Austria dice que el Pacto para la Migración no deberá cambiar las competencias de la UE

Austria, que este semestre preside la UE, advirtió hoy de que el Pacto Mundial para la Migración, del que se ha desvinculado tras rechazar 17 puntos de su contenido, no deberá influir en “las competencias” dentro de la Unión.

La advertencia es expresada en la “explicación oficial” del Gobierno austríaco, integrado desde diciembre pasado por conservadores y ultranacionalistas, sobre la decisión de no adherirse al acuerdo internacional y por lo tanto no votar a su favor en la Asamblea General de la ONU en 2019.

“Se rechaza el uso del pacto para concretar legislación por parte de tribunales nacionales o internacionales. Este pacto tampoco puede llevar a un cambio en las competencias dentro de la Unión Europea”, indica el texto, publicado por la agencia austríaca APA.

El Gobierno de conservadores y ultranacionalistas que llegó al poder con la promesa de frenar la inmigración enumera los 17 puntos que rechaza, del total de 23 planteamientos para mejorar la gestión de las migraciones incluidos en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada.

Viena cuestiona desde la reunificación familiar de los inmigrantes, hasta el eventual compromiso de combatir los delitos de odio, en la medida en que esas propuestas no se ajusten a la legislación nacional vigente.

También se menciona el principal argumento del Gobierno austriaco de que el acuerdo podría sentar una base para la creación del derecho a la migración como un derecho humano.

“Un derecho humano a la migración es ajeno al sistema legal austríaco”, declara el Gobierno.

“La creación de la categoría internacional inexistente del 'migrante' debe ser rechazada”, añade.

Entre otras medidas favorecidas por el acuerdo internacional a las que se opone el Gobierno destaca “la prohibición de expulsiones colectivas” o prevenir “el internamiento” de los inmigrantes.

Austria tampoco quiere comprometerse a mejorar la inclusión de los inmigrantes en el mercado laboral, transferirles derechos a la seguridad social, garantizarles la prestación de servicios básicos, facilitarles recursos escolares, o concederles acceso al sistema de salud y a la educación superior.

Rechaza asimismo los puntos que favorecen “opciones de asentamiento para refugiados climáticos”, la adopción de “buenas prácticas de integración”, la propuesta de evitar “el perfil de perpetradores (de delitos) por raza, etnia o religión”, e incluso la lucha contra la intolerancia.