El 85% de España es un coto de caza mientras las licencias caen al mínimo histórico en 20 años
Cuando hay temporada, casi toda España es un coto de caza a disposición de cada vez menos cazadores. El 85% de la superficie del país es terreno cinegético. Una proporción que se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Sin embargo, en los últimos 20 años el número de licencias no ha parado de caer: un 38% menos entre 2001 y 2020, cuando se registraron 678.000 permisos, según el último Anuario de Estadística Forestal del Ministerio de Transición Ecológica.
Sin embargo, aunque decreciente, el sector cinegético se deja sentir. Tanto como para que, tras meses de declaraciones y manifestaciones, el Gobierno se viera abocado a una fuerte tensión interna por la inclusión o exclusión de los perros de caza en la ley de Bienestar Animal.
Una tensión que culminó en que el Congreso avalase, a propuesta del PSOE y en contra del criterio de Unidas Podemos, desvincular de la nueva protección a perros de caza y rehalas. Una decisión que la Real Federación Española de Caza vio “muy positiva”. Para su presidente, Manuel Gallardo, “aunque lo ideal es que la ley no hubiera salido adelante por la falta de consenso y diálogo con todos los sectores afectados, el resultado es muy positivo para el sector cinegético”.
Las licencias expedidas en 2020 suponen el mínimo de las dos últimas décadas. Un descenso del 9% respecto a 2019. Sin embargo, las maniobras para impedir regulaciones que el sector de la caza rechaza han crecido.
La brecha por la ley de Bienestar Animal
Solo respecto a ley de Bienestar Animal, los cazadores iniciaron su esprint en diciembre de 2021 cuando anunciaron movilizaciones al rebufo de las reivindicaciones de la llamada España vaciada. De allí salieron dos convocatorias de manifestación. Incluso las federaciones de caza financiaron fuertemente la marcha antigobierno de marzo de 2022, aunque luego se quejaron de que les habían invisibilizado.
Aunque lo ideal es que la ley no hubiera salido adelante por la falta de consenso y diálogo con todos los sectores afectados, el resultado es muy positivo para el sector cinegético
El 13 de septiembre pasado, cuando el proyecto de ley estaba ya en el Congreso, el PSOE presentó su enmienda para dejar fuera a los perros usados para cazar. La federación continuó lo que denominaba “intenso trabajo con todos los grupos”. La enmienda pasó el trámite de comisión parlamentaria en diciembre. En febrero de este año se aprobó la ley con la moción incorporada.
Los presidentes autonómicos socialistas Emiliano García Page (Castilla-La Mancha) y Guillermo Fernández Vara (Extremadura) se congratularon por la votación.
El lobby cinegético Fundación Artemisán ha achacado a la COVID-19 la fuerte bajada de licencias de 2020. “Un descenso entre el 10% y el 20%”, según comunidades autónomas, como “consecuencia del coronavirus”.
Si bien es cierto que los estados de alarma para gestionar la pandemia supusieron restricciones a los cazadores, la tendencia a la baja está consolidada en el tiempo, no es cosa de un año perdido. La última vez que hubo un repunte de licencias fue 2010. Entonces se expidieron algo más de un millón. A partir de entonces, el desplome es continuado. Al año siguiente perdió la cota millonaria, en 2013 cayó por debajo de las 900.000, en 2018 se quedó en 769.000 y en 2020 bajó aún más. “Un descenso considerable”, según describe el Anuario.
En un análisis del sector cinegético que realizó el Ministerio de Agricultura el año pasado decía: “La caza se enfrenta a un envejecimiento de la población cazadora y a un escaso relevo generacional”. Y también señalaba el “alejamiento de la actividad de la caza y su entorno entre las generaciones más jóvenes”.
De hecho, en aquel 2020 de confinamientos para contener la expansión de la pandemia de COVID-19, no todos los deportes que se practican en la naturaleza se vinieron abajo. Las licencias de disciplinas de montaña y escalada subieron levementede 248.400 a 248.900, según la Memoria del Consejo Superior de Deportes . El piragüismo creció un 33% e incluso la pesca experimentó una caída anual, pero solo del 3%, no del 9% como la caza. Los deportes de nieve sí cayeron más: un 27%.
Con todo, en 2020 se concedieron más licencias para tener armas largas de caza mayor que el año anterior: 74.400 por 63.700 (un 17%), según los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior. Las armas de 5,6 mm y escopetas quedaron casi igual, por encima de los 160.000 nuevos permisos (un 0,6% menos). En realidad lo que hay es muchas más armas de caza mayor, aunque no haya más cazadores. En diez años, mientras las licencias caían un tercio, estos rifles han crecido de 292.000 a 357.000. un 22% más.
Pero lo que permanece invariable es la proporción de terreno dedicado a cazar que es mucho. Un 85% de la superficie de España es cinegética ya sea un coto privado, municipal, regional, social o reserva de caza. 43 de los 50 millones de hectáreas totales. “Es muy similar al de años anteriores”, certifica Transición Ecológica.
De los 32.000 cotos que funcionan con alguna figura legal, 31.000 son privados y unos mil de oferta pública.
En La Rioja, el 99% de su territorio es cinegético. En la Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Cataluña y Principado de Asturias el porcentaje también supera el 90%. La comunidad con menos superficie es Canarias que, aun así, supera el 50%. La siguiente con índice más bajo es la Región de Murcia y ya se va a los dos tercios de su suelo.
Lo que sí supuso la caída de actividad es menos animales cobrados. 582.000 en lugar de 675.000 piezas de caza mayor de la temporada anterior, pero, sobre todo, muchas menos aves: 10,9 millones por 13 millones (es el menor volumen en 20 años). “La pandemia se ha visto reflejada en las cifras de la actividad cinegética, que ha disminuido significativamente”.
Talleres escolares de caza e insumisión educativa
El caso de la ley animal ha sido el más famoso, pero no el único. En marzo del año pasado el Ejecutivo aprobó la nueva Estrategia Nacional de Gestión Cinegética que calificaba a los cazadores “herramienta” contra la España vaciada.
“Nunca la caza se había impulsado tanto y tan mal” consideraron en Ecologistas en Acción. “Avala un sin fin de malas prácticas”. La organización se quejó de que se había aprobado sin “una verdadera participación pública” para, precisamente, “dar cabida sin controversia a las reivindicaciones del sector cinegético”. Su portavoz Miguel Ángel Hernández confirma que ya han presentado un recurso en la Audiencia Nacional.
Nunca la caza se había impulsado tanto y tan mal. Avala un sin fin de malas prácticas
Pero el presidente de los cazadores, Miguel Gallardo, salió en defensa de la estrategia: “Observamos con estupor el cuestionamiento que se está haciendo de este trabajo del Ministerio de Agricultura”, encargado de diseñar el documento.
En agosto de 2020, El Gobierno de Andalucía acordó declarar Bien de Interés Cultural las rehalas y las monterías. Eso hace, a nivel legal, que “los propietarios, titulares y poseedores” tengan “el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos”. Dos años después, la Junta de Extremadura hizo lo mismo en junio de 2022.
En estas dos comunidades, los Gobiernos autonómicos han acogido la demanda de las federaciones cinegéticas de impartir cursos a escolares. El Ejecutivo extremeño subvenciona los talleres desde hace años. El de Andalucía los ha introducido recientemente mediante un proyecto llamado Huellas insertado en el programa educativo Vivir y Sentir el Patrimonio de la Junta. El proyecto es “un ambicioso proyecto educativo desarrollado por un equipo docente de la Federación Andaluza de Caza” y ofertado a los colegios públicos.
El anhelo por filtrar la caza en las escuelas –ante el desinterés ya diagnosticado por esta práctica– ha venido de lejos. Las manifestaciones antigobierno de inicios de 2022 reclamaron “el derecho a la educación cinegética en los colegios”. Y la Fedederación de Caza llamó a la insumisión educativa porque la ESO incorpora en sus contenidos el derecho de los animales.
La Estrategia Nacional de caza ha terminado por recoger entre sus propuestas la “organización de talleres medioambientales dirigidos a escolares de identificación de fauna silvestre y sus huellas”.
Y luego está la pelea por impedir quedarse sin sus trofeos favoritos. Desde el lobo a la codorniz pasando por la tórtola. En todos los casos, los cazadores quieren evitar la protección de especies que suponga no poder dispararles.
Con el lobo y la tórtola, la legislación y sanciones europeas han frustrado sus deseos. Pero su influencia sí ha surtido efecto, de momento, con la codorniz. El Comité Científico de Transición Ecológica dictaminó que cumplía los requisitos para que la especie fuera declarada en peligro de extinción.
Eso supone una protección que no permite cazar. Cada temporada se matan más de un millón de codornices, un trofeo muy codiciado de caza menor. Antes de revisar el estatus de la codorniz en una sesión del Comité de Flora y Fauna que reúne al Gobierno central y autonómicos, el Ministerio de Agricultura hizo llegar un nuevo informe que contradecía el dictamen científico.
El documento había sido aportado por el lobby cinegético Fundación Artemisán. “Los datos de los cazadores paralizan la votación”, declararon. Lo cierto es que Transición Ecológica detuvo el proceso y pidió un nuevo dictamen al Comité Científico. Las temporadas de codorniz han continuado.
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Gráficos: Victòria Oliveres
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