La Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla ha ido un paso más allá este martes con las exigencias hacia el Ejecutivo nacional y Gobierno municipal sobre el conocimiento de la lista completa de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde 1978. La asociación se ha sumado a la movilización nacional, organizada por Recuperando - Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica, en 17 ciudades españolas a la que se ha unido la población hispalense con cerca de un centenar de personas en la Plaza Virgen de los Reyes.
Es la primera vez que realizan este acto colectivo en nueve comunidades autónomas, por lo que Guillermo Casallas, portavoz de la Plataforma, se muestra satisfecho con el esfuerzo común. Insiste, tras varias concentraciones, que “tenemos que demostrar, primero, al Gobierno y, luego, a la jerarquía de la Iglesia, que lo que se ha hecho tanto con la Giralda, la catedral de Sevilla y el Patio de los Naranjos, o en Córdoba con la Mezquita, es incomprensible”. A pesar de las promesas, como dice el manifestante, temen que no se cumpla con la exigencia ciudadana que opina que la lista elaborada por la administración pública es insuficiente puesto que solo contempla el período entre 1998 hasta 2015, cuando lo propio sería que se examinara el Registro teniendo como punto de partida 1978.
Durante el acto se leyó un manifiesto que recriminaba al Gobierno central que dejase en manos de los ayuntamientos este ejercicio que debería de dirigir ante el poder religioso. Por su parte, Tomás Madueño, portavoz de Sevilla Laica, una de las organizaciones presentes en la tarde cuyo objetivo es que ninguna religión sea favorecida frente a otra, resolvió que “el listado sigue siendo incompleto, tenemos conventos e iglesias que no se contemplan”. Al mismo tiempo, hizo alusión a una polémica reciente que denuncia el uso del Monasterio de Santa María del Socorro como hostal turístico. “Para cualquiera que tenga un poco de sentido común próximo al patrimonio público, esto es una vergüenza”, declara, “lo que contemplamos ahora fue construido con los esfuerzos de cristianos y, también, no cristianos, y, sobre todo, con nuestros impuestos”.
Con las proclamas “no al expolio” o “el Patio de los Naranjos no es particular”, Matilde Durán y Esteban Moreno sostenían unas fotos en las que se encontraba la mujer en la que fuera plaza pública en la década de los 60. Los vocales de la Asociación de profesores para la protección y difusión del patrimonio histórico Ben Baso recordaban cuando los Naranjos estaba abierto a la ciudad de Sevilla. “Esta de aquí soy yo con mis primos”, señala Matilde, “era un sitio de ir a pasear los domingos, aprovechar con la familia, y siempre que venía alguien de fuera se le enseñaba el barrio de Santa Cruz, la catedral, y el Patio”. A su lado, Esteban recrea la vuelta de las cofradías alrededor de los escalones en donde descansaba cuando era Semana Santa. Estampas que quedaron en la memoria cuando en el 92 se aprovechó la inauguración de la exposición Magna Hispalensis para cerrar el espacio “y poner un contenedor horrible que sirve de tienda, lo cual incumple la normativa de protección”, denuncian.
Desde entonces, las protestas han sido ignoradas y la asociación ha ido dando pasos en consonancia a los distintos colectivos que luchan por la defensa y conservación del legado histórico, como es la tarea pendiente del diseño y ejecución de un Plan Director para este conjunto histórico que ha apoyado el Defensor del Pueblo Andaluz. “El camino es el que hemos iniciado: coordinarnos y que el gobierno revierta lo que se ha hecho con nocturnidad y alevosía”, subraya el portavoz de Sevilla Laica.
Albacete, Cáceres, Córdoba, Granada, Jerez, Palencia, Santander… Las redes sociales han transmitido el apoyo mutuo en las distintas latitudes del territorio nacional. La llamada virtual también llegó a la casa de María Huelva, vecina de Sevilla, quien se enteró por Facebook de la convocatoria de este asunto que lo califica como “indignante”. “Este dinero, con todo lo que pagan los turistas por subir y bajar a estos monumentos, no revierte en la ciudad, pero sí en la Iglesia, que además disfruta de lo público para la rehabilitación de los edificios”, exclama. Próxima a ella está Gracia, que muestra el espíritu reivindicativo de los mayores como un punto a favor, “estamos en todo, nos concentramos por las pensiones, por esto y por todo lo que sea injusto, y más cuando no queremos que la Iglesia expolie lo nuestro”, pero prefiere diferenciar, “no hablamos de religión, sino de lo que es del pueblo”.
La Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla ya le preguntó al alcalde Juan Espadas (PSOE) el pasado mes de mayo acerca de la moción aprobada en febrero de 2018, cuando se votó en bloque a favor de la ampliación y estudio en detalle de la lista de bienes inmatriculados por la curia. Ese mismo mes, la formación Unidas Podemos lanzaba un comunicado a nivel estatal en el que defendía la recuperación para el dominio público de los bienes como refleja el punto 5.11 del acuerdo de Gobierno que pactó con el la agrupación dirigida por Pedro Sánchez.
No obstante, las reacciones han quedado en que el martes 22 el Gobierno aprobara reformar la ley de Patrimonio Histórico, donde resalta la prohibición a la Iglesia de expropiar o registrar los bienes de interés cultural, salvo que se transmitan al Estado u otras delegaciones públicas. Este apartado estuvo contemplado en 2015, año en el que se derogó la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998 impulsada por el mandato de Aznar en el que se reforzó la actividad expoliadora de la Iglesia católica. La lista de los bienes inmatriculados publicada por el actual mandato asciende a 34.961 propiedades, de las cuales en Sevilla se contabilizan más de 200.
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