El Ministerio de Igualdad llevará la ley LGTBI al Consejo de Ministros antes del verano

El Ministerio de Igualdad pretende llevar al Consejo de Ministros la Ley LGTBI antes del verano. Así lo ha asegurado Irene Montero en su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad en el Congreso, celebrada este lunes. La ministra ha definido esta norma integral, que establece medidas en todos los ámbitos, como “fundamental” para terminar “con la discriminación y el estigma” al que se enfrentan las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans.

Esta primera ley LGTBI estatal forma parte del acuerdo de Gobierno suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos y pretende establecer un marco de medidas contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. La norma ya tuvo su recorrido en el Congreso la pasada legislatura, donde inició su trámite parlamentario con la abstención del PP. La norma, ha asegurado Montero, será una normativa que “garantice la igualdad” y que termine con los desequilibrios que actualmente existen entre comunidades autónomas, pues dependiendo de si han aprobado leyes LGTBI propias, sus ciudadanos tienen más o menos derechos.

Junto a la ley trans y la ley de igualdad de trato, este proyecto forma parte del paquete de medidas acordado por ambos socios de gobierno en materia de no discriminación y que la ministra ha calificado de “prioritario”. En concreto, la ley trans “garantizará los derechos y libertades de este colectivo” que pasan tanto “por la autodeterminación como por la plena despatologización”. La oposición a esta norma de parte del movimiento feminista ha llevado a que Izquierda Unida expulse al Partido Feminista este fin de semana.

En la práctica, esto implica la reforma de la Ley de Identidad de Género de 2007, en base a la cual las personas trans todavía deben cumplir determinados requisitos médicos para poder cambiar su nombre y sexo legal en sus documentos oficiales: haberse hormonado durante un mínimo de dos años y contar con un diagnóstico psiquiátrico de disforia de género. Acabar con estos condicionantes es el objetivo de esta reforma, que ya fue debatida y casi aprobada en el Congreso en la pasada legislatura a raíz de una proposición de ley presentada por el PSOE.

En este sentido, la ministra ha recordado que su ministerio cuenta con una dirección específica para tratar este tema y ha insistido en que la discriminación por orientación sexual e identidad de género “está enquistada en la sociedad” porque el colectivo LGTBI “sigue sufriendo violencia en todos los ámbitos”. “Hay que acabar con la discriminación y el estigma que históricamente ha sufrido”, ha zanjado. En este sentido, ha puesto como ejemplo los delitos de odio y el acoso en las aulas por este motivo o la situación de exclusión laboral que sufren las mujeres trans que les “aboca a una situación de extrema vulnerabilidad”.

Vuelta a la ley del aborto de 2010

También Montero ha reiterado el compromiso del Gobierno con “volver al marco” de la Ley del Aborto de 2010, es decir, con revertir la reforma del Partido Popular que obliga a las menores de 16 y 17 años a contar con el consentimiento de sus progenitores para interrumpir voluntariamente su embarazo, algo que, según los colectivos de planificación familiar, aboca a jóvenes vulnerables a situaciones extremas. Junto a ello, ha nombrado el acoso que sufren a las puertas de las clínicas las mujeres que abortan por parte de algunos grupos ultracatólicos, algo sobre lo que este lunes se ha pronunciado el Defensor del Pueblo para exigir medidas.

Montero ha explicado también parte de los contenidos de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que ha confirmado que irá al Consejo de Ministros el próximo 3 de marzo y a cuyo borrador ha accedido eldiario.es. Un proyecto que equipara a las víctimas de violencia sexual a las de género, acaba con la distinción entre agresión y abuso sexual y establece un abanico de medidas de prevención, atención y reparación. Entre ellas, una red de centros de crisis 24 horas, concebidos para atender en momentos de emergencia, y que Montero ha calificado de “esencial para la recuperación de las víctimas”.

Al hilo de ello, ha marcado como prioridad el reconocimiento de las violencias machistas como tal más allá de las que se dan en el seno de la pareja o expareja. Ello, frente a la “existencia de un retroceso discursivo y práctico en materia de derechos humanos que afecta especialmente a las mujeres”, ha esgrimido sin nombrar a Vox. En esta ampliación del concepto de violencia machista, el ministerio “está trabajando” para afinar los indicadores y obtener “datos más precisos”, es decir, que aglutinen cifras de otros tipos de violencia como las agresiones sexuales.

En este sentido, Montero se ha comprometido a “acompañar y garantizar los derechos” de todas las mujeres que sufren violencia, independientemente de que denuncien o no, y en ello se centrará la próxima Conferencia Sectorial del Ministerio de Igualdad, que se celebrará en marzo. La reunión sentará las bases para que la llamada acreditación de las víctimas, es decir, su reconocimiento oficial para acceder a determinados derechos, deje de depender de que acudan al sistema judicial, sino que sirva con informes médicos, de Servicios Sociales o de recursos especializados.

Esta medida está contenida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sobre el que ha apuntado a una “mejora” de los mecanismos de coordinación y de “seguimiento de los proyectos” ejecutados con cargo a este acuerdo.

Ratificación del Convenio 189 de la OIT

Otro de los ejes en los que Irene Montero ha dividido su comparecencia se basa en las políticas que el Ministerio de Igualdad califica de “redistribución de la riqueza” y en las que incluye la desigualdad económica y en la carga de cuidados entre mujeres y hombres. Así, su departamento llevará a cabo “de forma inmediata” y en colaboración con el Ministerio de Trabajo el desarrollo del decreto ley de igualdad laboral en lo que respecta a los nuevos Planes de Igualdad y el registro salarial en las empresas.

Además, ha nombrado la promulgación de una Ley de tiempo corresponsable “que consolide los derechos de las y los trabajadores en igualdad” y se ha comprometido “en esta legislatura” con la ratificación del Convenio 189 de la OIT para ampliar derechos de las trabajadoras domésticas, una ausencia en nuestro país que Montero ha calificado de “inexplicable”.

Tras el inicio del trámite de la Ley de Libertad Sexual, el Ministerio de Igualdad “iniciará los trabajos” para la elaboración de la Ley Integral contra la Trata, que también forma parte del acuerdo de Gobierno. A este respecto, la ministra ha querido pronunciarse sobre la prostitución y el debate que mantiene el feminismo a este respecto asegurando que “a este Ministerio y a esta ministra le gustaría abolir la prostitución” y apelando al mismo tiempo a que este debate “no nos divida y separe” porque “hay compañeras feministas que no lo son [abolicionistas], pero con las que comparto camino, lucha y objetivos”.

Respecto a la gestación subrogada, la titular de Igualdad se ha mostrado contundente contra lo que ha llamado una forma de “explotación reproductiva de las mujeres” y ha señalado que el ministerio estudiará “las medidas que permitan frenarla”, entre ellas, lo relativo a la publicidad de una actividad que “en España no es legal”, ha dicho sin aportar más detalles pero refiriéndose a las agencias intermediarias que ofrecen en nuestro país el acceso a vientres de alquiler en otros en los que esta práctica sí está permitida.