El Congreso insta al Gobierno a recuperar los bienes que la Iglesia puso a su nombre sin control
La nueva relación de partidos en el Congreso de los Diputados ha permitido que se haya aprobado una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a reclamar la propiedad de aquellos bienes puestos a nombre de la Iglesia católica y que no se justifiquen como de uso o propiedad eclesiástica.
La iniciativa, presentada por el PSOE en la Comisión de Justicia, ha contado con los votos en contra de PP y Ciudadanos, y ha acordado solicitar al Ejecutivo de Mariano Rajoy que, en el plazo de seis meses, aporte la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia, es decir, puestos a su nombre, cuando no hacía falta más que un certificado del propio Obispado donde se encontraba el bien inmueble.
Esas inscripciones sin más documentos acreditativos que la declaración eclesiástica las hizo posibles una reforma que hizo Aznar en 1998. En 2014, el Gobierno socialista cambió un artículo de la Ley Hipotecaria para poner fin a esta práctica.
La PNL también solicita a Moncloa que analice los documentos acreditativos de la propiedad que ha utilizado la Iglesia para vincular dichas propiedades y que, “en caso de no ser documentos suficientes ni válidos”, se reclame la propiedad de estos bienes y de aquellos considerados de dominio público que también hayan sido inmatriculados.
En una nota, el PSOE ha criticado que la Iglesia católica se haya “adueñado de la Mezquita de Córdoba por 30 euros y, además, la haya inscrito como Santa Iglesia Catedral de Córdoba, lo que resulta insultante e indignante para gran parte de la ciudadanía”.
Mezquita de Córdoba
La Mezquita de Córdoba es uno de los inmuebles que forman parte del Plan de Catedrales, cuya financiación se encuentra dentro de los Presupuestos Generales del Estado, que hoy se han presentado y que, como novedad respecto al año pasado, no incluyen una disposición adicional en la que se informaba de la cantidad que los obispos recibirían cada mes en concepto de adelanto de lo que recaudarán por la casilla del IRPF.
Fuentes episcopales han indicado que esto puede deberse a que el año pasado sí pudo producirse alguna modificación en el reparto, que no se da en este ejercicio. Otras fuentes sugieren que la ausencia de dicho apéndice refuerce la idea de la Conferencia Episcopal de que el dinero de la “X” (251 millones el pasado año) no forma parte, estrictamente, de los Presupuestos Generales, sino que se trata de una partida que se detrae de los mismos mediante la casilla.
En todo caso, los 251 millones recaudados por la Iglesia vía IRPF no son, ni mucho menos, todo el dinero que la institución recibe anualmente de fondos públicos. Un informe de la organización Europa Laica hizo una estimación que elevó esa cantidad hasta los 11.000 millones de euros en distintos conceptos, que van desde los conciertos a los colegios católicos a la financiación de centros sanitarios, sociales o militares gestionados por la Iglesia.
De hecho, el dinero del IRPF solo supone el 23,5% del presupuesto de las diócesis españolas, según se afirma en la memoria de la Conferencia Episcopañ, que coloca a las “aportaciones directas y voluntarias de los fieles” como su principal fuente de financiación, en torno a un 37% (unos 350 millones de euros que, recordemos, no se declaran al considerarse donativos). Otro 21% (240 millones) se engloba bajo el término “Otros ingresos corrientes”, que no se estipula, como tampoco el 11% (unos 110 millones de euros) que sale de “Ingresos por patrimonio y otras actividades”, otro 6% llamado “Ingresos extraordinarios” (que suele tratarse de herencias) y un 2% de “Necesidades de financiación” (tampoco explicitadas).
Lo que sí se incluye en el proyecto de Presupuestos es la prórroga, por un año, del plazo previsto en la Ley de Patrimonio Histórico Español por el que se impide a la Iglesia Católica vender sus bienes incluidos en el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia. Esta norma también regula la cesión de los mismos.
