Ciudadanos pide en el Congreso que se prohíba por ley sacrificar mascotas abandonadas en toda España

Cada año, unos 14.000 animales de compañía abandonados mueren sacrificados al no encontrarles un dueño. Tras vagar por la calle y pasar unos días en algún centro, las diferentes normativas competentes permiten terminar con su vida. Este jueves, el Congreso de los Diputados votará una propuesta para que la ley estatal prohíba matar de esa manera a las mascotas descartadas por sus amos. El grupo parlamentario de Ciudadanos insta en su iniciativa al Gobierno a que redacte una norma aplicable a toda España.

Un promedio de 140.000 perros y gatos acaban en la calle anualmente según los datos que recopila la Fundación Affinity. En 2008 fueron 156.000, en 2015 más de 137.000. Se calcula que el 10% acaba en el sacrificio. Las mascotas tienen más o menos oportunidades de sobrevivir al abandono, según donde sean encontrados.

Todas las comunidades autónomas menos Madrid (y menos taxativamente Cataluña) permiten el sacrificio pasado cierto tiempo. A veces hay un plazo magnánimo de 30 días. Otras veces se admite un proceso exprés de 48 horas antes de la inyección letal.

En Madrid, se aprobó en julio de 2016 una norma que dice: “No se podrá sacrificar animales por el simple hecho de su permanencia en centros de acogida, ni en otros centros para el mantenimiento temporal de animales de compañía, independientemente del tiempo transcurrido desde su entrada en los mismos”. Una amnistía completa y directa.

A partir de ahí, todo depende de la región. No existe un criterio homogéneo. Y según el tiempo de espera, mayores o menores son las posibilidades de una adopción salvadora. El intervalo más generoso se encuentra en el País Vasco con 30 días. El que más apremia, el de la Región de Murcia: dos días. Estudia ampliarlo a diez en una revisión de su ley de animales de compañía en trámite desde 2015.

Los ayuntamientos (o un organismo supramunicipal si son localidades pequeñas) son los encargados de recoger, guardar y en su momento sacrificar a los animales abandonados, según les obligan las leyes autonómicas. Pero con diferencias notables. “A día de hoy, la ausencia de una Ley Marco de Protección Animal provoca que cada Comunidad Autónoma regule según su criterio la tenencia de animales domésticos, lo que a su vez conlleva importantes vacíos legales, diferencias y carencias graves en lo referente a su protección”, se quejan en Ciudadanos.

El rango es amplio. Están los ocho días de espera en Asturias y Navarra, los diez de Andalucía, Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana, los 15 de las Islas Baleares o los 20 días en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia o Extremadura. Además, las diferentes leyes amparan algunas prórrogas. Otras introducen una cláusula en la que piden que se haga “lo razonablemente posible” para hallar una solución diferente al sacrificio como en Castilla y León o Euskadi. Pero, al final, en definitiva, se permite la eutanasia.

Ciudadanos subraya que “los centros de acogida son en muchos casos insuficientes donde el sacrificio de los animales es una opción que desarrollan para suplir la falta de espacio”.

Para el partido animalista Pacma, esta iniciativa de Ciudadanos “se queda en lo mínimo”. De hecho, el Pacma presentará el próximo 16 de mayo en el Congreso (recurriendo al derecho de petición) una propuesta de ley que denominan “definitiva”. Se trata, dicen, de una “ley con mínimos de bienestar para todos los animales, no solo las mascotas”. El Pacma pide que se acabe “con los festejos taurinos, y las tradiciones crueles, el cierre de circos, zoológicos y delfinarios, el sacrificio y comercio con animales”. También proponen el fin de la caza.

“¿Por qué hay que ir parcela a parcela cuando la protección a los animales es una corriente social imparable?”, cuenta a eldiario.es la presidenta de Pacma, Silvia Barquero.

¿Se puede afrontar el cambio?

El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid (PP) ha calculado que le basta con un millón de euros para dotar su nueva ley. Un poco más de la mitad es para financiar los centros municipales, según el proyecto de presupuestos regionales de 2017. La ONG Libera ha calculado que cada ejemplar recogido necesita 200 euros en manutención y cuidados.

Sobre este particular, la presidenta del Pacma entiende que “terminar con el sacrificio de miles de animales es más barato que pagar el proceso de acabar con sus vidas”. En este sentido asegura que “se derivan muchos recursos presupuestarios al sacrificio, en ocasiones a empresas que hacen ese servicio sin tener en cuenta ninguna dimensión ética”.

Otros Gobiernos autonómicos no lo ven tan claro. En Castilla-La Mancha, la Junta (PSOE) ha preparado una nueva ley de Bienestar Animal en la que no contempla la anulación de sacrificios en el articulado. De hecho, el texto recoge en su exposición de motivos –según avanzó Efe– que su objetivo es conseguir “el famoso sacrificio cero” pero pone una condición: “Una vez conseguido el abandono cero estaremos en condiciones de asegurar y proclamar abiertamente el sacrificio cero”. El borrador de ley sí especifica que solo podrán sacrificarse cuando “no fuera posible atenderlos más tiempo”.

Galicia también está inmersa en una renovación legislativa en la que la Xunta (PP) asegura que su apuesta frente al abandono es “la creación de hogares de acogida”. Particulares que tengan al animal temporalmente. Una vez más, el texto repite que “el sacrificio o la eutanasia sean el último recurso” por motivos de “sufrimiento o afección de su bienestar” pero también abre la puerta a “razones de salud pública, seguridad de las personas o medioambientales”.