La Comunidad de Madrid debe pagar 300.000 euros por alquilar irregularmente suelo del Parque Nacional de Guadarrama
Fue un concurso público exprés para adjudicar suelo protegido en medio del Parque Nacional del Guadarrama. Un concurso con solo una empresa candidata, que se llevó el contrato para montar un centro de actividades con el parque como reclamo comercial. 8.000 metros de monte público por un canon de 2.000 euros al año.
Ahora el alquiler de la parcela ha sido declarado nulo porque se prescindió “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. La cogestora del parque, la Comunidad de Madrid, debe abonar 314.000 euros de indemnización a la concesionaria, según una Orden de la Consejería de Medio Ambiente que ha podido revisar eldiario.es.
El proyecto, licitado en junio de 2014, se revistió de “servicio del Parque a sus visitantes”. La empresa adjudicada, Ednya, incluía en su “plan de negocio” campamentos infantiles, seminarios para directivos e incluso una cantina. Se puso en marcha a finales de 2015 con el nombre de La Majada de la Pedriza.
A pesar de que la dirección del parque aseguró que no tenía “afección significativa” para evitarle el trámite de evaluación ambiental, el proceso nunca incluyó el “informe favorable de compatibilidad de persistencia de los valores naturales del monte”, al que obliga la ley, según refleja el expediente. Tal análisis, simplemente, no existió.
Esta “irregularidad relevante”, según los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, se une a otras que han determinado que el alquiler nunca debió existir y obliga al Ejecutivo madrileño a abonar a la empresa esos más de 300.000 euros.
El concurso, además de hacerse en verano y a toda velocidad, no ofrecía los datos reales del proyecto. Junto a la parcela de terreno de máxima protección –enclavada en pleno parque, pero con fácil acceso en coche– iban incluidos dos edificios (núcleo de las actividades).
Pero, en la documentación que se hizo pública, la Comunidad de Madrid decía que ambos inmuebles eran de 48 m cuando finalmente, una vez ya adjudicado el contrato a Ednya, revelaba que tenían más de 200 m cada una.
Este hecho es importante porque la “distorsión” pudo impedir “la presentación de licitaciones por terceros interesados” al hacerse parecer el proyecto menos atractivo. Se limpió de competencia a la ganadora final, según el análisis jurídico que sostiene la nulidad.
Los letrados acaban afeando a la administración de espacios naturales “incoherencias” en el procedimiento ya que en diversos documentos del expediente se hace referencia a resoluciones que se emitieron oficialmente con fecha posterior a esos mismos documentos previos.
Así que lo que se publicitó como un programa de promoción y educación ambiental ha terminado por ser un procedimiento irregular para facilitar el proyecto de una empresa privada en el parque nacional que se realizó muy rápidamente, sin detallar las condiciones reales que se ofertaban y sin evaluar su compatibilidad con los valores naturales del entorno.
María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, ha criticado el proyecto desde el inicio del expediente: “Unas condiciones muy ventajosas a una empresa para que logre unas instalaciones en un lugar exclusivo de la sierra y se han justificado unas actividades para favorecer a esa empresa”, lo ha definido.
Medio millón de beneficio
En este sentido, la orden de nulidad muestra cómo Ednya preveía obtener con la concesión, al menos, una rentabilidad económica de 550.000 euros: “El 10,5% de la inversión”, han argumentado, aunque la contratista había insistido en que su idea era esencialmente desarrollar un plan “sobre todo educativo y de divulgación y promoción del espacio”. La empresa ha pedido esa cantidad como lucro cesante pero la Comunidad de Madrid no ha admitido la solicitud en el trámite administrativo.
Las irregularidades a la hora de asignar el contrato y permitir la ocupación del monte público protegido son las que han provocado que, a pesar de todo, la cogestora del parque tenga que indeminzar a la empresa al anular el proceso.
Ednya ha asegurado que la rehabilitación de los inmuebles le supuso una inversión de 300.000 euros aunque, a la postre, solo ha justificado gastos por valor de 196.000. Las arcas públicas también van a pagar casi 100.000 euros por los sueldos de los trabajadores contratados. La empresa ha querido además que se le resarciera por “daños morales , que ha justificado por ”la pérdida reputacional producida por un daño injusto que no está obligada esta parte a padecer y a sufrir“. De momento, su petición no ha sido atendida.
A pesar de que la orden se firmó el 1 de agosto pasado, las actividades en La Majada (con sus tarifa correspondientes a los usuarios) han continuado después. Los gestores del parque explican que para completar la reversión “falta la firma del acta recepción” por parte de la Comunidad de Madrid. Ese último trámite burocrático está previsto para el mes de octubre, dicen. Al final “la broma nos va a costar el equivalente al al presupuesto de tres años del Parque Nacional del lado de Castilla y León”, calcula María Ángeles Nieto.
