Ayuso paga 5,6 millones por material sanitario a un empresario venezolano con sociedades en Barbados y Panamá

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció el pasado 22 de marzo la primera gran compra de material sanitario para combatir las consecuencias de la pandemia. El Consejo de Gobierno aprobó el gasto de 23,3 millones de euros para dotar a los profesionales sanitarios de equipos de protección. La primera factura emitida bajo esa declaración de emergencia se firmó un día antes de ese acuerdo con el empresario venezolano Roger Swidorowicz, presidente ejecutivo de Sigma Dental.

A través de una filial domiciliada en Florida (EEUU), Sigma Dental recibió 5,6 millones por suministrar a la Comunidad mascarillas, test rápidos, monitores, camas y batas. Swidorowicz, que está afincado en España, figura en al menos ocho sociedades en Panamá y cuenta con una sociedad instrumental en Barbados a nombre de su esposa. El contrato se adjudicó a dedo, al realizarse por el procedimiento de emergencia.

La Comunidad suscribió con Swidorowicz y Sigma Dental dos facturas. El 21 de marzo suscribieron la primera por 2,5 millones y la segunda por 3,1 millones el 11 de abril, según la documentación facilitada por el portal de transparencia autonómico, tras una petición de información de eldiario.es. A pesar de los anuncios realizados por el Gobierno de Díaz Ayuso sobre estas compras y de las fotos de la presidenta a pie de pista en el aeropuerto de Barajas recibiendo material sanitario, no hay rastro en el portal de contratación regional de estas adjudicaciones ni de las firmadas por un valor de 17 millones de euros con BPO International Group, una compañía china con la que el Gobierno regional realizó adquisiciones amparado en la primera declaración de emergencia aprobada el 22 de marzo. Desde el Ejecutivo aseguran que publicarán esta información “cuando esté toda la documentación preparada”.

Swidorowicz se define como un empresario con larga experiencia en el negocio sanitario y asegurador. En la web del despacho de asesoría español Prolaw, del que es “consultor”, se explica que este odontólogo y empresario ha ocupado entre otros cargos los de “Director Nacional y luego Socio y Presidente Ejecutivo de Consalud, Consultores de Salud (1993-1997), Director del Consejo de Administración y posteriormente Presidente del Consejo de Sigma Dental International Group (1997-2017), Director del Consejo de Americana de Reaseguros (2011-2015), Presidente del Consejo de Operación Sonrisa - Operation Smile (2009-2017) y Director de la Cruz Roja Venezolana (2011-2017)”.

La Comunidad inició los contactos

En conversación telefónica con eldiario.es, el presidente de Sigma Dental asegura que fue el Gobierno madrileño el que se dirigió a su empresa para conseguir ese material con esta petición: “Ustedes que tienen experiencia en esto, ¿no nos podrán ayudar a gestionar esto y conseguir proveedores que no nos vayan a timar? Nosotros ponemos nuestra experiencia al servicio de quien nos lo pidió” y “en este caso, nos lo pidió la Comunidad de Madrid”.

Swidorowicz subraya que tiene experiencia en la compra de material sanitario “desde hace años”, ya que su empresa de clínicas dentales “mantiene desde hace 25 años operaciones en catorce países”, con 2.500 establecimientos en Venezuela y “8,5 millones de asegurados en el mundo”. También tiene una compañía de ambulancias, Venemergencias, que lleva “17 años en Venezuela dando servicios de atención primaria de salud”.

La operación con la Comunidad de Madrid, recalca, se hizo a través de la filial del grupo en Florida (Estados Unidos), con todas las garantías que supone: “Cuando nos pidieron que ayudáramos, lo primero que hicimos fue entregar a la Comunidad de Madrid un compliance de nuestra empresa, donde un oficial de compliance, debidamente autorizado por las autoridades pertinentes en EEUU, y con una certificación ISO 31.001, mandó una comunicación directa a la Comunidad de Madrid con todo lo que era la empresa y listas de chequeo por las que había pasado la organización, que no son pocas”, asegura.

Empresa en Barbados

La sociedad offshore de Swidorowicz en Barbados se llama Odeba Investment LTD. Fue incorporada el 23 de agosto de 2013 y en ella figura como directora desde su creación su esposa, Beatriz de Lara, según consta en la base de datos Offshore Leaks del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). “¿Y eso qué tiene que ver? ¿el contrato se lo han dado a quién?”, dice Swidorowicz.

El contratista de Ayuso, que niega que Barbados sea un paraíso fiscal (la UE sacó a este territorio de su lista negra hace un año), subraya que esa empresa se crea “porque el gobierno chavista de Venezuela expropia compañías” y “para proteger propiedades que el gobierno de [Nicolás] Maduro nos ha intentado quitar”. El empresario dice que la aseguradora de la que fue consejero y accionista en Venezuela ya fue “expropiada por el Gobierno de Maduro” por “simple placer”: “no precisamente porque hubiese actividades sospechosas”, sino porque “la necesitaban para hacer negocios”.

El contratista de Ayuso también aparece en el Registro de Panamá vinculado con al menos ocho sociedades en ese país en las que tiene o ha tenido cargos. Se crearon entre 2002 y noviembre de 2018. En tres de ellas (Sigma Dental Re Corp, Carpe Vita Investments y Robea) lo hace junto a su esposa.

La de creación más reciente es AC Portafolios, SA. Swidorowicz figura como director y secretario desde febrero del año pasado. Su presidente es el también venezolano César Miguel Alfonzo González. En España, Alfonzo es apoderado de la inmobiliaria Cesky Investments SL junto a Carolina Odette Pérez Recao, hermana del empresario caraqueño Isaac Pérez Recao, al que se señaló como supuesto “cerebro” del frustrado golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002.

Esa empresa española es dueña, según explica en sus últimas cuentas anuales, de un piso en la calle Hermanos Bécquer de Madrid ubicado a escasos metros del exclusivo dúplex que tiene Swidorowicz en esa zona del barrio de Salamanca.

Swidorowicz, que se declara “apolítico”, reconoce que es “socio” y “amigo” de Alfonzo, un “residente permanente en Estados Unidos hace 25 años” que, asegura, “no pinta nada” en Sigma Dental. Defiende que “Panamá es el centro del mundo de los negocios” y que la mayoría de sus empresas allí (no todas) forman parte del grupo Sigma. “No son compañías creadas ayer ni se benefician en absoluto de nada de lo que se pueda estar haciendo acá”. En el caso de la que comparte en Panamá con un apoderado en España de los Pérez Recao, que sigue activa, “la constituimos porque queríamos comprar algo y al final no lo cristalizamos”, explica.

Maraña offshore

La maraña offshore de personas cercanas a Swidorowicz alcanza también a su cuñado, el venezolano José Antonio Lara, con el que dice tener escasa relación. Lara, que no ha querido atender a eldiario.es, también cuenta con importantes inversiones inmobiliarias en España y, como su cuñado, gestiona empresas en Panamá y Florida, epicentro del exilio venezolano en Estados Unidos.

En España, Lara canaliza inversiones millonarias a través de una sociedad en Luxemburgo, Kendra SA, que durante años tuvo como administradores a empresas de Belize e Islas Vírgenes Británicas, y que a su vez es dueña de la sociedad maltesa Polar Energy LTD.

Afincado desde hace años en una mansión en La Moraleja (Madrid), el cuñado del proveedor de Ayuso figuró desde 2006 con “poder general” en la sociedad panameña La Romana Trading Corp, administrada por dos de los testaferros que utilizó Luis Bárcenas en ese país para ocultar sus cuentas en Suiza: Ezequiel Ruiz y Lilian de Muschett, del bufete Icaza, González-Ruiz y Alemán. La sociedad fue disuelta en julio de 2017.

José Antonio Lara se reparte cargos en empresas en Panamá y Estados Unidos con su esposa, Adriana Armas. Esta última comparte apellidos con Carmen Alicia de Armas, esposa del abogado y empresario Juan Carlos Briquet Mármol. Briquet, al que se ha relacionado con la supuesta financiación ilícita de la constructora brasileña Odebrecht a la oposición venezolana, es hermano de Armando Briquet, consultor político y exjefe de campaña de Henrique Capriles.

En las primeras semanas de pandemia, cuando más difícil resultaba conseguir material sanitario debido a la competencia internacional, la empresa de Swidorowicz se comprometió a suministrar en 20 días 400.000 unidades de test rápidos. Según la información que figura en la factura firmada entre Sigma Dental y la Comunidad de Madrid, estas pruebas estaban fabricadas por la compañía Prometheus Bio inc. Esta compañía también proporcionó 315 monitores, 223 camas, 400.000 mascarillas KN95 y 280.000 batas. El Gobierno autonómico aceptó que la compra se pagara por adelantado, abonándose antes de que se fabricase el material.

Ni la Comunidad de Madrid ni la empresa han querido explicar a eldiario.es si ha surgido algún inconveniente con el material suministrado por Sigma Dental. El Ejecutivo autonómico tampoco ha aclarado por qué iniciaron los contactos con esta empresa para gestionar la compra. El Gobierno de Díaz Ayuso, como otros ejecutivos, ha afrontado varios problemas con los equipos adquiridos en el mercado internacional. Por ejemplo, un estudio del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo – adelantado por eldiario.es – acreditó que las supuestas mascarillas KN95 que el Ejecutivo autonómico entrega de forma gratuita en farmacias no tienen calidad para ser consideradas FFP2, la categoría equivalente en Europa.

En relación a las compras suministradas, Swidorowicz ha rechazado hacer declaraciones y ha remitido a esta redacción a contactar con una abogada y con la gerente de la empresa, Fabiola Soprano. Ninguna de las dos ha contestado a las preguntas de eldiario.es.

La segunda empresa que participó en la primera partida anunciada por la Comunidad de Madrid para comprar material sanitario fue BPO International Group. En una primera factura fechada el 22 de marzo se presupuestó la compra de 17 millones de euros para adquirir 1,5 millones de mascarillas quirúrgicas, un millón de mascarillas FPP2 y 500.000 FPP3, cinco millones de guantes desechables, 400.000 protecciones (PTC-02-SFB Body protection), 300.000 batas y 200.000 gafas. Tres días después se emitió una memoria justificativa en la que se explicó que “debido a la imposibilidad” de poder servir las mascarillas FPP3 comprometidas, ese pedido se sustituyó por buzos y mascarillas quirúrgicas y FPP2 adicionales.