Aproximadamente el 45% de todos los abortos practicados en el mundo son inseguros y suponen la hospitalización de cerca de siete millones de mujeres al año. El último informe sobre el estado de la población mundial del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), publicado recientemente, alertaba del riesgo para la salud y para la vida de las mujeres que implican las restricciones, legales o de facto, a los derechos sexuales y reproductivos. Sus conclusiones toman hoy otro cariz después de que la filtración de un documento muestre que el Tribunal Supremo de EEUU está a punto de desproteger el derecho al aborto en la primera potencia mundial, una decisión cuyo impacto sería enorme, en el país y fuera de sus fronteras.
La alta prevalencia de los abortos inseguros hace que la situación pueda describirse, asegura el UNFPA, como “una emergencia de salud pública”. El informe del Fondo de Población de Naciones Unidas aporta numerosos datos. Por ejemplo, que los abortos inseguros causan entre el 5 y el 13% de todas las muertes maternas, “lo que los convierte en una de las principales causas de la mortalidad materna”. Y que más del 60% de los embarazos no intencionales terminan en aborto, en condiciones de riesgo o sin riesgo, sea legal o ilegal allá donde se produce.
Pero es que, además, los abortos inseguros tienen también un impacto económico negativo para los estados. Solo en tratamientos posteriores al aborto suponen un coste de cerca 500 millones de euros.
Después de conocer el borrador del Supremo de EEUU filtrado a la prensa, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmaba este miércoles que restringir el acceso a esta práctica no reduce su incidencia sino que “arrastra a mujeres y chicas a procedimientos inseguros”. “Las mujeres siempre deberían tener el derecho a elegir en lo que respecta a sus cuerpos y a su salud. El acceso a un aborto seguro salva vidas”, ha dicho. Estos días, la propia OMS ha defendido en sus cuentas en redes sociales el derecho de las mujeres de todo el mundo “a acceder a prácticas abortivas seguras”.
Amnistía Internacional también ha advertido que, de confirmarse la decisión del Tribunal Supremo, EEUU estaría ante “una violación atroz de los derechos humanos” que obligaría a muchas mujeres a seguir adelante forzosamente con embarazos y a buscar abortos inseguros. “El aborto es una necesidad de salud médica básica para millones de mujeres, niñas y personas que pueden quedar embarazadas. Forzar a alguien a seguir adelante con un embarazo, por la razón que sea, es una violación grotesca de los derechos humanos. Mientras buena parte del mundo está expandiendo los derechos humanos, incluido el derecho al aborto, los Estados Unidos están volviendo atrás en el tiempo y poniendo en riesgo las vidas y la libertad de millones de personas”, decía la Directora Nacional de Programas de la organización, Tarah Demant.
Los embarazos no intencionales suman los no planeados y los no deseados. Cada año, tienen lugar en el mundo 121 millones de embarazos no intencionales. Que la cifra sea tan elevada, señala el informe del UNFPA, “hace cuestionarse hasta qué punto se priorizan y valoran los derechos y el potencial de más de la mitad de la humanidad”. El Fondo asegura que los países con mayor desarrollo social y económico y mayor nivel de igualdad de género tienden a registrar menores tasas de embarazos no intencionales.
En contra de lo que los sectores más conservadores suelen argumentar, restringir el derecho al aborto no reduce esta práctica, solo empeora las consecuencias para las mujeres. Las leyes restrictivas sobre el aborto, dice el informe, “no han demostrado reducir la cantidad de procedimientos de este tipo que se llevan a cabo”. Sin embargo, en los países con altos ingresos y leyes flexibles sobre el aborto, la proporción de embarazos que se interrumpen es “mucho menor” que la que se registra en países de ingresos similares pero normas estrictas.
Además, por lo general, los países en los que se permite la interrupción voluntaria del embarazo libre durante unas semanas o por ciertas razones, tienen tasas de embarazos no intencionales inferiores a los lugares donde cuentan con legislación que prohíbe la práctica o la restringe a casos muy concretos. El UNFPA cree que la correlación es “manifiesta” pero no casual: la hipótesis es que allá donde hay leyes flexibles sobre el aborto hay también servicios de salud sexual y reproductiva accesibles y adaptados a la vida de las personas.
Si quieres estar al tanto de los artículos, reportajes y columnas que hacemos sobre igualdad y feminismo, o en los que aplicamos la visión de género, apúntate aquí a nuestro boletín semanal Cuarto Propio. Una selección de contenidos propios y también de otros medios, recomendaciones culturales, comentarios sobre la actualidad... cada miércoles en tu buzón.