El 87% de los colegios concertados cobra cuotas: 202 euros de media al mes en Catalunya, 133 en Madrid y 84 en Euskadi

Casi nueve de cada diez colegios concertados, teóricamente gratuitos, cobra una cuota a las familias. En el 77% esta aportación no es voluntaria, bien porque el centro la exige bien porque en el caso de impago el alumno queda excluido de ciertas actividades educativas esenciales, según denuncian la asociación de centros privados Cicae y la federación de asociaciones de AMPAS de la escuela pública Ceapa en su sexto Estudio de Precios de Colegios Concertados.

La situación de estos pagos varía mucho entre comunidades autónomas, según el informe, que ha preguntado bajo la técnica del cliente misterioso –se simula tener interés en matricular a un niño para pedir información a los colegios– en 338 centros de todo el país. Los precios más altos se pagan en Catalunya, donde cada familia aporta de media 202 euros al mes. En Madrid son 133 y en Euskadi 84. Los más bajos, en Galicia (32 euros mensuales), Aragón (36) y Andalucía (46). La cuota más cara detectada en toda España corresponde al colegio St Paul's, de Barcelona, y llega a los 930 euros mensuales por alumno. El centro se justifica argumentando que “no se puede decir que es obligatoria, pero todo el mundo la paga. Sin esta aportación el St. Paul's no sería lo que es. Todo lo que se ofrece tiene un coste”. También hay otros que no cobran nada.

Elena Cid, directora general de Cicae, ha explicado en la presentación del informe que el oscurantismo es la tónica en el sector. “Existe una gran opacidad en la financiación de los colegios concertados, pero es sorprendente que todos los concertados reciban la misma financiación y exista esta disparidad. Se está incumpliendo lo acordado en el concierto educativo” porque “hay centros que se están lucrando con esa connivencia de la administración”, afirma.

Tanto los colegios privados –que se sienten agraviados por la doble financiación que reciben los concertados– como la federación de AMPAS –que se siente doblemente perjudicada porque tienen que pagar las cuotas y a la vez se detraen recursos de la escuela pública– confían en que la nueva ley educativa, la Lomloe, ataje este problema de una vez. La normativa establece en su artículo 88 que “en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos”, y manda a las administraciones (las comunidades autónomas en este caso) que controlen estos pagos.

La Lomloe lo especifica más, pero la gratuidad de la enseñanza concertada está consagrada en la ley desde su misma creación, en 1985. Leticia Cardenal, presidenta de Ceapa, ha señalado que este control no parece una cuestión de leyes, sino de voluntad política. “No entendemos que, desde la Administración, se permita que nos sigan abrasando a las familias con cuotas que solo sirven para que algunos se hagan ricos”, ha manifestado.

Las cuotas bajaron el curso de la COVID

El análisis de la evolución de la cuota media en las siete comunidades analizadas muestra que la cuantía bajó sensiblemente el año pasado, en el que los centros estuvieron cerrados el último trimestre debido a la pandemia. Aragón la redujo de 58 euros a 38, por ejemplo, Galicia bajó de 63 a 48 y Madrid de 153 a 110. El informe refleja que los colegios no han recuperado esa caída, excepto en el caso valenciano. En el resto de comunidades la concertada cobra hoy una cuota más baja que hace dos cursos, incluida Catalunya que, si bien no bajó su precio el curso pasado, si lo ha hecho este.

Cicae y Ceapa denuncian que los centros obligan a las familias a pagar las cuotas porque estas se ofrecen a cambio de actividades complementarias de las que no puede participar quien no paga. Y estas actividades, cuentan, se ponen en mitad del horario escolar o son actividades curriculares, como psicomotricidad fina, inglés, robótica, ortografía o ajedrez. “Nos sorprende que se hagan estas actividades en horario lectivo”, valora Cardenal, “cuando a nosotros como AMPAS nos dicen cuando queremos hacer algo similar que no se pueden realizar actividades complementarias en horario lectivo”. “Lo tendría que dictaminar un juez, pero Creo que es ilegal el cobro obligatorio por una actividad curricular sostenida y amparada por los fondos públicos”, añade Cid.

“Son casos claros de discriminación”, sostiene el informe, que pone cifras a esta práctica. A nivel nacional, el 15% de los colegios concertados excluye al alumnado de ciertas actividades si no paga la cuota, pero hay comunidades en las que es más habitual, como Madrid (un 33% de los centros realiza esta práctica) o Valencia (28%).