Con la desactivación de Madrid Central, la capital española se queda, por el momento, a contracorriente. A contramano de la tendencia en Europa donde funcionan más de 300 zonas de bajas emisiones contaminantes (ZBE) y del inminente mandato de la ley de Cambio Climático de crear esas áreas en ciudades de más de 50.000 habitantes para mejorar la calidad del aire que respiran sus vecinos.
Solo 48 horas después de la decisión del Tribunal Supremo, que no entraba en el fondo del asunto y que ha pillado por sorpresa al Ayuntamiento de Madrid, se aprobará definitivamente en el Congreso la norma que exige, para 2023, que los municipios de más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones. Precisamente, un perímetro como el que ya funcionaba en Madrid y que ha caído este martes, fruto del recurso por motivos de forma del PP cuando era oposición en el Ayuntamiento de la capital.
Esa disposición de la ley climática se aplicará a 149 municipios donde viven en total más de 25 millones de personas. La mayoría debe ponerlas en marcha. Madrid ya tenía una, Barcelona otra. Además, la normativa intenta evitar vaivenes según el color de las administraciones locales: “Cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente”. De hecho, el actual alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, centró su campaña electoral de 2019 en el desmontaje de Madrid Central. Sin embargo, al llegar al palacio de Cibeles dictó una moratoria de multas que la justicia sentenció inviable.
“Las ZBE son una figura de lo más común en toda Europa y siempre las hemos defendido como una herramienta para conseguir mejorar la calidad del aire en entornos sensibles como son las grandes ciudades”, analiza Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace, una de las organizaciones —junto a Ecologistas en Acción– que frenó el primer intento de José Luis Martínez Almeida de desactivar Madrid Central.
“Ahora tendrá que explicar en qué situación queda todo. Algo que podría haberse ahorrado si el propio Martínez- Almeida hubiera retirado el recurso de forma. Ha tenido mucho tiempo para evitar este follón”, insiste Fernández. El Ayuntamiento dirigido por el PP tiene dos meses para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ocasionó el propio PP. El Gobierno de la ciudad pretende seguir multando mientras tanto.
Capitales, pero no solo capitales
La tendencia en la Unión Europa (además de Reino Unido y Noruega) es la contraria a la que adoptó el Partido Popular de Madrid: cada vez más ciudades incorporan este tipo de medidas para batallar contra la polución atmosférica. Solo en cuanto a capitales de estado, Berlín, Viena, Roma, París, Bruselas, Ámsterdam, Copenhague, Estocolmo, Oslo, Atenas, Londres, Lisboa o Praga (en preparación) han implementado algún tipo de ZBE. Otras muchas ciudades no capitalinas también tienen diversos esquemas de zonas.
La eficacia de las zonas de bajas emisiones va acumulando evidencias. En el caso de España, no es preciso extrapolar datos desde otros países: en el primer año de funcionamiento de Madrid Central, la contaminación estuvo en niveles históricamente bajos (aunque todavía fuera del rango obligatorio). La relación directa entre el uso masivo de automóviles y la polución alta se vio especialmente confirmada durante 2020: los meses de confinamiento obligatorio por la pandemia de COVID-19 arrojaron datos muy positivos sobre calidad el aire en muchas ciudades españolas. Al reactivarse el transporte privado la tendencia volvió a ser al alza.
El tráfico emite diversos tóxicos al aire que respiran los ciudadanos. Los tubos de escape liberan dióxido de nitrógeno (NO2) o micropartículas (PM 2,5 o PM 10). Además, los gases del tráfico provocan que la radiación solar reaccione sobre ellos para dar ozono troposférico, otro agente lesivo para la salud humana.
Madrid ha incumplido repetidamente el límite legal de concentración de NO2 de la UE desde que entró en vigor en 2010. Además, un macroestudio de las universidades de Harvard, London College y Birmingham calculó en febrero pasado las muertes prematuras asociadas a la inhalación de PM 2,5 causadas por quemar combustibles fósiles como el carbón, el gasoil y la gasolina. En España son unas 44.600, algo más del 10% de los fallecimientos anuales de personas mayores de 14 años.
Greenpeace ha utilizado los datos de ese estudio para visualizarlos en un mapa: las zonas más oscuras, es decir, con más número de muertes antes de tiempo están, precisamente, en Madrid y Barcelona.
Adrián Fernández también detalla que las inminentes zonas de bajas emisiones en España necesitan algunos requisitos para ser eficaces: “En primer lugar tienen que ser revisables en el tiempo para que las tecnologías más obsoletas se queden fuera y a la vez permita a la población adaptarse a las restricciones”. Es decir, que automóviles que actualmente pueden acceder a los perímetros protegidos, con los años, queden excluidos. Y en segundo lugar “que los ámbitos de actuación sirvan para eliminar coches que estuvieran contaminando. No que se designen un par de calles o un casco histórico que ya estuviera prácticamente peatonalizado y por donde no estén ahora pasando automóviles. Deben tener cierto grado de ambición”.