbanismo) se va a centrar “al 100%” en la promoción de los pisos protegidos de Barrio de Quarto, más de la mitad de los 5.500 previstos en estos suelos de la corporación provincial. Los precios, por cierto, todavía no se saben, pero garantiza que serán “muy razonables” y que serán de verdad “viviendas asequibles”.

El compromiso, insiste, es alejarse de la visión de que un hogar es “una mercancía”. A esto añade otros objetivos, como una regulación más efectiva de los demandantes para tener una “visión global” de las necesidades en la provincia, así como “involucrar a los ayuntamientos” en la construcción de vivienda.

Precios “ni asequibles ni justos”

Y ya que el marco para esta definición de objetivos lo ponía el congreso de CCOO, ¿qué opina el sindicato sobre la cuestión? Pues su secretario general en Sevilla, Carlos Aristu, coincide en que precios como el de la famosa promoción de Cruz del Campo (que por cierto, tiene más de 19.000 aspirantes) no están precisamente al alcance de todos. “La mayor franja de personas trabajadoras no ingresa de rentas salariales al mes ni la media del salario mínimo, y los jóvenes que trabajan no superan los 13.000 euros anuales”, lo que le lleva de manera retórica a preguntarse “¿para quién es asequible ese valor?”. “Hay que hacer políticas de viviendas con los pies y la cabeza en el barro de la gente”, apostilla.

La secretaria general andaluza, Nuria López, apostilla que no son precios “ni asequibles ni justos”, hasta el punto de que la “acción especuladora” con las casas “se está comiendo” la mayor renta disponible gracias a logros como el ingreso mínimo vital o las subidas del salario mínimo y de las pensiones. Aquí apunta directamente a “la irresponsabilidad de la Junta de Andalucía”, con un reciente decreto ley que “no limita los precios del alquiler y prevé 20.000 viviendas que no estarán hasta 2028”.

A su juicio, entre las medidas para atajar la actual crisis habría que incluir una mayor vigilancia a la hora de “liberalizar suelo público” y la prohibición de descalificar los pisos protegidos para que así no salgan al mercado libre, la única forma de contar con un verdadero parque de vivienda pública. Nada de esto se incluye en un decreto que “ha sacado unilateralmente” Juan Manuel Moreno, “que presume de un diálogo que al final acaba en monólogo”.