La Policía la detuvo en la tarde noche del sábado 24 de noviembre de 2012 en Sevilla. Una joven operadora de cámara de televisión grababa una concentración contra los desahucios previstos en la corrala La Ilusión. Hubo una carga policial cuando se produjo una ocupación sorpresa del edificio de la calle Lumbreras. Este jueves es el juicio contra la cámara freelance que recogía las imágenes para La Sexta, a la que la Fiscalía pide nueve meses de cárcel por un delito de desobediencia a los agentes, una multa por los desperfectos supuestamente causados al interior de una furgoneta policial y otra de 12 cuotas de 10 euros cada una o, en su defecto, un día de cárcel por cada dos cuotas impagadas.
Ana García, de 34 años, se sentará en el banquilllo de los acusados junto a otras cuatro personas, procesadas por delitos de atentado por presuntas agresiones de diversos tipo a los agentes. “Veis como me están llevando, veis lo que me están haciendo”, gritaba la cámara a los congregados mientras era llevada al furgón policial antes de ser trasladada a dependencias policiales y requisársele las grabaciones. Según el escrito de acusación del fiscal, la cámara tuvo “una actitud reiterada de no acatar la orden policial” y, ya dentro de la furgoneta, “de forma intencionada golpéo la puerta y la luna trasera izquierda”, causabdo “desperfectos” peritados en 109,41 euros. Ya en dependencias policiales, “mantuvo la misma actitud de desprecio hacia los agentes”, señala el fiscal.
La Fiscalía pide un año y nueve meses de cárcel para cuatro acusados que estaban allí concentrados. El juicio se celebrará a partir de las 11 horas en el Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla. Así narró La Sexta la puesta en libertad de la reportera:
“Se vulneró el libre ejercicio de la profesión periodística”
Por su parte, la Asociación de la Prensa de Sevilla emitía este miércoles un comunicado en el que ha recordado que la detención de la joven provocó “la protesta unánime de toda la profesión periodística, que protagonizó numerosas acciones a favor de Ana García”. La asociación, ante esta vista oral y una vez que no han sido retiradas las acusaciones, “reitera hoy, como hizo en el momento de los hechos, que con la detención de Ana García se vulneró de manera inaceptable y peligrosa el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz”.
Este mismo argumento fue defendido por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y por el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), recuerda la APS, cuyos directivos y del SPA mantuvieron entonces una reunión con representantes de la Delegación del Gobierno en Andalucía en la que exigieron la inmediata retirada de los cargos, que se le devolviera la cámara y el material grabado que le fueron requisados y que se diera una explicación oficial de los motivos de su detención y del trato recibido durante las horas que permaneció en dependencias policiales.
Los portavoces de la Delegación del Gobierno se limitaron a decir que el caso estaba en vía judicial. La presidenta de la FAPE también mantuvo contactos en idéntico sentido con miembros del Ministerio del Interior. En otro ámbito, diputados del PSOE y de Izquierda Unida pidieron explicaciones públicas en el Congreso al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; y el pleno del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción aprobó una moción de apoyo a la operadora de cámara.
Según indica la APS, periodistas de Sevilla protagonizaron una concentración de apoyo a Ana García ante los juzgados y, dos meses después de su detención, la asociación entregó en la Delegación del Gobierno en Andalucía un escrito con las firmas de 1.610 personas, en su inmensa mayoría profesionales del periodismo, en el que se pedía la retirada de los cargos que se le imputaban a Ana García y en el que se consideraba que se había vulnerado el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz.