Activistas trans inician una huelga de hambre para exigir la tramitación de la ley integral del colectivo
Un total de 17 activistas han iniciado este miércoles una huelga de hambre para exigir el “desbloqueo” de la ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans. Lo han anunciado a las puertas del Congreso de los Diputados, donde han avisado de que tiene carácter indefinido “que solo terminará” cuando Unidos Podemos, grupo que registró la iniciativa el pasado mes de febrero, la lleve a pleno.
Las personas que han iniciado la huelga son activistas y madres de menores trans que pertenecen a la Plataforma por los Derechos Trans, un colectivo de ámbito estatal impulsor de la ley. “Han pasado más de siete meses y Unidos Podemos se niega a darnos una fecha para llevar el proyecto al Pleno para su votación a tramite”, explican desde la Plataforma. “Esto –prosiguen– supone el secuestro de nuestras esperanzas, anhelos de igualdad y nuestros derechos, así mismo impide que otros grupos políticos puedan votar el trámite”.
Desde Unidos Podemos niegan el retraso y aseguran que la iniciativa está en cauce parlamentario con los plazos habituales. “Vemos bien la huelga. El Gobierno tiene la oportunidad de acelerar el proceso a través de un proyecto de ley, nosotras ya se lo hemos planteado en la mesa de negociación”, explican fuentes del partido.
Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma e impulsora de la huelga, a la que han denominado #FuriaTrans, explica en un vídeo los motivos de la acción: “No es una ley de privilegios, es una ley que va a protegernos de la discriminación a las personas trans y posibilitar a través de un marco jurídico que seamos iguales al resto de ciudadanos en el ámbito educativo, sanitario, en el deporte, a los menores, a las personas migrantes...”.
“Las personas trans hemos sufrido un apartheid social, laboral, afectivo, político y médico. Somos las más 'nadies' de los nadies', las castigadas entre los castigados, las humilladas entre los humillados y, en el franquismo y la Transición, fuimos lo peor de lo peor entre los presos sociales, y también hemos sido las olvidadas de la democracia”, ha asegurado a las puertas del Congreso.
Unidos Podemos registró el pasado mes de febrero la iniciativa, basada en el principio rector de la libre determinación de la identidad y la expresión de género. Entonces, la portavoz Irene Montero calificó de “histórico” el inicio del camino parlamentario de la norma, que esgrime medidas concretas en diversos ámbitos. Entre otras, prevé que las personas trans sean tratadas en base a su género sentido en todos los espacios, tanto públicos como privados, que su nombre elegido sea respetado en todos los documentos e incide en el reconocimiento de las personas no binarias.
La ley pretende la creación de protocolos para asegurar la no discriminación de las personas trans en el ámbito sanitario, educativo y laboral, además de la implementación de programas de formación para los profesionales de la justicia y la salud. En este sentido, prevé el desarrollo de un nuevo modelo despatologizador, que garantice el apoyo, la atención y la no discriminación de las personas trans en el acceso a la salud.
Despatologización trans
Varias comunidades autónomas ya tiene sus propias leyes trans, una situación que, en palabras de Cambrollé, dibuja “un mapa de desigualdad territorial”, al que debe poner freno la ley estatal. “Las personas trans hemos tenido que esperar muchísimos años para tener gestos que nos consideraran ciudadanía a la que hay que tener en cuenta”, reclama la activista.
La iniciativa también incluye la reforma de la Ley 3/2007 de 15 de marzo, que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. El sentido de la modificación implica que las personas trans no sean tratadas como enfermas para poder acceder al cambio de nombre y sexo legal en los documentos oficiales. Actualmente, un médico debe diagnosticarles disforia de género y la regulación actual les obliga a pasar dos años de tratamiento hormonal.
Por otro lado, excluye a los menores de esta posibilidad y exige como requisito la nacionalidad española, por lo que también deja de lado a las personas extranjeras que residen en nuestro país.
Al igual que la ley integral trans, una proposición de ley del PSOE cuya toma en consideración se aprobó en noviembre de 2017 en el pleno, modifica estos aspectos con el objetivo de lograr la despatologización de la transexualidad.
