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Ciudadanos reivindica la gestación subrogada como un derecho LGTBI, pero ¿es una demanda del colectivo?

Albert Rivera en la manifestación de las tres derechas en Colón.

Marta Borraz

Cada vez que reivindica la gestación subrogada, Ciudadanos lo hace presentándola como una reclamación LGTBI. Forma parte de la línea argumental de la formación naranja a la hora de defender la regulación de esta práctica prohibida en España y que mostró especialmente durante el Orgullo LGTBI. En la sesión de investidura de este lunes, Rivera volvió a invocar los vientres de alquiler como parte de su propuesta para las familias.

En plena semana del Orgullo, los de Albert Rivera registraron de nuevo en el Congreso la ley con la que proponen legalizarla y días antes señalaban en un vídeo oficial que seguirían “trabajando” por esta norma mientras anunciaban que irían a la manifestación del 6 de julio en Madrid pese a los vetos tras sus pactos con Vox. 

Este hecho provocó que gran parte del movimiento LGTBI mostrara un enorme malestar por su presencia en la marcha y los integrantes que acudieron fueran abucheados, increpados y acabaran yéndose. Pocos días después y tras presentar una denuncia ante la Fiscalía, la formación volvió a la carga para defender que su programa es “el más avanzado” en materia de derechos LGTBI y, junto a ello, aludió a la presentación de la ley para “defender los derechos de todas las familias”.

La gestación por sustitución es una práctica a la que, por medio de las agencias intermediarias que operan en España, acuden algunos ciudadanos, entre ellos parejas de hombres, para satisfacer sus deseos de paternidad. Sin embargo, ¿qué piensan los colectivos LGTBI?

El debate se ha avivado en los últimos años y las posiciones a favor y en contra conviven en el seno de la opinión pública y también de las propias organizaciones. Esto se une al hecho de que, a pesar de no existir datos oficiales, la mayor parte de personas que acceden a la gestación subrogada en alguno de los países en los que está regulada son heterosexuales con problemas para tener hijos, según reconocen algunas agencias y las propias organizaciones en defensa de la regulación, como Son Nuestros Hijos. 

Desde Interfertility, una de las empresas españolas que ofrecen paquetes de servicios a los clientes en España, estiman que, de las entre 8 y 14 familias que atienden al mes, alrededor del 25% son parejas del mismo sexo, muy mayoritariamente de hombres, mientras que el 65% y el 10% restante se corresponden respectivamente a parejas heterosexuales y personas solteras.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que el acceso también depende de las legislaciones de cada país, puesto que en algunos las personas homosexuales están excluidas. Así, en Go4Baby, otra de estas empresas, todos sus clientes son heterosexuales, pero porque solo trabaja con Ucrania y Georgia, donde no está permitida para gays. En Estados Unidos, cuyo marco legal autoriza la gestación subrogada sin depender de la orientación sexual, el porcentaje “es más o menos mitad y mitad”, explican desde Interfertility, que ofrece este destino. 

Diversidad de posiciones

En este escenario, la diversidad de posicionamientos entre organizaciones aflora. Algunas, como la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) o Arcópoli no han determinado de momento ninguna postura al respecto, precisamente por no considerarlo un tema exclusivo de las personas LGTBI, señalaba la presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, en una rueda de prensa el pasado enero. “Nosotros no lo trabajamos porque no consideramos que sea una lucha propia. Por eso siempre pedimos que no se quiera vender como una reivindicación LGTBI, cuando no lo es”, dice Áxel Sarraille, coordinador de Arcópoli.

Por su parte, otras entidades se han declarado contrarias a la práctica, la más reciente en tomar la decisión ha sido el colectivo LGTB+ por la diversidad sexual, de género y familiar Lambda. La organización valenciana se posicionó el pasado mes de abril en su 13º congreso respecto “a uno de los grandes debates públicos que afectan a los derechos de las mujeres” y se manifestó “abiertamente en contra de la legalización de los vientres de alquiler y la explotación del cuerpo de la mujer con fines reproductivos”. Al mismo tiempo, Lambda se comprometió a trabajar “para que se facilite y mejore el sistema de adopción y acogimiento familiar en España”.

Otros colectivos como COGAM, la Asociación de Familias Homoparentales LGTBI Galehi o la Red de Asociaciones de Familias LGTBIQ* de Europa (NELFA) sí apuestan claramente por la regulación de la práctica, sin embargo las tres coinciden al señalar que no debe plantearse como una cuestión propia LGTBI. “Nosotros estamos a favor siempre y cuando no haya ningún tipo de intercambio económico, pero pensamos que no es algo exclusivo del colectivo y que, de hecho, afecta más a parejas heterosexuales que a parejas del mismo sexo”, reconoce Santiago Rivero, secretario de la organización. 

Esta realidad, no obstante, no es para Son Nuestros Hijos una condición que excluya la necesidad de reivindicar la regulación como “una demanda propia del colectivo LGTBI”, cuenta Antonio Vila Coro, fundador de la organización y padre por gestación subrogada. “En el momento en que hay una masa de personas LGTBI para las que es necesario acudir a esta práctica para cumplir sus deseos de ser padres, es claramente una demanda. Otra cosa es que haya gente que no esté de acuerdo”. 

Desde COGAM apuntan a que la gestación subrogada no está en sus líneas de trabajo ni de actuación y consideran que “las prioridades del colectivo deben ser la defensa de los derechos conseguidos y seguir avanzando en materias como la educación o la consecución de una ley estatal LGTBI”. Algo similar opina Arcópoli, que apunta a otro tipo de demandas y denuncia “la instrumentalización” del colectivo LGTBI por parte de Ciudadanos a la hora de hablar de gestación subrogada: “Hay un riesgo de que lo utilicen como excusa para decir que se trabaja por el colectivo LGTBI”, dice Sarraille.

Una pareja de hombres como perfil

Entre las entidades que son favorables, la forma de llegar a este posicionamiento varía. Son Nuestros Hijos fue creada ad hoc para pedir un marco legal al respecto y Galehi, por ejemplo, se encontró con esta realidad dentro de su propia estructura: “Nos conformamos en 2005 como una asociación de familias, pero nos hemos ido transformando y algunas de nuestras integrantes están formadas por gestación subrogada. Las apoyamos y las defendemos”, señala Marta Márquez, presidenta de la asociación. A partir de ahí, Galehi llegó a un acuerdo en asamblea a favor de “una gestación subrogada ética y respetuosa”.

La asociación, no obstante, descarta focalizar la cuestión en algo exclusivo LGTBI y señala el error de “mostrar y hacer ver que el perfil de familia que accede a la gestación subrogada es una pareja de hombres”, cuando en realidad “no es algo mayoritario”. Vila-Coro también coincide con esta afirmación e identifica “cierto grado de homofobia. Se habla en muchas ocasiones de nuestra paternidad como si fuera un capricho. Cuando es una pareja en la que la mujer no puede gestar, entonces hay un nivel de empatía mayor”. 

En este sentido, según un barómetro de la empresa My Word (ahora llamada 40dB) para la Cadena Ser de julio de 2017, más de la mitad de la ciudadanía (un 57%) se mostraba favorable a la gestación subrogada. Al margen de la cifra general, el estudio reveló que el apoyo es mayor en el caso de parejas heterosexuales que por algún motivo no pueden tener hijos biológicos, un supuesto que veía con buenos ojos el 70% de los encuestados. El porcentaje se reducía al 51% en el caso de las parejas de hombres y de una mujer soltera, y al 49% y el 47% en el caso de las parejas de mujeres y de un hombre soltero, respectivamente.

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