Los Burgueño: el apellido de la privatización sanitaria al que recurre Díaz Ayuso para la epidemia más grave en 100 años

Primero fue el padre, el ideólogo de la privatización sanitaria llevada a cabo por el PP en la Comunidad de Madrid. Y unas semanas más tarde ha sido la hija. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha echado mano del clan Burgueño para gestionar la crisis de la COVID-19, la peor epidemia en España desde hace 100 años.

Antonio Burgueño, exdirector general de Hospitales de Madrid, y su hija Encarnación, que se presenta como directora general de una empresa inexistente (según adelantó El País), han recibido el encargo del Ejecutivo de Díaz Ayuso de participar directamente en la estrategia para abordar la inmensa presión sobre el sistema sanitario público madrileño y el trance trágico que la epidemia está causando en las residencias de mayores donde han fallecido más de 3.000 usuarios sin que el Gobierno regional pueda discernir cuántos se deben al coronavirus.

El fichaje de Antonio Burgueño, que fue director de Hospitales entre 2008 y febrero de 2014 –fue recontratado como asesor un mes después de su cese, pero dimitió al conocerse la noticia–, se produjo el 12 de marzo. España estaba al borde de la declaración del estado de emergencia y la Comunidad de Madrid era el epicentro de la epidemia. 

El jefe de Enfermedades Infecciosas del hospital madrileño de La Paz, José Ramón Arribas, ya consideró entonces que la figura de Burgueño “cuenta con el rechazo de gran parte de la sanidad madrileña” y pidió que se reconsiderara su nombramiento.

Lejos de eso, unas semanas después, la Consejería de Sanidad, tras haber tomado el control de las residencias de mayores que antes dirigía un representante de Ciudadanos, ha encomendado a una empresa fantasma de la hija de Burgueño que haga una recopilación de datos, diseño zonas de aislamiento y formación de profesionales en estos centros. El apellido Burgueño sobrevuela así la respuesta de la Comunidad ante la expansión del coronavirus y su efecto en los más vulnerables.    

En marzo pasado, Díaz Ayuso colocó a su lado a uno de los responsables del modelo privatizador de la sanidad que desarrollaron los ejecutivos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. “Un insulto”, según el pediatra Marciano Sánchez Bayle. El especialista, uno de los principales opositores a los planes de Burgueño cuando estaba al frente de de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, criticó que, nada más agudizarse la epidemia de COVID-19, se recurriera a “uno de los principales responsables del deterioro que hoy viven los centros sanitarios públicos de la región”.

Ese proyecto privatizador comenzó con una primera remesa de siete hospitales semiprivatizados y uno de gestión totalmente externalizada y continuó con otros tres centros adjudicados a contratistas a cambio de un canon.

Los consejeros de Sanidad involucrados son nombres conocidos y crean un círculo cerrado: Manuel Lamela, luego dedicado a promocionar el turismo sanitario y que entró en una de las sociedades que gestionaban centros adjudicados bajo su mandato. Juan José Güemes, que debió dejar su puesto en el consejo de una empresa de análisis clínicos a la que, años antes, había adjudicado el servicio de laboratorio central de la Comunidad de Madrid. Y Javier Fernández Lasquetty, que lanzó un programa radical de privatización para adjudicar a empresas la gestión sanitaria de un puñado de hospitales. La figura común y constante durante todo ese periplo fue el director general Antonio Burgueño.

Cuando los jueces frenaron el proyecto de Lasquetty, el consejero dimitió y Burgueño cesó. Años después, el presidente del PP, Pablo Casado, rescató a Fernández Lasquetty como jefe de gabinete. Unos meses después, fue enviado como consejero de Hacienda de Isabel Díaz Ayuso. Y en marzo pasado, la Comunidad de Madrid recurrió al antiguo director general en medio de la pandemia.

El deterioro al que aludía Sánchez Bayle, que padeció en su persona la decisión de Burgueño de decretar la jubilación forzosa de los médicos al llegar a los 65 años para ahorrar gasto en personal (siendo él mismo mayor), se materializó en una pérdida de plantilla sanitaria de la que no se había recuperado aún el sistema sanitario público madrileño cuando arreció el coronavirus. En el plano material, si en 2009 se contabilizaban 14.957 camas para toda la comunidad autónoma (llegaron a ser 15.531 en 2012), la memoria del Sermas de 2018 informaba de 14.334, de las que estaban operativas una media de 12.248.

La respuesta común de la Consejería de Sanidad ha sido minusvalorar el papel otorgado a ambos Burgueño. Sobre el padre informó de que era “un asesor”. Sobre Encarnación Burgueño, ha dicho este lunes que “se trata de un apoyo puntual que se buscó en el inició del impacto de la epidemia en las residencias”. Un apoyo prestado por una presunta empresa, Cardio Líder, sin experiencia en el sector y a la que de momento “no se ha abonado nada”, defienden en el Ejecutivo de Díaz Ayuso.