Las Comunidades se niegan a reducir el número de alumnos por aula y sumarán como mucho un docente más por centro

Catalunya contratará 5.000 profesionales para sus colegios y la vuelta a clases será presencial para todos; Madrid quiere que todos los alumnos vayan a los centros, sin distancia de seguridad y, por el momento, no aumentará su plantilla docente; Euskadi, entre una y otra: la vuelta es presencial, por lo que considera que no necesita docentes nuevos; Andalucía anuncia 6.500 contrataciones y permitirá “agrupar” dos asignaturas distintas para compartir aula. Castilla y León y Aragón prevén contar con más docentes, pero no los cuantifican todavía.

Son algunos ejemplos, los ya conocidos o anunciados, de los planes de las comunidades autónomas de cara a la vuelta al colegio en septiembre. Cada consejería está eligiendo su propio camino para organizar el retorno, y si tienen algo en común, con la excepción que de momento supone Valencia, es que el metro y medio de distancia de seguridad mínima entre alumnos parece ya casi una ocurrencia lejana: que vivan las “agrupaciones estables de convivencia” y las mascarillas.

Tampoco parece que ninguna haya abrazado la idea de bajar las ratios que se estuvo barajando e incluso casi poniendo como única solución posible durante semanas. Los 6.260 profesores que ha anunciado Andalucía no llegan a sumar un docente en cada uno de los 6.487 centros educativos de la comunidad, aunque para repartirlos se priorizarán algunos centros sobre otros. Los 5.000 de Catalunya prácticamente se corresponden con sus 4.608 colegios. Y estas son las que más contrataciones han anunciado. Madrid está en el cero, Murcia y Euskadi también, al menos de momento. Desde Aragón no especifican, pero advierten de que ya tienen las ratios “bastante bajas”, por lo que no se esperan grandes movimientos. Castilla y León también anuncia que sumará profesores en un número todavía indeterminado.

La excepción a la norma la pone la Comunidad Valenciana. Allí, la Consellería que dirige Vicent Marzà en su plan de vuelta al colegio, publicado este jueves, establece que los centros deberán respetar el metro y medio de distancia entre el alumnado a partir de 4º de Primaria y especifica que aquellos que no puedan garantizar la asistencia diaria de todo el alumnado cumpliendo estos parámetros deberán priorizar a los menores de 14 años, como se acordó con el Ministerio de Educación en la última Conferencia Sectorial. Para el resto de Primaria e Infantil se trabajará con los grupos estables de convivencia, de un máximo de 20 alumnos. También anuncia la Consellería, en consecuencia, que se contratarán profesores para atender a estas clases con menos alumnos.

“Teníamos esperanzas”

La decepción entre el profesorado es palpable. No es que el sector haya sido una balsa de aceite precisamente durante estos meses, pero la decisión generalizada de obviar las recomendaciones de mantener la distancia de seguridad y la renuncia de la mayoría de las comunidades a bajar las ratios de alumnos por clase por la vía de contratar más profesorado irrita a los docentes (en Madrid suenan tímidos tambores de huelga), preocupados por lo que consideran un ninguneo hacia ellos.

“Teníamos esperanzas de que se rebajasen las ratios cuando la ministra [Isabel Celaá] habló de clases de 15 alumnos. Incluso alguna comunidad llegó a mencionar 12. Pero todo eso se ha desvanecido, no sé si será porque la pandemia está algo mejor que hace un mes, aunque nosotros creemos que es una cuestión presupuestaria”, desliza José Ramón Merino, responsable de Política Educativa del sindicato STES.

“Algunas comunidades van a aprovechar para volver a las aulas como si nada hubiera pasado”, lamenta Francisco García, responsable de Educación de CCOO. “La perspectiva para septiembre es que pase lo mismo que ha pasado en Francia o Israel cuando han abierto estos meses: han tenido que cerrar de nuevo algunos centros por casos confirmados o sospechosos”, coincide Merino.

Por eso consideran básico ampliar las plantillas, para reducir ratios y por ende, tanto las posibilidades de contagio como los efectos en caso de que se produzcan. “Las contrataciones que se están anunciado son insuficientes. Nosotros hicimos un cálculo en base a los 15 alumnos por aula que figuran en las recomendaciones del Ministerio de Educación y eso significaba abrir 87.000 unidades más, o sea, un total de 166.000 profesores”, expone García, quien recuerda un estudio de la Universidad de Granada que calculaba que los contactos cruzados de un grupo de 20 alumnos rondaban las 800 personas en dos días. “Pues imagina 30”.

Se puede olvidar García de los 166.000 docentes extra. Hay regiones, como Madrid, que no contemplan contratar un solo profesor más si no hay un empeoramiento de las condiciones sanitarias que fuerce el cierre de centros. Cuestionan los directores madrileños para qué les preguntó la Consejería cuántos docentes extras calculaban que podrían necesitar de cara al próximo curso. Los cuatro profesionales extra que estimó José que necesitaría para su colegio, de 500 alumnos, cayeron en saco roto.

Si las tres comunidades más pobladas (Andalucía, Catalunya y Madrid), que suman más de la mitad de los 8,2 millones de alumnos que tiene el sistema, anuncian 11.000 en conjunto, raro será que el desembarco de nuevos docentes llegue a los 20.000 en todo el país.

Como si nada hubiera pasado

Los representantes de los profesores tienen la sensación de que la mayoría de las comunidades están actuando bajo la esperanza, basada en nada, de que en septiembre todo sea normal o casi. “Ahora resulta que el metro y medio ya no es tan importante y las comunidades pueden elegir entre eso y la mascarilla”, comenta Raimundo de los Reyes, presidente de la federación de asociaciones de directivos de instituto Fedadi.

Y esto aplica a los más mayores (Secundaria y Bachillerato), que sí tendrán obligación de llevar protección si no pueden mantener el metro y medio recomendado (o más bien cuando no puedan, dado que sin más profesores ni más espacio no hay alternativa). Los más pequeños (Infantil y Primaria) acudirán a los centros en “grupos de convivencia estables” y aislados entre sí que no tendrán que mantener la distancia ni llevar mascarillas por su edad.

Estos grupos, lamentan los profesores, han sufrido un proceso similar al del metro y medio. En un principio iban a ser de 15, ampliables excepcionalmente a 20. Luego desapareció el tope, que ahora lo marcará la ratio (hasta 20 en Infantil y 25 en Primaria). Para mantenerlos aislados, las comunidades proponen realizar turnos de entrada y salida diferenciados.

“No creemos que se pueda llevar a cabo”, asegura Merino, de STES. “Quizá en un colegio pequeño, con 3 o 4 unidades, se puedan establecer turnos de entrada. Pero en uno no digo ya grande, sino normal, es imposible. No vas a poner 20 horarios de entrada y salida distintos”.

“Las condiciones pueden ser horrorosas”

También hay preocupaciones más mundanas, pero no menos importantes. Juntar a 30 alumnos y un profesor o dos en septiembre en un espacio de 50 o 60 metros cuadrados, todos con mascarilla porque no estarán respetando la distancia de seguridad, puede ser complicado según dónde.

“Las condiciones de calor en regiones como esta [Murcia] pueden ser horrorosas. Veo complicado que se pueda aguantar así”, sostiene De los Reyes, director en un centro. “Y encima pretender que esa clase sea productiva”.

De fondo sobrevuela otra incógnita. ¿Qué va a suceder con los 2.000 millones de euros para Educación del fondo especial COVID-19 que se van a repartir en septiembre entre las comunidades autónomas? Cada una puede destinar su parte –aún sin desglosar– a lo que quiera, sea educación pública o privada concertada, sea a contratar profesores o construir escuelas.

García advierte de que ni siquiera está garantizado que todos los fondos se vayan a utilizar para Educación: “En el Real Decreto que los aprobó pone 'fundamentalmente para educación', con lo que si algún presidente decide financiar rotondas o subir la financiación del cheque escolar del Bachillerato, lo hará”.

De los Reyes es escéptico, pero apunta a resolver la desconexión que muchos alumnos han sufrido durante el confinamiento. “Habrá que ver bajo qué criterios se distribuye este dinero y qué llega a cada centro. Muchos estamos haciendo planes para contar con medios que ofrecer a alumnos y profesores que no los tengan. Espero que lleguemos a un nivel mínimo para que no se dé la marginación que ha sufrido una parte del alumnado”.

Merino recuerda además una cuestión que no parece que se esté planteando mucho: “Las comunidades también pueden aumentar sus propios presupuestos. Pueden decidir aumentar unas partidas en detrimento de otras”.

Por último, la comunidad educativa está pendiente de lo que suceda con los fondos que se dediquen a la educación dentro del plan de reconstrucción social y económica que debate el Congreso estos días. El PSOE y Podemos plantean que esa partida, aún sin determinar y diferente de los 2.000 millones de euros que ya están aprobados, sea exclusivamente para la escuela pública. Partidos como el PP, Ciudadanos y el PNV rechazan que la concertada se quede fuera. La negociación sigue. Y la cuenta atrás para septiembre ya ha comenzado.