El 40% de las aguas de las que depende España están en mal estado

El 40% de las masas de aguas de las que vive España están en mal estado. Ya sea por sobreexplotados, contaminados o deteriorados ecológicamente, casi la mitad de los ríos, lagunas, humedales o acuíferos no cumplen los requisitos marcados por la normativa de aguas, según las evaluaciones de las 26 confederaciones hidrográficas, revisadas por elDiario.es.

El problema afecta a 2.450 de las 6.188 masas de agua evaluadas en las demarcaciones de la península y los archipiélagos para acometer los nuevos planes hidrológicos ahora en elaboración. Los problemas vienen, según indican estos documentos, por el desequilibrio entre el agua disponible y el volumen que se capta para su uso, por la pobre calidad química del agua, los vertidos de restos agroganaderos a cursos y acuíferos o la degeneración de los ecosistemas por los que discurre esa agua: un río, un embalse, un humedal…

Se trata de una realidad reconocida por el Ministerio de Transición Ecológica, cuya dirección general del Agua admite que hace falta inversiones específicas para revertir la situación. La zona con más problemas acumulados es la del río Segura (que discurre por Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana y Murcia) con un 60% de sus masas de agua que no cumplen los objetivos. Las Cuencas Catalanas y la del río Guadiana rozan ese nivel, con un 58%. La cuenca del Tajo, la del río Guadalete y las Islas Baleares en su conjunto superan la mitad de sus masas en mal estado. También por encima de esa media del 40% están el Duero, la Cuencas Mediterráneas Andaluzas y la de los ríos Tinto-Odiel-Piedras (Andalucía occidental).

En el otro lado, las zonas de España con mejores datos son Galicia-Costa con un 16% de sus masas en mal estado y las del Cantábrico oriental y occidental (que rondan el 20%). En Canarias, las dificultades se centran en el subsuelo ya que, de las 17 masas que no alcanzan los niveles exigidos, 13 son acuíferos: un 75%.

Transición Ecológica calcula que va a poder destinar 1.700 millones de euros de los fondos de recuperación europeos al agua y, de esos, 800 millones deberían ser para “la recuperación de ríos, humedales y protección ante las inundaciones”.

La investigadora de la Fundación Nueva Cultura del Agua Nuria Hernández-Mora analiza que “la prioridad número uno debería ser la protección y restauración de ríos. El Gobierno ha informado de que a esto se destinarán unos 200 millones que es algo escaso, pero positivo”. Hernández-Mora, doctora en Geografía, recuerda que España se encamina a un nuevo escenario “donde el cambio climático va a provocar que haya menos recursos hídricos y la alteración de los patrones de precipitación hacia un modelo con más sequías y precipitaciones más torrenciales”.

En este sentido, Gonzalo de la Cámara, coordinador del departamento de Agua del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, entiende que “se había quedado algo coja la pata del discurso de transición hídrica que es crucial para la adaptación al cambio climático”, por lo que “está bien que se ponga el énfasis en la recuperación y regeneración de espacios fluviales con soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo, en zonas como el sur y sureste de la península: el Guadiana, el Segura o las cuencas andaluzas orientales donde es necesaria esa recuperación de ríos y acuíferos”.

Hernández Mora resume que “debería haber un giro en el paradigma de explotación del agua que reduzca la presión de los ecosistemas acuáticos con un enfoque hacia la protección y restauración. Reducir la presión que soportan por la sobreexplotación, la contaminación difusa y las aguas mal depuradas”.

Sobre el asunto del tratamiento de aguas utilizadas, el ingeniero agrónomo y miembro de Ecologistas en Acción Santiago Martín Barajas analiza que “en depuración andamos muy flojos. Se vierten a los ríos o al mar el agua de nueve millones de personas sin depurar nada. Y de las depuradoras que sí funcionan el 35% funciona regular”. De hecho, España paga una multa a la Unión Europea de alrededor de 10 millones de euros cada seis meses por la depuración defectuosa de aguas decretada por una sentencia el Tribunal Europeo de Justicia de 2019.

De la Cámara explica que las sanciones ejercen una “presión fuerte” para destinar dinero a saneamiento, regeneración y recuperación del agua, “pero el dinero no puede limitarse a tapar parches para evitar multas”. El economista advierte de que los fondos “deben promover transformaciones y avanzar en la transición hídrica, no pueden servir para apalancar los modelos de gestión de los que queremos alejarnos” y que son los que han provocado los problemas. Mucho del dinero se va a transferir a comunidades autónomas y entidades locales: “Hay que monitorizarlo”, resume De la Cámara.

Caudales ecológicos “raquíticos”

“Si queremos que los ríos nos proporcionen los servicios que necesitamos y con agua de calidad, los cursos tienen que funcionar como ríos con caudales”, explica Nuria Hernández-Mora. Algunos ríos en España fluyen con un llamado caudal ecológico –el que debe preservar los hábitats– de apenas un 10%. “Eso es raquítico y está pensado para la explotación del agua”, afirma la investigadora. Un río con más caudal “incrementa la resiliencia y reduce la vulnerabilidad. Con mayor caudal puede recuperarse el estado químico”.

En la misma idea de recuperar ríos, Santiago Martín Barajas recuerda la importancia de renaturalizar los tramos urbanos. Que haya un calendario concreto para todos esos segmentos. Y añade: “Habría que invertir en mejorar las reservas naturales fluviales. Eso es fundamental. ”

Los tres analistas coinciden en que mejorar las masas de agua de las que depende España implica abordar el sector agrario, principal consumidor de los recursos hídricos. Atajar la contaminación difusa “para impedir la degradación de los ecosistemas acuáticos, cuya biodiversidad es mucho más vulnerable que los ecosistemas terrestres”, como recuerda Gonzalo de la Cámara. “Hay actuaciones que no requieren dinero, por ejemplo [el problema de] la contaminación a base de los desechos de la agricultura y ganadería intesivas. Ahí es muy importante la decisión política”, remata Martín Barajas.

Nuria Hernández-Mora habla de priorizar medidas de reducción y gestión de la demanda. “No puede ser que nuestra única o principal medida sea la modernización de los sistemas de regadío. Las enormes inversiones que se han hecho en ese sentido en los últimos 15 años no han servido para arreglar el problema hídrico: hay que controlar la expansión del regadío que llega de las comunidades autónomas proponiendo la conversión de hectáreas”.

Con todo, esos 1.700 millones de euros que está planificando la Dirección General del Agua del Gobierno son el equivalente al plan de inversiones de la empresa de aguas Canal de Isabel II para desarrollar 250 proyectos. “No se puede esperar que ese esfuerzo inversor resuelva todos los problemas, pero sí que marque las líneas: una hoja de ruta para décadas que se respete”, entiende De la Cámara. Luego tendría que venir un esfuerzo realmente contundente.