El problema de los “apagones” que denuncian los barrios obreros de Sevilla es una constante todo el año que se dispara cuando llega el frío o el calor extremo. A las puertas del verano, y con el precedente de la temporada anterior palpitante en el recuerdo, los vecinos de Polígono Sur, Torreblanca, Palmete, Padre Pío o La Plata están ya en estado de alerta. “Se nos viene el verano”, apuntó a este periódico la portavoz de la plataforma Nosotros también somos Sevilla, Rosario García, mientras se dirigía a la Audiencia de Sevilla para solicitar que se investigue si hay “ilícito penal” en los “continuos” cortes de luz.
También Endesa, la distribuidora que abastece de suministro eléctrico a estas zonas de la capital, tiene los ojos puestos en esta temporada estival porque se presenta como “la prueba de fuego” del plan especial de inversiones que ha llevado a cabo desde que el pasado verano la presión social alcanzara su punto álgido en plena ola de calor.
Concretamente, para tratar de paliar el impacto que tiene en la vida cotidiana de los ciudadanos convivir con permanentes interrupciones de suministro, Endesa ha invertido 2,5 millones de euros en colocar 9 centros de transformación que vienen a reforzar la red en aquellas zonas que presentan “una sobrecarga excesiva de potencia” provocada, según explica la compañía eléctrica, por “el fraude masivo, especialmente dedicado al cultivo de marihuana”.
En este sentido, fuentes de Endesa indican a este periódico que cada una de las plantaciones indoor de marihuana demanda una potencia equivalente al consumo de 80 viviendas que se produce, además, de forma “ininterrumpida” las 24 horas del día durante todo el año. De modo que al aumentar la demanda en el resto de viviendas por el calor, se sobrecarga la red, afectando a los vecinos con contrato en vigor, que “no reciben el servicio que están pagando”, como denuncian desde la plataforma Barrios Hartos.
En efecto, Endesa reconoce que “el fraude eléctrico que cometen unos pocos perjudica a los clientes con contrato”. Esto es, al 57% de los 15.503 suministros asociados a los 39 centros de transformación más afectados por el fraude. De hecho, estos 39 concentran casi el 60% de las incidencias en la red eléctrica que se registran en los 3.200 centros colocados por toda la capital hispalense, de acuerdo con los datos de la distribuidora de electricidad.
Los nuevos transformadores cuentan con instalaciones previstas para abastecer a 1.600 viviendas. Pero el problema, como indican desde Endesa, es que buena parte de la energía que se genera en estos centros es absorbida por los enganches ilegales. En concreto, la potencia total contratada en esos 39 centros se corresponde tan solo con un 34% y lo restante conduce a consumidores sin contrato.
De ahí que, sin pretender “estigmatizar” a los vecinos que habitan la zona y están “en situación legal”, la compañía insista en que se trata de “un problema social” y no de suministro eléctrico, pues la sobrecarga “no tiene ninguna justificación ni explicación técnica”, según aseveran fuentes de la empresa, quienes remarcan también que la red de distribución está “sobredimensionada”, puesto que “hay mucha más potencia instalada respecto de la necesaria”.
De un modo u otro, los damnificados exigen que “si la excusa son otros problemas, que los solucionen”, y atribuyen a Endesa la responsabilidad de “no dar luz a los vecinos”. “Si pagamos, nos tienen que dar un servicio y no echar la culpa a nadie”, arguyó en este sentido la portavoz de la plataforma Nosotros también somos Sevilla, Rosario García, minutos antes de presentar ante la Fiscalía Provincial una denuncia contra la citada empresa, firmada por 18 vecinos de Polígono Sur con contratos de suministro eléctrico en vigor y “al corriente” de sus pagos.
“No solo preocupa el aire acondicionado, sino personas que necesitan las máquinas de oxígeno, las camas articuladas... se lo tienen que tomar en serio”, insiste en este sentido la portavoz de la plataforma que aglutina a colectivos que dan voz a los vecinos con menor renta neta media anual por persona de toda España, según las estadísticas. Una reivindicación que se coló a finales de abril en la junta de accionistas de Endesa de la mano de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y gracias a la Fundación Finanzas Éticas. Fue Natalia García, delegada de APDHA, quien se encargó de transmitir al accionariado de la distribuidora eléctrica el “grave impacto social” que tienen “los cortes de luz en los hogares de muchas familias usuarias”
Compartiendo las mismas reivindicaciones, la homóloga de Rosario García en Barrios Hartos, Eva Collado, se hace eco de la inquietud que se respira ya entre los habitantes de Su Eminencia, Padre Pío o Palmete, en vísperas de que arranque el verano. Sobre todo, después del episodio de calor extremo que se vivió el pasado mes de abril y amenazó con ser la antesala de una época estival virulenta en lo que respecta a los cortes de luz. Tanto fue así que a principios de mayo, los vecinos celebraron ya las primeras movilizaciones de esta temporada, motivadas por “la desesperación” que había suscitado el incremento de los apagones fruto de las temperaturas desorbitadas.
Con todo, la portavoz de la plataforma interdistritos que abandera la lucha contra los apagones en barrios de trabajadores admite que, a raíz de la instalación “en tiempo récord” de los nuevos centros de transformación, “ya no son barrios enteros, sino calles” las que se quedan sin luz. “De momento están funcionando los transformadores, hay que ver cuando empiecen las temperaturas extremas si dan un servicio correcto”, señala desde el escepticismo Eva Collado, quien remarca, no obstante, que “los cortes se siguen produciendo” aunque “más aislados y de menos duración” gracias a las temperaturas moderadas que nos está dejando este atípico mes de junio.
En la misma línea, desde Endesa, confirman que ninguno de los nueve centros de transformación de reciente instalación ha sufrido incidencias hasta el momento, si bien reconocen que la punta de incidencias suele coincidir con la de demanda, que alcanza su pico en la segunda quincena de junio y principios de julio.
En cualquier caso, fuentes de la compañía de electricidad esperan que esta temporada de verano sea más liviana que la pasada, pues los barrios afectados por sobrecarga en la red como Polígono Sur, Torreblanca, Palmete, Padre Pío o La Plata han centrado las actuaciones acometidas en los últimos años por parte de Endesa. Así, solo en Polígono Sur, además de la instalación de un nuevo centro de transformación en la Ronda Nuestra Señora de la Oliva, se han destinado en 2022 cerca de 2,5 millones de euros en actuaciones de mejora en la calidad y seguridad de los suministros eléctricos.
Por su parte, Torreblanca ha recibido tres de los nueve centros de transformación instalados en los últimos meses y Cerro Amate-Palmete –el distrito que acumula mayores incidencias en el registro que contabiliza Barrios Hartos– cuenta con otros tres nuevos centros de transformación, de acuerdo con la información de Endesa.
Además de invertir en la mejora y sobredimensionamiento de la red, desde la distribuidora indican que han intensificado la colaboración institucional para “atajar la raíz del problema”. De esta forma, se están ejecutando inspecciones periódicas junto a la Policía como acción preventiva contra el fraude eléctrico. De las 3.998 revisiones realizadas en lo que llevamos de 2023, se ha detectado un 25% de fraude. Pero tales intervenciones no siempre son efectivas, pues aun logrando reducir “de forma considerable” las cargas en los centros una vez realizadas, a los pocos días, vuelven a intensificarse, demostrando que “el defraudador es reincidente”, en palabras de la empresa.
En este punto, desde Endesa se incide en que el fraude eléctrico conlleva problemas muy graves de seguridad, tanto para las personas que manipulan las instalaciones como para los vecinos, pues incrementa el riesgo de electrocución, deflagración o incendio. Junto al problema de seguridad, estas prácticas ilícitas repercuten también en la economía de los consumidores, pues se recuerda que lo que una persona defrauda deriva en un aumento de la factura eléctrica anual de 150 millones de euros, como pasó en 2022, según la CNMC, que asumen “los bolsillos del resto de ciudadanos”.
Por todo ello, la compañía vuelve a incidir en que la solución a este problema estructural que reivindican los colectivos vecinales desde hace años pasa por sumar la colaboración de todas las administraciones competentes, así como de las entidades sociales y de la sociedad en su conjunto para erradicar el cultivo ilegal de marihuana en entornos urbanos. A este respecto, indican también la necesidad de emprender una reforma legal “para endurecer las penas y evitar las reincidencias”, como apostillan fuentes de Endesa.
Mientras que llega la calor, los vecinos continúan organizándose y celebrando asambleas, sin descartar volver a protagonizar actos como la ocupación de centros cívicos en Bellavista, Torreblanca o Su Eminencia. Acciones reivindicativas que coparon la actualidad la temporada anterior y promovieron la instalación de los centros de transformación en los que se han depositado las esperanzas para este verano.
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