Bolivia crea una institución para combatir la violencia contra las mujeres

El Gobierno de Bolivia creó mediante un decreto una institución para hacer efectivas las políticas de lucha contra la violencia hacia las mujeres, tras cerrar el 2018 con más de un centenar de feminicidios, informó hoy una fuente oficial.

El presidente del país, Evo Morales, y su consejo de ministros aprobaron un decreto que establece la creación del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, dijo a los medios el ministro de Justicia, Héctor Arce.

Se trata de una entidad descentralizada del Ministerio de Justicia que va a “operativizar y desarrollar todas las políticas que se lleven adelante para prevenir la violencia junto a las mujeres, para evitar los feminicidios”, indicó la autoridad.

“Hemos cerrado el año pasado con una cifra alarmante de más de una centena de feminicidios y justamente para luchar contra esta situación” se creó la institución, agregó Arce.

Este servicio llevará el nombre de la fallecida periodista y defensora de los derechos humanos Ana María Romero de Campero.

Arce recordó que la creación de esta entidad fue anunciada en diciembre pasado por el presidente Morales e indicó que se pudo concretar “después de un trabajo administrativo cumplido con el Ministerio de la Presidencia”.

Bolivia tiene en vigencia desde 2013 una ley que protege a las mujeres de todo tipo de violencia y que castiga el feminicidio con treinta años de prisión, la pena máxima de la legislación boliviana.

Organizaciones defensoras de la igualdad de género han reclamado que, pese a contar con esa norma, se requieren mayores presupuestos estatales y personal capacitado para combatir con más eficacia la violencia machista.

Sólo en el primer día de enero se registraron tres feminicidios en Bolivia, según datos de la Policía.

Además, un informe difundido en noviembre por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) muestra a Bolivia como el país sudamericano con la prevalencia más alta de feminicidios, seguido por Paraguay, con tasas de 2,0 y 1,6 por cada 100.000 mujeres, respectivamente.