La Universidad de Sevilla (US) ha resuelto expulsar “durante un curso o semestre académico” a dos alumnos de la Facultad de Geografía e Historia que distribuyeron carteles con la cara y el nombre de un profesor de la Hispalense, que está siendo objeto de una investigación interna por “sexualizar” y “amenazar” a alumnas, según consta en la propuesta de resolución rectoral a la que ha tenido acceso este periódico.
El pasado mes de abril, un grupo de estudiantes de la Facultad de Historia difundió en las redes sociales un folleto que sus compañeras habían repartido por las aulas, denunciando de forma anónima que “un becario del departamento de Prehistoria y Arqueología sexualiza a alumnas y suspende a toda la clase, metido de cocaína”.
La acusación contra este becario predoctoral de Formación del Profesorado Universitario (FPU) becado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ya había sido puesta en conocimiento del Rectorado de la Hispalense que, a finales del pasado febrero, abrió una investigación interna para esclarecer los hechos. Tras la información adelantada por la edición andaluza de elDiario.es, la propia Universidad emitió un comunicado informando de que había iniciado, además, un expediente disciplinario contra este docente –que no es profesor titular de la US y actualmente está apartado de la docencia– al constatar “evidencias relativas a nuevos hechos” que corroborarían las denuncias del alumnado sobre acoso sexual.
En ese contexto, el Sindicato de Estudiantes y la asociación Libres y Combativas convocó una concentración “por una universidad libre de machismo” para el día 25 de abril, en solidaridad con las alumnos que habían denunciado el acoso sexual de un profesor. Los días previos a la manifestación, a modo de llamamiento para unirse a la convocatoria, miembros de las dos organizaciones estudiantiles difundieron carteles con la imagen y el nombre completo del docente expedientado, señalando también como “cómplices” al decano de la Facultad de Geografía e Historia y al rector de la Hispalense.
Esos carteles son el motivo del expediente disciplinario de los dos estudiantes. La institución académica decidió amonestarles por participar en el reparto y difundir datos personales del profesor, y los días 30 de mayo y 21 de junio se incoaron sendos expedientes disciplinarios. Por esas fechas, las relaciones entre el movimiento estudiantil y el Rectorado se encontraban tensionadas a cuenta de la acampada propalestina que se saldó con un desalojo violento por parte de la Policía Nacional.
Después de tomar declaración a los alumnos expediantados y de desestimar las alegaciones presentadas por ambos, los instructores de la Universidad de Sevilla al frente del caso han resuelto, a principio de este mes de octubre, sancionar a los dos con la “pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso o un semestre académico”. Se trata de una resolución provisional, por lo que la Hispalense se desmiente haber expulsado a ningún estudiante por motivos disciplinarios y recuerda que la última palabra la tiene el rector.
A la espera de conocer si esta resolución se hace efectiva (los estudiantes han vuelto a presentar alegaciones), el Sindicato de Estudiantes y la asociación Libres y Combativas se ha manifestado este martes para intentar frenar lo que consideran un acto de “represión” por parte del Rectorado. A juicio de los estudiantes, los expedientes abiertos contra sus compañeros forman parte de una “persecución” de la institución académica contra las organizaciones estudiantiles, con objeto de amedrantarlos con un mensaje claro: “Si denunciamos el machismo, nos pueden echar de la universidad, para así silenciarnos”.
El motivo que consta en el expediente, no obstante, es “haber distribuido folletos ofensivos y difamatorios en puntos del edificio rectoral contra un miembro de la comunidad universitaria”. El docente en cuestión ha sido apartado de su puesto de trabajo en la US y está siendo investigado por la propia universidad, además de encontrarse inmerso en un procedimiento judicial por supuestos delitos de violencia de género, como figura en la resolución rectoral.
Fuentes de la Universidad sevillana consultadas por este periódico defienden que el reparto de carteles con la imagen de un profesor al que se le acusa de hechos “que todavía no están probados, ni judicialmente ni en ninguna otra instancia” constituye una “actuación vejatoria contra el honor del profesor que no quedaría amparada por la libertad de expresión”, toda vez que las expresiones vertidas son “calumniosas e injuriosas” y encierran un “temerario desprecio hacia la verdad”.
De ahí que resuelvan expulsar temporalmente a los alumnos por “difundir datos de carácter personal y privado” atribuyéndoles “hechos constitutivos de delitos” con “absoluto desprecio a la presunción de inocencia” y, además, por “acusar al decanato de la Facultad de complicidad e incubrimiento de los actos que habría cometido el becario expedientado cuando se había iniciado una investigación interna y un expediente”.
Tras el acto de protesta que han celebrado los estudiantes la mañana de este martes en la antigua Fábrica de Tabacos –sede del Rectorado– al grito de “denunciar el machismo no es un delito”, la Universidad de Sevilla ha subrayado que “la libertad de expresión no puede amparar en ningún caso ofensas ni insultos”. Asimismo, desde la Hispalense se ha recordado que el procedimiento disciplinario de esos dos alumnos continúa abierto, por lo que aún no se puede afirmar que se haya impuesto ninguna sanción contra ellos.
Las organizaciones estudiantiles dan ya por consumada la expulsión, pues temen que los instructores del caso vuelvan a rechazar las diez alegaciones presentadas por cada uno de los alumnos en el último paso antes de que se haga definitiva la resolución. En su escrito de alegaciones, los universitarios defienden que “participar en una acción de denuncia en modo alguno puede ser objeto de un Expediente Disciplinario. Máxime cuando se trata de una protesta absolutamente razonable y con evidentes factores de relevancia”. Y añaden: “Que la Universidad de Sevilla actúe en vía disciplinaria contra quienes apoyan a las víctimas y denuncian a los maltratadores y ampare con carácter prioritario el 'honor' del presunto maltratador, es cuando menos merecedor de una profunda y necesaria reflexión”.
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