El Gobierno que preside el socialista Juan Espadas en Sevilla está dando pasos que apuntan hacia un avance significativo para tratar de dar soluciones a la situación del colectivo de senegaleses que ejerce la venta ambulante en la capital andaluza. El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha mantenido este jueves un encuentro con el colectivo y se ha comprometido a la creación de una mesa de trabajo en la que se integrarían las áreas municipales relacionadas con el problema que afecta a este grupo de personas.
De este modo, estarían en esta mesa de trabajo el delegado del Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, Juan Manuel Flores; y el titular de Economía, Comercio y Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana, Francisco Páez (PSOE), además del responsable de Gobernación. Se espera que el arranque de los trabajos de este grupo de trabajo transversal tenga lugar a la vuelta del periodo navideño.
Unión y Acuerdo
Verónica Ambriz, que asesora jurídicamente a Jappo ak Deggo --denominación de la asociación que forman estas personas pero que aún no se ha constituido legalmente y que significa Unión y Acuerdo-- se ha mostrado esperanzada con el resultado de esta última reunión, ya que “parece que hay una voluntad y un compromiso de trabajar para buscar una solución laboral y social para el colectivo”, formado en Sevilla por unas 80 personas.
Esta abogada, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y Máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, cree que la solución debe venir del trabajo de técnicos y expertos, ya que se trata de un problema muy compleja en la que confluyen factores administrativos, legales, laborales y sociales. Ambriz pide una hoja de ruta y plazos para que puedan ir materializándose cuestiones y este punto de partida no quede en un brindis al sol.
“No quieren que se les regale nada, no son delincuentes y la mayoría son personas que vienen de sus países con una formación”, comenta Ambriz, que subraya las dificultades a las que se enfrentan: “Cuando van a la Seguridad Social, les piden los papeles de inmigración, y en inmigración, les piden el contrato de trabajo. Así que es la pescadilla que se muerde la cola”, explica.
Nueva generación con formación y aspiraciones
La asesora jurídica apunta que actualmente el colectivo está ultimando los trámites para que la asociación quede definitivamente registrada de forma legal. Después de un trabajo de años, esta abogada ve a este grupo “más empoderado” y además destaca que se trata de una nueva generación de jóvenes que no ve en la venta ambulante su opción de vida, “que no se ha adaptado o acomodado” a esa forma de ganarse la vida, sino que aspira a tener otras oportunidades.
En este sentido, se trataría, por un lado, de facilitar una formación complementaria a aquellas personas que ya vienen con una formación, de manera que puedan ganarse la vida de una manera alternativa a la venta ambulante; mientras que a los que quieren continuar con la venta, fundamentalmente de artesanía, se les dé ubicación en los mercadillos que legalmente se asientan en la ciudad, según ha precisado esta letrada.
Por su parte, la concejal de Adelante Sevilla, Sandra Heredia, también presente en la reunión, ha valorado muy positivamente el encuentro de este jueves entre el Gobierno municipal y los manteros, ya que considera que ha habido un “viraje” en el sentido de entender el asunto de forma más integral, no únicamente como cuestión del ámbito de la seguridad, sino como un problema que abarca también la perspectiva sociolaboral y comercial.
“Vigilantes frente a discursos de odio”
Heredia ha reconocido la “buena disposición” del equipo de Gobierno y ha recordado que hasta llegar a este punto, en el que parece que se avanza en la buena dirección, “ha habido un trabajo previo de Participa Sevilla en el mandato anterior y de los movimientos sociales”. Además, ante la “actual proliferación de discursos de odio”, la edil ha subrayado la necesidad de estar “vigilantes” con la situación de colectivos vulnerables como el que forman estas personas.
Fuentes del Ejecutivo local, por su parte, confirman el buen entendimiento en la reunión mantenida esta semana con el colectivo, así como su disposición a trabajar de forma colaborativa desde las áreas municipales implicadas para intentar ofrecer a estas personas alternativas para integrarse socialmente y ganarse la vida de manera legal.
Desde el Gobierno municipal, que reconoce las dificultades de la situación de este colectivo, la intención es promover medidas destinadas a la regularización de la situación administrativa de estas personas, así como estudiar la posible integración de su actividad en los mercadillos legalmente constituidos, para que abandonen la venta de productos falsificados y apuesten por otras mercancías. Además, pretende propiciar el acceso de estas personas a planes y talleres de empleo, habida cuenta de que muchas de ellas cuentan con formación específica para desempeñar distintos oficios.
Rifirrafe político
La reunión celebrada este jueves entre los manteros y el Gobierno local tiene su precedente más inmediato en otro encuentro celebrado el 31 de mayo pasado, donde ya comenzaron a darse pasos para abordar esta cuestión desde una perspectiva transversal, no sólo desde el punto de vista de la seguridad.
La venta ambulante ilegal sigue siendo un tema de rifirrafe político en la Corporación local. De hecho, en el último Pleno municipal, celebrado el 21 de noviembre, salió adelante una propuesta presentada por el Grupo Popular sobre un plan de control policial de las calles afectadas por la venta ambulante ilegal y un operativo para ofrecerle recursos sociales a los manteros.
Durante dicho debate, en el que el PP denunció la proliferación de la venta ambulante ilegal en zonas como la calle Tetuán, Plaza de España, Luis de Morales o Su Eminencia, el concejal de Gobernación explicó el voto afirmativo del PSOE aludiendo a que muchas de las medidas ya se llevan a cabo, como el control policial y la apuesta por ampliar plazas de agentes de la Policía Local, así como la ayuda para reorientar laboralmente a estas personas. Adelante Sevilla, por su parte, votó en contra de la iniciativa al no aceptarse su propuesta de votación separada de los distintos puntos que la componían.