TRIBUNALES
El juicio arrancará el próximo 24 de octubre en el Juzgado de lo Penal 12 de Sevilla. En el banquillo de los acusados se sentarán nueve jóvenes que fueron identificados por la Policía Nacional el 29 de marzo de 2017 por impedir, junto a otras personas, la circulación del autobús de HazteOir, que meses antes había arrancado una campaña tránsfoba bajo el lema Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. En la vista oral está previsto que testifiquen cerca de una treintena de policías nacionales que intervinieron en aquella actuación.
La organización ultracatólica ejerce la acusación particular en una causa que se archivó en 2018 pero que terminó reabriéndose después de los recursos de la Fiscalía y de la propia HazteOir por los daños materiales que se le imputan a los jóvenes, a los que la Policía puso en el punto de mira con un pormenorizado informe donde desgranaba, además de su supuesta actuación el día de autos, sus vinculaciones con diversos colectivos o asociaciones, clasificándolos como “activistas antifascistas de extrema izquierda”.
Según fuentes judiciales, aún no están cerradas las declaraciones de los agentes, previstas para el segundo día de juicio (26 de octubre) tras las cuestiones previas, los interrogatorios a los acusados, la declaración del conductor del autobús y las testificales de cuatro personas (dos a propuesta de la acusación y dos de las defensas). De acuerdo a las fuentes, hay 22 policías llamados a declarar, si bien todavía faltan los integrantes de otra unidad de intervención (LOBO), por lo que la cifra podría aumentar en cuatro o cinco agentes a expensas de la Fiscalía de Sevilla y la acusación particular terminen de delimitar las testificales que acudan al juicio.
La Fiscalía de Sevilla pide un año y medio de cárcel para cada uno de los nueve jóvenes mientras que la asociación ultracatólica solicita nada menos que doce años de cárcel para cada uno de ellos por delitos de coacciones, desórdenes públicos, discriminación y contra la integridad moral. Como acusación particular, pide también que se les juzgue por un delito de daños ocasionados al vehículo y que cuatro de ellos respondan de otro delito de lesiones leves, de los que deberían responder con penas de multa.
En su escrito de calificación de los hechos HazteOir repasó sus campañas “de difusión y sensibilización social” como la del aborto de 2013, pero se centra en concreto la que arrancó en octubre de 2016 bajo el lema 'Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen'', defendiendo que un juzgado de Madrid permitió la circulación de su autobús al archivar la denuncia de la Fiscalía. Pese a ello, acudieron a Sevilla con otro lema ('Respeto para todos. No al bullying'), disponiéndose a hacer un recorrido por la capital hispalense.
Según explicó HazteOir, “un grupo de personas, debidamente concertados, y amparándose en su número, impidieron con violencia desarrollar su campaña y su derecho a la libre expresión y deambulación”. Las actuaciones de los acusados “fueron realizadas de manera pública motivados por la discrepancia ideológica” y “promovieron e incitaron directa e indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia”, tanto contra la organización como las personas que la componen o que iban en el autobús “por razón de su pertenencia a un grupo determinado por su ideología” mediante acciones “que entrañaban humillación, menosprecio o descrédito, como el lanzamiento de objetos e insultos”.
Los jóvenes declararon el 26 de octubre de 2017. “¿Daños y coacciones al autobús de HazteOir? Yo sí que he recibido daños y coacciones por ser un joven transexual”, dijo uno de los jóvenes querellados antes de entrar a declarar. Desde el colectivo SOCORRE (Solidaridad Contra la Represión) y la Red de Maricones del Sur se lanzó incluso una campaña en la plataforma 'gofundme' en apoyo y solidaridad a las personas encausadas con el objetivo de reunir el dinero con el que poder asumir con dignidad la defensa en el proceso penal que ahora llega al momento del juicio.
Según la acusación, “alteraron el orden público por medio de actos de violencia física y psíquica” contra el vehículo y las personas, “lanzando objetos contundentes”, con “una constante lluvia de piedras y huevos” . “Estos agitadores repetían consignas violentas y discriminatorias mientras sacudían el autobús y le arrancaban el limpiaparabrisas”, relata el escrito, que detalla cómo se impidió la circulación del autobús hasta que la Policía tuvo que escoltarle hasta la salida de la ciudad. HazteOir apenas diferencia entre los nueve jóvenes las acciones que se le imputan, con algunas referencias específicas, señalando que cada uno de ellos “fomentó e incitó al odio, la hostilidad, la agresión simplemente por razones ideológicas”, una cuestión en la que hizo hincapié aquel informe policial.
La Policía se detuvo en “la existencia de un presunto delito de odio de carácter ideológico” con base a unos “indicadores esgrimidos para probar la adscripción ideológica de los participantes” como la “relación del investigado con grupos o asociaciones caracterizados por su odio o animadversión u hostilidad contra otros grupos ideológicos”, la “enemistad histórica entre la víctima y los presuntos culpables”, los “antecedentes policiales del investigado”, “tatuajes, vestuario o estética del autor de los hechos”, los “análisis de sus perfiles en redes sociales”, etc. En esa línea concluye que “la única motivación de los hechos radica en la diferente ideología entre los autores de los hechos y la organización víctima de los mismos, y el odio que les provoca esa discrepancia ideológica”.
Se recordaba al comienzo del informe que el anuncio de la llegada del autobús a Sevilla “enervó los ánimos de colectivos y activistas, a favor de la lucha LGTBI y feministas, así como activistas de extrema izquierda antifascistas”. Los indicativos de la Unidad de Intervención Policial “tuvieron que interponerse entre los concentrados y el autobús para evitar más incidentes”, relatan, desgranando los hechos atribuido a cada uno de los supuestos participantes.
A cada joven se le piden tres años de cárcel por delito de coacciones, tres años por desórdenes públicos, cuatro años por discriminación y dos años por delito contra la integridad moral. Cuatro de ellos se enfrentan a multas por delitos de daños y lesiones leves, mientras que ocho de ellos suman solo el delito de daños. Los acusados deberán indemnizar solidariamente a Ignacio Arsuaga, presidente del grupo, por daños morales en 2.000 euros cada uno y a la asociación en 3.478 euros por los daños causados. HazteOir pide para el acto de juicio oral la hoja histórico criminal de los acusados, así como la prueba testifical de tres miembros de la asociación y de varios agentes de la Policía Nacional que actuaron durante los hechos.
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