Seguimiento masivo de la huelga en la base de Morón para que la multinacional KBR revoque los nuevos despidos

El comité de empresa de KBR, la empresa encargada por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África de los servicios de ingeniería civil y apoyo logístico de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), cuyo uso comparen España y EEUU, ha calculado en un 95 por ciento el seguimiento de la primera jornada de huelga convocada en demanda de que la multinacional revoque los nuevos 15 despidos acometidos.

La plantilla ha celebrado además una concentración ante la Delegación Territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Sevilla, coincidiendo con una reunión con el responsable de dicho departamento de la Junta, Antonio Augustín.

En ese marco, el presidente del comité de KBR, José Armando Rodríguez Ardila (UGT), ha manifestado que la plantilla reclama “la revocación” de los citados 15 despidos y “la readmisión inmediata” de las personas afectadas por los mismos. Y es que tras estos despidos, según ha alertado, no hay otra razón que la pretensión de “ganar más dinero”, pues KBR cerró 2023 con un “beneficio de más de 7.000 millones de dólares”, cifra que ha esgrimido para insistir en que estos despidos no están justificados.

“Readmisión inmediata” de 15 personas

Y sobre todo, el presidente del comité ha aseverado que la plantilla ha decidido “decir basta y exigir que los representantes políticos tomen las medidas necesarias”, de cara a una interlocución o “mediación” con KBR, que resuelva la “readmisión inmediata” de las 15 personas despedidas. Así, ha alertado de que el Gobierno central y la Junta tienen que “tomar las riendas del asunto ante KBR” y trasladar a los directivos de esta empresa estadounidense que “se acabaron los despidos” en la base de Morón.

Y es que como ha remarcado Carmen Castro, una de las personas despedidas, la empresa ha acometido estos despidos “sin previo aviso ni consulta” y sin causas organizativas ni de “producción” de justifiquen una medida tan drástica; pues en 2022 ya consumó un expediente de regulación de empleo (ERE) con 49 despidos y desde entonces hasta ahora, “la producción es la misma”.

La plantilla, así, prevé llegar “hasta las últimas consecuencias” de esta huelga, que se traduce en cinco jornadas de paro, en concreto cinco viernes comenzando por el de este 31 de mayo.

José Armando Rodríguez Ardila había avisado ya de que desde 2010, la plantilla española de la base de Morón ha sufrido una “sangría” de unos 400 despidos, ante lo cual reclamaba “la intervención” del Gobierno central y de la Junta de Andalucía, en defensa del empleo local; con medidas como negociar una equiparación con la plantilla civil de la base aeronaval de Rota, cuyo uso comparten igualmente Estados Unidos y España.

El comité de empresa de los mencionados servicios civiles de la base de Morón, recordémoslo, lleva años denunciando insistentemente una supuesta estrategia predeterminada de sustitución del personal español por profesionales estadounidenses o directamente militares de dicho país.

No sobra recordar tampoco que KBR formaba parte de la sociedad Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), adjudicataria entre 2010 y 2015 de este mismo contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa para la base de Morón.

Y es que durante sus años de gestión de los servicios civiles de la base de Morón de la Frontera, cuya superficie corresponde al término municipal de Arahal, VBR acometió hasta tres expedientes de regulación de empleo (ERE) desprendiéndose de un total de 240 trabajadores, en su inmensa mayoría españoles, durante un periodo marcado por cierto por el crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base.

Precisamente en julio de 2022, también hay que recordarlo, KBR acometía el citado nuevo ERE en estos servicios de la base de Morón, extinguiendo 49 puestos más de trabajo y reduciendo entonces la plantilla española a unas 260 personas.

Por eso, la plantilla lleva años reclamando una modificación del tratado bilateral de defensa entre Estados Unidos y España que regula el funcionamiento de dicha instalación militar, al objeto de que sean incorporadas mejoras laborales para los empleados civiles y garantías en materia de mantenimiento del empleo, apostando especialmente por una equiparación con la plantilla civil de la base de Rota.