Solo 12 de 81 universidades españolas cumplen los requisitos que exigirá el Gobierno para ser consideradas como tal

Públicas, privadas, presenciales o a distancia, todas casi por igual. La mayoría de las universidades españolas, sean del tipo que sean, no cumplen con alguno de los requisitos que el Gobierno impondrá a estos centros para seguir considerándolos como tales. Solo 12 de 81 universidades evaluadas (en total hay 88, pero de algunas no hay ciertos datos) cumplen todos los mínimos que aparecen en el borrador de Real Decreto que está tramitando el Ministerio de Universidades estos días, según un estudio del Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya (OSU) a partir de datos sobre todo del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Más aún, solo 18 de esas mismas 81 universidades cumplen los requisitos actualmente en vigor, según el Real Decreto (RD) aprobado por José Ignacio Wert, más laxo que el actual en cuanto a las condiciones.

Las Universidades van a tener que aplicarse para cumplir con el nuevo RD que prepara el Ministerio que dirige Manuel Castells. El borrador presentado especifica que todos los centros deberán alcanzar los mínimos que se plantean, para lo que tendrán cinco años en el caso de los campus ya existentes, sean privados o públicos, impartan docencia presencial, a distancia o una mezcla de ambas. El espíritu de los cambios que planea Universidades es evitar la proliferación de centros privados de dudosa calidad, especialmente con un modelo de enseñanza online, que se está dando recientemente, según explicaron fuentes del ministerio cuando se presentó el decreto.

Cuando se apruebe el Real Decreto, según el OSU y solo teniendo en cuenta solo los centros propios, no los adscritos, solo cumplirán la ley: la Universidad de Almería, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Granada, la Universidad de La Laguna, la Universidad de León, la Universidad de Oviedo, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universitat Politècnica de València, la Universidade de Santiago de Compostela, la Universidad de Sevilla, la Universidade de Vigo. De momento, a esos 12 centros todavía se unen la Universidade de A Coruña, la Universidad de Extremadura, la Universidad de Jaén, la Universidad de Deusto, la Universidad de Loyola de Andalucía y la la Universidad Pontificia de Salamanca, que cumplen los requisitos vigentes actualmente pero dejarán de hacerlo cuando se endurezca la normativa (ver gráficos).

“Hay un incumplimiento generalizado de los requisitos vigentes, que además lo están desde hace mucho, se limitan a cinco y a pesar de eso solo 18 universidades de 81 analizadas cumplen”, explica Vera Sacristán, presidenta del OSU y exprofesora de la Universidad Politécnica de Catalunya. Y es un incumplimiento que sale gratis, lamenta: “No ha tenido consecuencias todos estos años”.

Así, el nuevo texto legal endurece los mínimos que las universidades deberán cumplir. Los requisitos contemplados abarcan cuatro grandes aspectos de la Universidad: la oferta docente que deben realizar (al menos diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres programas oficiales de doctorado de tres de las cinco grandes ramas del conocimiento; también contar con al menos un 50% de su alumnado en grados y dobles grados y los matriculados en formación continua no podrán ser el doble o más de los que estudian títulos oficiales); la actividad investigadora (cinco proyectos de investigación concedidos, un 60% de profesores con sexenios aprobados entre los profesores doctores, dedicar al menos el 5% de su presupuesto a la I+D+i); plantilla del Personal Docente Investigador (una relación de un PDI por cada entre 50 y 100 estudiantes, no superar el 50% de PDI temporal); y una serie de requisitos relativos a los centros adscritos a las universidades que la mayoría incumple o no ofrece información al respecto. Estos centros adscritos normalmente son escuelas o entidades similares, casi todos privados, que se unen a una pública para ofrecer sus títulos oficiales bajo ese paraguas.

Sacristán cree que el decreto que tramita el Gobierno es coherente con el sistema universitario español. “El sistema español es conocido por ser un buen sistema para todos. Tiene un nivel alto en general, Merkel pidió ingenieros españoles un momento que les faltaba, a Reino Unido llegaron titulados de enfermería a petición de ellos. El decreto es coherente con esto e intenta mantenerlo en todas las universidades”, valora Sacristán. Respecto a las quejas de las universidades privadas a través del Foro Emilia Pardo Bazán por lo que creen un exceso en la cantidad de requisitos (Stanford no tiene tres áreas de conocimiento o Harvard más másters que grados, aducen), la exprofesora explica que estos centros responden al modelo estadounidense, “de especialización, donde hay un abismo entre por ejemplo el MIT y una población pequeña del medio oeste”, un modelo que difiere del español o europeo.

Desde la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) explican que “comparten la filosofía del proyecto” de Real Decreto y recuerdan que las universidades tendrán un plazo de cinco años para adaptarse. En una nota, la organización lamenta en relación a las plantillas docentes que “se aprecian ahora, y en toda su crudeza, las graves consecuencias que supusieron las políticas de recortes impuestas al Sistema Universitario Español durante la pasada crisis económica”, y recuerda que estas no se han revertido del todo. Y concluyen los rectores: “En otros aspectos, como es el caso de la cualificación del PDI o de la actividad investigadora, es importante resaltar que tanto los requisitos exigidos en el Real Decreto como los indicadores utilizados en algunos informes para la medición del grado de cumplimiento actual de la futura norma, deben precisarse con más claridad. En el Real Decreto, el sistema de medición de la actividad investigadora ni está suficientemente detallado ni responde a un criterio homogéneo y aplicable a todas las disciplinas”.

De Catalunya a Galicia

El grado de incumplimiento, tanto presente como futuro, varía mucho entre Universidades e incluso entre regiones, explica el OSU. Aunque todos los mínimos que establece el Gobierno son igual de obligatorios, hay centros que con una pequeña modificación pasarán a cumplir y otros que lo tienen prácticamente imposible. Entre los primeros se pueden citar las Universidades de Alcalá o Alicante, que solo necesitan bajar ligeramente su porcentaje de PDI temporal; entre los segundos, la Universidad del Atlántico Medio, de Canarias, no llega a uno solo de los 11 requisitos que exigirá el Gobierno (y algunos, como la oferta de doctorados, exigen de varios años para implantarse) o la Fernando Pessoa-Canarias, que sí cumple uno de los requisitos sobre estudiantes.

La situación también varía mucho en función del filtro con que se miren las Universidades. A nivel de comunidad autónoma, por ejemplo, ni una sola de las 12 universidades catalanas (siete públicas, cinco privadas) cumple todos los requisitos actualmente exigibles, siempre según datos del OSU. Le sigue Madrid, donde solo una de las 14 (la Politécnica, pública) llega. En el otro extremo, cinco de las diez universidades andaluzas (una privada y cuatro públicas) están bien. También destaca en el sentido positivo Galicia, que tiene tres universidades y las tres cumplen actualmente (serán dos cuando se apruebe el nuevo texto).

El OSU explica que las universidades públicas fallan principalmente en los requisitos relativos a las plantillas de PDI (33 de 48 públicas fallan aquí), mientras superan las exigencias investigadoras (solo 10 no llegan). Las privadas sí tienen problemas con la investigación (solo una de las 33 estudiadas cumple los tres requisitos que es posible comprobar a partir de los datos públicos, explica el Observatorio), lo cual también repercute en los doctorados y el porcentaje de profesores con sexenios, su punto más flojo, y las plantillas de PDI (nueve cumplen), mientras tienen su punto fuerte en la oferta docente (y aún así más de la mitad, 17 sobre 33, se quedan cortas).