Memoria histórica

El reconocimiento de 41 presos políticos de Queipo de Llano, en manos de la Junta de Andalucía

La hermandad de la Macarena de Sevilla exhumó en la madrugada del 3 de noviembre los restos mortales de Gonzalo Queipo de Llano de la basílica donde estaba enterrado en un lugar preeminente desde hacía 71 años. Unas semanas después, el Ayuntamiento de Camas ha aprobado una moción en la que ha instado a la Junta a que “se incluya la específica mención de las responsabilidades de cualquier tipo que cabe exigir a los herederos del general Queipo de Llano por los beneficios económicos obtenidos por la explotación del trabajo forzado de al menos 41 presos políticos exhaustivamente estudiados y conocidos” en el cortijo Gambogaz. La finca, que está situada a orillas del río Guadalquivir, a las puertas de Sevilla, fue adquirida por el general franquista en plena Guerra Civil en España (diciembre de 1937) en un proceso lleno de irregularidades, impagos y hasta una 'donación' del anterior propietario. También solicita el Ayuntamiento que la Junta “obligue a las organizaciones beneficiarias del trabajo forzado de estos 41 presos a que coparticipen en la reparación de los mismos” y que el caserío de Gambogaz sea declarado como Lugar de la Memoria Histórica de Andalucía.

La moción, que salió adelante con los votos de los concejales de PP y Vox en contra, recuerda que en la exposición de motivos de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, “es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía, a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la Dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales”. Añade la norma, en su artículo 19, que “la Administración de la Junta de Andalucía impulsará actuaciones para hacer copartícipes de las medidas de reconocimiento y reparación a las organizaciones que utilizaron los trabajos forzados en su beneficio”.

“Vulnera los derechos humanos”

En ese sentido, argumenta que “es innegable la existencia de por lo menos 41 presos políticos que realizaron trabajos forzados en épocas precisas y concretas en el cortijo Gambogaz”, lo cual “vulnera los derechos humanos” de aquellas personas “ya que no tenían ninguna posibilidad de oponerse a la explotación moral y laboral de que eran objeto”. Desde el cortijo de Gambogaz “se dirigían las operaciones de todo tipo relacionadas con la explotación de aquellas tierras” y a Queipo de Llano “hay que adjudicar todo lo relacionado con aquella propiedad, ya que la fundación por él creada y utilizada como pantalla para la explotación de la finca no tenía existencia legal en el periodo durante el que esos 41 presos políticos fueron utilizados con trabajos forzados para realizar las labores necesarias para aquella explotación (1937-1940)”.

Estando acreditado que prisioneros políticos fueron usados como mano de obra esclava, el Ayuntamiento de Camas envió en diciembre el certificado plenario del 30 de noviembre para solicitar la inscripción del cortijo en el citado catálogo de Lugares de Memoria, que incluye “espacios vinculados a hechos o acontecimientos singulares ocurridos entre la sublevación militar contra el Gobierno legítimo de la II República hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978”, según la normativa andaluza. La entrada en el Registro de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte tuvo lugar el 14 de diciembre de 2022, según ha comprobado este periódico. En un reciente encuentro entre la nueva comisionada de la Concordia y miembros de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, Ana Gil Montaño les trasladó que no tenía conocimiento de la petición. En esa misma toma de contacto, la coordinadora memorialista le instó a que se empezara a tramitar la declaración de lugar de memoria de Gambogaz. “La estudiaremos, por supuesto”, apuntan fuentes de la Consejería.

“Un lugar donde se vulneraban los derechos de todos los presos”

El historiador José Villa puso de relieve en su libro 'Andalucía en la Segunda República' que “cuando se habla de la obra social que Queipo decía que iba a realizar a favor de los 'obreros campesinos' en Gambogaz choca frontalmente con la evidencia” de que “en aquel cortijo hubo cuando menos 30 presos políticos trabajando las tierras”, como atestiguó el documento que ya publicó este periódico a raíz de las averiguaciones de otro historiador, en este caso José María García Márquez, y que también Villa recoge en su publicación sobre el Frente Popular (febrero-julio 1936). La propuesta fue traída al pleno de Camas en noviembre de 2012, justo diez años atrás, si bien el trabajo realizado por Villa “atestigua” con “documentos y archivos” el hecho de que el cortijo Gambogaz “fue durante muchos años de la dictadura un centro de trabajos forzados, un lugar donde se vulneraban los derechos de todos los presos que fueron solicitados por el propio General Queipo de Llano”.

La coordinadora confía en el conocimiento en la materia de Gil Montaño, si bien vienen lamentando que la Junta durante la pasada legislatura no completó ninguna tramitación que estaba en marcha y que estaban pendientes hasta 34 solicitudes de inscripción en el inventario. Los últimos datan de junio de 2020: la comisaría de La Gavidia, un punto del Cerro del Águila, en Sevilla en recuerdo de Francisco González Ledesma, así como el refugio antiaéreo de Villanueva de Córdoba.

Un 'regalo' por “salvar” a Sevilla del “dominio rojo”

Según la leyenda, de la que no hay constancia documental, la ciudad de Sevilla regaló a Queipo la finca de Gambogaz por “salvarla” del “dominio rojo”. Como ya informó elDiario.es Andalucía, el último responsable de unas 50.000 muertes al mando de los golpistas en Andalucía recibió del Banco de España 100.000 pesetas un mes después de comprarla, en enero de 1938, para emprender una empresa de “carácter benéfico-patriótico”.

Queipo, como ya informó este periódico, con el dinero que sobró de Gambogaz compró unas 150 hectáreas en las marismas del río Guadalquivir. Años después, la familia del golpista denunció a los colonos –lo son desde la década de los 40 del siglo pasado– para subir el alquiler en un litigio abierto por la heredera de aquella fundación para la que el Banco de España aportó 100.000 pesetas. La fundación heredera de aquella operación está sin actividad para atender a la “infancia desvalida” mientras pide más alquiler por tierras regaladas al “salvar” Sevilla del “dominio rojo”, un 'regalo' a través del entonces alcalde de la ciudad, el franquista Ramón de Carranza.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Camas dio el primer paso para impulsar una investigación histórico-jurídica que permita hacer público Gambogaz, lograr el compromiso de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de tutelar el proceso para 'incautar' la finca. La Plataforma Gambogaz volvió a marchar este pasado 18 de febrero hasta el cortijo de Queipo de Llano para reivindicar esa petición y para que la finca del general golpista sea recuperado como centro de memoria histórica.