El Ballet Nacional prescinde de una bailarina embarazada después de siete años de contratos temporales
María Fernández lleva 18 años como bailarina profesional. Los últimos siete los ha pasado en el Ballet Nacional, encadenando contratos temporales, como el resto de bailarines. Hasta ahora: a mitad de julio recibió una carta en la que le comunicaban que su contrato se extinguía el 31 de agosto y, por primera vez, no le ofrecieron un nuevo contrato que firmar el 1 de septiembre. Embarazada ahora de seis meses, la bailarina había comunicado su estado hace tiempo a la dirección del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (el INAEM, que depende del Ministerio de Cultura y Deporte), que, según cuenta, le transmitió que, por su circunstancia, su puesto estaba garantizado. Después de unas audiciones que el Ballet organizó en verano y, a pesar de la protección legal reforzada con la que cuentan las trabajadoras embarazadas, Fernández se ha quedado en la calle.
La plantilla del Ballet lleva meses en una batalla judicial: en diferentes demandas han reclamado que sus contrataciones eran fraudulentas porque superaban el límite permitido de contratos temporales encadenados. Los tribunales les han dado la razón y, en el caso de María y de otras bailarinas, han calificado su relación laboral de indefinida fija porque consideran que sus puestos son estructurales y que llegaron a ellos después de superar una convocatoria pública y sometida a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Sin embargo, la sentencia aún no es firme: aunque dos tribunales les han dado la razón todavía están a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo.
Fue a principios de mayo, muy poco después de saber que estaba embarazada, cuando Fernández comunicó su estado a la dirección artística del Ballet, liderada por Antonio Najarro. “Me lo aconsejó mi ginecóloga. La dirección me dijo que no había problema, simplemente dejé de zapatear en exceso o de saltar, seguía haciendo coreografías pero adaptadas”, cuenta la bailarina, cuyo testimonio podrá ser escuchado en el programa Radiojaputa del próximo lunes.
A mediados de ese mes, la plantilla del Ballet conoce que el INAEM organizará nuevas audiciones para su personal. “Un compañero y yo nos reunimos entonces con la directora, Amaya de Miguel, para conocer por qué esta audición y para comunicarles casos como el mío. Nos dice que es una orden de Función Pública para que puedan ponernos otro contrato sobre la mesa pero que no nos preocupáramos, que en nuestro caso era un trámite y que yo por mi situación estaba protegida”, relata.
Las audiciones tienen lugar el 3 de julio. María Fernández, después de consultar con el INAEM, se presenta mediante una prueba audiovisual. Es decir, las demás bailarinas realizan una prueba física y ella presenta media hora de vídeos de sus actuaciones en diferentes papeles. No pasa a la segunda parte de la audición: “Dicen qué bailarinas van a la prueba final y no dicen mi nombre”. No es la única, otras bailarinas también quedan fuera. Con una diferencia: el puesto que se disputa en esas pruebas es el que ella ha llevado a cabo en los últimos tres años, bailarina solista, mientras que el resto de aspirantes pertenecían al cuerpo de baile –una categoría inferior– o eran bailarinas ajenas al Ballet Nacional.
El siguiente episodio sucede a mediados de julio, cuando María recibe la carta en la que le comunican que su contrato se extingue el 31 de agosto, sin otra justificación. “Nadie me dijo nada en ese tiempo y yo no sabía qué iba a pasar conmigo”, dice. Con los dedos cruzados para que la sentencia del Supremo que confirmara su puesto llegara antes de esa fecha, Fernández ve cómo llega septiembre sin decisión judicial y sin que nadie, por primera vez en siete años, le ofrezca un nuevo contrato. No es la única, otros compañeros que también esperan la sentencia firme también se han quedado en la calle. “Me siento discriminada, absolutamente. Claro que pienso que mi caso tiene que ver con mi embarazo”, concluye.
Su abogado ya ha iniciado el proceso previo a la demanda, una reclamación al INAEM a la que, por el momento, no han recibido respuesta. “Demandaremos por discriminación por embarazo, por vulnerar el principio de no discriminación del artículo 14. Solicitamos que el despido sea nulo”, explica la letrada Isabel Lobera. Se apoyarán también en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, que declara nulo el despido de embarazadas. La abogada defiende que María Fernández no solo tenía categoría reconocida de solista sino que hizo en numerosas ocasiones el rol de primera bailarina, un rango superior. “Prácticamente todas las pruebas que aportó en la audición eran de papeles de primera bailarina”, remarca.
Desde el INAEM aseguran que las audiciones fueron abiertas y dirigidas a todos los profesionales, de dentro y de fuera del ballet, y que se llevaron a cabo para “cubrir el cupo de contrataciones que realiza el INAEM para cubrir las necesidades del Ballet Nacional de España, recogidas en su plan director” y que esa convocatoria necesita el visto bueno de Hacienda. Sobre la audición, el INAEM subraya que María Fernández tuvo una “adaptación” de la prueba por su embarazo, pero que no pasó la primera fase.
Sobre la carta de extinción, señalan que se trata de la terminación del contrato y niegan que el caso tenga que ver con el estado de embarazo de la bailarina. Las mismas fuentes aseguran que ofrecerle otro contrato hubiera supuesto vulnerar la ley, aunque la situación laboral de María Fernández ya era fraudulenta, según el Estatuto de los Trabajadoras y las propias sentencias. El INAEM confirma que hay un antecedente en el que una bailarina embarazada superó las audiciones y aprobó, por tanto, el proceso selectivo.
Fuentes jurídicas consultadas creen que la reclamación de Fernández parece viable judicialmente y que la carta de extinción de contrato enviada “trata de aparentar que se trata solo del final de un contrato de duración determinada”. Para evitar la condena, la empresa tendrá que demostrar que la decisión sobre el contrato de María Fernández no tiene nada que ver con su embarazo. “Si no pueden, el despido sería nulo”, aseguran las fuentes expertas.
