Cada año, una media de 800.000 toneladas de nitrógeno, utilizado para favorecer la producción agrícola y ganadera, son vertidas de una manera u otra al medio natural. Esos desechos acaban contaminando la aguas y, por eso, Europa va a juzgar a España.
Todos los años, el sector agrario añade un promedio de 2,3 millones de toneladas de nitrógeno a la tierra. Pueden ser fertilizantes químicos o estiércoles de la cabaña ganadera. Cada año, también, los cultivos y la volatilización “extraen” algo más de 1,5 millones de toneladas.
Lo que queda es un “excedente neto” –como lo denomina el Ministerio de Agricultura– de unas 800.000 tonelada anuales que terminan en los ecosistemas, muchas veces en forma de nitratos que contaminan el agua. El Tribunal de Justicia Europeo dirimirá pues, si, como dice Bruselas, España no ha protegido lo suficiente las aguas de las presiones que impone el modelo agrario intensivo.
España está entre los Estados de la UE que padecen “mala calidad del agua en todo su territorio y un problema sistémico para gestionar la contaminación por nutrientes procedentes de la agricultura”, según indicaba ya la Comisión en un informe para el Consejo y el Parlamento europeos en octubre de este año.
A esta situación no se ha llegado de la noche a la mañana. En 2015, la Comisión Europea inició una investigación tras analizar los datos ofrecidos por España entre 2008 y 2011. Finalmente, en 2018, los técnicos europeos decidieron abrir un expediente sancionador. Tras los avisos de rigor y la última respuesta remitida por el Ejecutivo en octubre de 2020, la CE ha decidido llevar a España ante los jueces comunitarios.
Con todo, el Gobierno es consciente de que la contaminación del agua por los vertidos agrarios ha generado una bola que va a costar deshacer: “La magnitud del problema en España se pone en evidencia por los impactos que registran las aguas superficiales y subterráneas, constatados en las concentraciones de nitratos y fitosanitarios”, describía en su propio informe de situación de diciembre de 2020 con datos completos hasta 2017.
Y luego admitía que ese problema estaba extendido por todo el territorio: “Todas las demarcaciones hidrográficas han destacado la relevancia de este asunto” y lo consideran una “prioridad”. Solo desde que comenzó el procedimiento, hace más de seis años, los ecosistemas españoles han recibido unos cuatro millones toneladas de esa contaminación proveniente del sector agroindustrial.
El uso de nitrógeno para multiplicar la producción está asociado al modelo intensivo. Así lo describe el Ministerio de Transición Ecológica al revisar los excedentes por hectárea que reflejan los inventarios. Si la media nacional de exceso de nitrógeno es de 30 kilos por hectárea de superficie agraria, en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia superan los 60 y los 40 kilogramos respectivamente. La razón, analiza el Ministerio, es que en esas comunidades se ha desarrollado “una agricultura más intensiva” que precisa “de un mayor uso de fertilizantes”.
Completa ese análisis el hecho de que en Catalunya y Galicia “el peso de la ganadería” haga que sus excedentes de nitrógeno por hectárea –es decir, la cantidad de nitratos que van a contaminar el medio natural– esté también en la franja alta, con 58 y 42 kilos por hectárea.
La relación entre mayor contaminación por nitratos y la intensificación que busca mayor producción también se ve con claridad al observar cómo en los años 2008 y 2009 se registraron sendas caídas de este excedente especialmente en áreas “con una agricultura más extensiva [en contraposición a la intensiva] o con menos rendimientos por hectárea”, describe Transición Ecológica, como fueron ambas Castillas y Andalucía.
En aquellos años se dio un importante descenso en la venta de fertilizantes “por el aumento del precio de petróleo”, dice el informe, y “la reducción de la demanda por la crisis económica que se une al petróleo”. Ciertamente, el uso de fertilizantes a base de nitrógeno pasó de 985.000 toneladas de “elemento fertilizante nitrogenado” en 2007 a 739.000 toneladas en 2008, según el Ministerio de Agricultura. Un 25% menos de un año para otro.
Lidiar con agua contaminada es un mal negocio
Además, lidiar con acuíferos, embalses y ríos con aguas contaminadas por nitratos es un mal negocio, al menos si se quiere cumplir con la normativa. Al explicar los motivos por los que decidía llevar a España ante los tribunales, la Comisión exponía que el objetivo de la directiva que –sostienen– no se está cumpliendo es “proteger a las aguas de la contaminación que suponen los nitratos de fuentes agrarias”. Y remataba: “Purificar el exceso de este producto en las aguas destinadas al consumo humano es, además, un proceso muy caro”.
Aún así, el sector de la agricultura más intensiva en uso de recursos y fertilizantes, la del regadío, ha entrado en confrontación con el Gobierno por las nuevas directrices de planificación hidrológica que, según su criterio, no tienen suficientemente en cuenta sus demandas. La Federación de Regantes Fenacore ha llamado “ecologismo radical” a los borradores de nuevos planes hidrológicos y sostiene que ellos son imprescindibles para satisfacer la demanda mundial de alimentos: “El futuro es el regadío y la tecnología”, insisten al exponer que cada hectárea regada produce “seis veces más”. No hacen referencia a este problema constatado de contaminación que ha terminado por suponer un juicio para el Estado.