El acceso a la educación de 0 a 3 años para todas las familias que lo deseen es una de las medidas aprobadas en las primeras votaciones del pacto educativo. Los grupos han coincidido al presentar esta iniciativa en la subcomisión del Congreso en la que se debate este acuerdo, aunque hay diferencias en el modelo con el que pretenden desarrollarlo.
Estas decisiones todavía no son vinculantes, suponen un primer paso para acordar posteriormente la redacción final del primer punto del pacto, una declaración de intenciones sobre el sistema educativo español. El contexto nacional plantea que actualmente hay una disparidad en la escolarización de 0 a 2 años por comunidad autónoma. Si la media nacional de escolarización en esta etapa se situó en el 36,2% en el curso 2015-16, en Ceuta y Canarias se encuentra en el 13% frente al 51,5% del País Vasco o 47,3% de Madrid.
PSOE y Unidos Podemos abogan por “universalizar el derecho a la educación desde 0 hasta los 18 años”. Los socialistas reseñan que la administración debería “garantizar la escolarización a todas las personas que lo soliciten” en el tramo no obligatorio de 0 a 3 años.
Por su parte, el grupo confederal apuesta por “la gratuidad de los estudios y la oferta suficiente de plazas en centros públicos”. Ciudadanos incluyó una medida relativa a este punto aunque optaban por una “universalización progresiva” en el tramo 0-3 años. Su portavoz abre la puerta a concertarlas o subvencionarlas a través del cheque escolar.
Los grupos políticos han votado a favor de estas propuestas en la subcomisión, según la información parlamentaria a la que ha tenido acceso eldiario.es. Por su parte, la propuesta de los populares fue rechazada en las primeras votaciones del pacto, aunque consistía en “avanzar en la gratuidad progresiva del primer ciclo de Educación Infantil”.
Pepa Alcrudo, una de las portavoces del Colectivo Infancia, aclara que si finalmente se determina que esta etapa de 0 a 3 años es un ciclo educativo, se tiene que “ofertar plazas” a todo alumnado que lo requiera. El investigador Jaume Blasco incide en este punto y destaca que actualmente las administraciones no tienen capacidad de cubrir todas las peticiones.
“Muchos municipios, especialmente los urbanos, tienen más demanda que oferta de plazas en centros públicos. Si se queda fuera del sorteo una familia con recursos puede pagar la plaza en una privada, pero si la que se queda fuera es una familia con renta baja le crean un problema, no hay alternativa más allá de pagar 450 euros al mes”, explica Blasco, que ha analizado los modelos de escuela infantil y las políticas de primera infancia en un informe de la Fundación Jaume Bofill.
En él recuerda que la tasa nacional de escolarización está por encima de la media europea, situada en el 30%, y enmarca esta cifra en la apuesta que realizan otros países de nuestro entorno por “otras combinaciones de políticas” como permisos de paternidad y maternidad más amplios y atención en el propio hogar o en hogares de crianza.
PNL aprobada en septiembre
El Congreso de los Diputados ya instó en septiembre al Gobierno a poner en marcha una reforma para regular este tramo educativo y avanzar en su gratuidad. Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos acordaron una PNL para impulsar un real decreto que enmarcarse esta etapa dentro de las competencias educativas y no asistenciales. Apostaron por fijar los contenidos educativos, los requisitos de los centros, los perfiles profesionales y los objetivos de ciclo.
A pesar de que el Ejecutivo no ha tenido en cuenta esta iniciativa, el Partido Popular llegó a presentar una medida similar en la subcomisión apostando por la aprobación de “un marco común de contenidos educativos y requisitos de los centros y perfiles profesionales” en la primera etapa de Educación Infantil. Finalmente, este epígrafe ha sido rechazado en la subcomisión. eldiario.es se ha puesto en contacto con los populares para conocer su posicionamiento sobre este ciclo de enseñanza, sin haber recibido respuesta por el momento.
Por su parte, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos mantienen su apuesta por regularizar estas enseñanzas, gestionarlas como una etapa educativa y aumentar el número de plazas. Las diferencias llegan al abordar el modelo que lo sustente: público o concertado. Marta Martín, diputada del grupo de Albert Rivera, incide en que habrá “comunidades donde se pueda ofertar en centros públicos, otras de forma complementaria y otras en las que la alternativa sea el cheque escolar”, en referencia a la educación concertada. Además, Martín aclara que su grupo apuesta por una universalización progresiva, proponen alcanzar un 30% de escolarización de 0 a 3 años en 2030 y que en ese mismo periodo a la edad de dos años llegue al 90%.
Unidos Podemos cuestiona el modelo actual. Su portavoz de educación, Javier Sánchez, considera que la financiación a través de los cheques-guarderías es una “concertación encubierta” y debería “estar garantizado por la red pública”. “Hay muchas familias que necesitan ayudan para escolarizar a sus hijos y de ellas se benefician guarderías concertadas, con condiciones laborales precarias”, informa el diputado.
La socialista Mari Luz Martínez Seijo también reseña que la universalización y el incremento de plazas debe encaminarse “por el sistema público”. “Si verdaderamente es educación, no puede quedar al arbitrio de la financiación local”, destaca recordando que actualmente muchas corporaciones locales son las encargadas de estos centros educativos.
Escasez de plazas públicas
En la PNL impulsada por Unidos Podemos, recordaban que las principales dificultades para las familias con hijos menores de tres años “son principalmente la falta de plazas públicas” e incidían en el impacto que tiene esta medida en los entornos con escasos recursos económicos y provoca una brecha de género en la conciliación.
“Un dato que apoya esta tesis lo encontramos en el aumento del 9,2% de excedencias por cuidados familiares que se produjo en el año 2014 en relación al año anterior, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tras tres años consecutivos de bajadas”, apuntan en esta proposición, “si se analizan en profundidad estos datos, contrasta el número de mujeres solicitantes de estos permisos (7.834) frente al de hombres (637), lo cual resulta altamente preocupante en cuanto supone un retroceso en la igualdad entre hombres y mujeres”.