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La nueva ley de Educación salva su primer obstáculo: el Congreso rechaza las enmiendas de PP, Ciudadanos y Vox

Celaá explica en Congreso cómo revertirá decreto de recortes educativos de PP

Daniel Sánchez Caballero

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España está un pasito más cerca de tener nueva ley educativa. El Gobierno ha salvado en el Congreso las tres enmiendas a la totalidad que habían presentado PP, Ciudadanos y Vox a la Ley Orgánica de Mejora de la LOE (LOMLOE), la ley destinada a sustituir la LOMCE de Wert. Será la octava ley educativa en democracia.

El debate parlamentario ha servido para dejar claro que si la mayoría de los partidos ha rechazado las enmiendas ha sido más por el rechazo que les plantea la actual ley que porque les encante la propuesta del Gobierno. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha escuchado reproches de todos los partidos. Por la izquierda, de Bildu, y por la derecha, el PNV. Entre medias, casi todos.

Sin embargo, a la hora de votar solo UPN ha apoyado las enmiendas a la totalidad. PSOE, Unidas Podemos, ERC, JxCat, PNV, BNG, Bildu, CC y Más País han votado en contra. En votos, 153 diputados han apoyado las enmiendas (52 presencialmente) y 195 las han rechazado (62 desde el Congreso).

Este primer rifirrafe parlamentario dibuja un panorama claro en el Congreso: el Gobierno tiene cierto apoyo y margen de actuación gracias a las ganas que hay en la Cámara de deshacerse de la Ley Wert. Pero, si los partidos en la oposición mantienen el fondo que las formas de sus discursos este miércoles, tendrá que modificar su proyecto de ley para conseguir el respaldo suficiente.

“Su ley nace muerta”

En un debate de marcado perfil femenino –las cuatro primeras portavoces han sido mujeres–, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha defendido que la ley tiene como objetivos generales reducir el abandono temprano, regular la carrera profesional docente, modernizar y flexibilizar los curriculos, fortalecer la autonomía de los centros y un tratamiento “urgente” del abuso de la repetición.

“Rechazar este proyecto de ley supone defender el mantenimiento de una ley que ha dado cobertura normativa a la política de recortes en educación, pasando del 5,04% del PIB en 2009 al 4,2% en 2018 mientras los fondos para conciertos y subvenciones han crecido”, ha recalcado Celaá en una rara en ella (por inhabitual) crítica a la escuela concertada. “Los argumentos de las tres enmiendas a la totalidad no responden al contenido de la ley”, ha añadido, para defender que se mantiene la libertad de elección

Celaá ha escuchado como reproche que su ley “nace muerta” –la fórmula que se usó en su momento para definir la LOMCE–, que va a durar lo que dure el Gobierno y que haya mantenido los plazos de los trámites pese a estar todavía en Estado de Alarma. Los opositores a la ley también afean al Gobierno que se haya saltado las preceptivas consultas públicas antes de llevar la ley al Congreso (estos trámites se pasaron la primera vez que el Gobierno aprobó la ley, a finales de la legislatura pasada hace un año, y el Gobierno ha considerado que al ser el mismo texto no era necesario repetir el proceso).

Enfrente, cada uno de los tres partidos de la derecha que había presentado una enmienda a la totalidad lo ha hecho por sus propios motivos, aunque con puntos en común como su rechazo al ataque (que ellos ven) a la escuela concertada por eliminar el requisito de la “demanda social” a la hora de planificar centros públicos que había introducido Wert.

Sandra Moneo, la portavoz del PP, ha sostenido que la ley es “del siglo pasado, de la imposición, del oscurantismo” y que supone un modelo “ya testado y cuyos nefastos provocaron que uno de cada cuatro alumnos fuera expulsado del sistema. Si le dijimos que no a la LOE, ¿cómo vamos a decir que sí a una reedicción de la misma ley?”. Georgina Trías Gil, de Vox, ha dedicado buena parte de su intervención a rechazar el “adoctrinamiento sectario que quiere imponer la ideología” a los jóvenes. Marta Marín, de Ciudadanos, le ha reprochado a Celaá que su ley “nace muerta” –la misma expresión que tuvo que escuchar Wert cuando aprobó la LOMCE–, y que no haya escuchado a la comunidad educativa. Las tres enmiendas han fracasado.

La octava ley

La LOMLOE será la octava ley de Educación en democracia, aunque grandes reformas del sistema ha habido tres. El nuevo proyecto, ha desgranado Celaá, “se sustenta en cinco enfoques”: establece como principio rector el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia como se establece en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad; un enfoque transversal del refuerzo del aprendizaje; la importancia de atender el desarrollo sostenible; un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación (aunque no prohíbe la subvención a centros concertados que segreguen por sexo); incorporar a la educación el cambio digital.

Estas son las medidas más específicas que propone la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación (aquí una explicación más a fondo).

La ley Celaá quiere reforzar el primer ciclo de la educación infantil, ha recordado la ministra en el Congreso. Se especifican los requisitos mínimos que deben cumplir los centros y se recupera el carácter educativo de la etapa, que perdió con la LOMCE en favor de un modelo más asistencial.

En Primaria, el texto recupera los ciclos (se agrupan los cursos de dos en dos formando una especie de unidad y solo se podrá repetir en el segundo de los dos) que también quitó la LOMCE y que los expertos señalan como responsables de un aumento de la repetición. En Secundaria se eliminan los itinerarios y las dos vías de titulación (académica y aplicada) que estableció la Ley Wert. En Bachillerato, los estudiantes podrán cursarlo en tres cursos por módulos: se permite repetir solo las asignaturas suspendidas e incluso titular de forma excepcional con una sin aprobar.

Además, se eliminará el concepto “demanda social” como elemento a la hora de definir la política de construcción de centros (públicos o concertados), se compromete el Gobierno a presentar en un año una propuesta normativa que regule la profesión docente, se modificarán los currículos y se resta peso a la asignatura de Religión, otra medida que deshace una aprobada por Wert.

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