El Constitucional afronta dividido la votación sobre la Lomce y la financiación pública a colegios que segregan por sexo
El Tribunal Constitucional aborda este martes su cuarto intento para dictar con una sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley Wert. Los magistrados llevan dos meses debatiendo sobre la constitucionalidad de financiar con fondos públicos a los colegios que segregan por sexo además de otros asuntos. El proyecto de sentencia que mañana abordan los magistrados es el quinto que ha redactado el conservador Alfredo Montoya.
El PSOE presentó este recurso contra la LOMCE en 2014. Los 110 diputados con los que contaba el grupo socialista en aquella legislatura firmaron el escrito contra la ley educativa que aprobó el Partido Popular sin ningún consenso.
Entre los aspectos que llevaron al alto tribunal, no se limitaron solo a la financiación de centros que segregan por sexos, también contemplaron el adelanto de los itinerarios, la falta de participación en los consejos escolares de los padres, el peso que tiene la Religión en la nota media o la selección del alumnado por centros.
El sector progresista en el tribunal no da la batalla por perdida y no descartan conseguir un nuevo aplazamiento o acordar la creación de una comisión en la que se limen las asperezas todavía presentes entre las posturas de los dos sectores del tribunal.
Tal y como ha avanzado este lunes la Cadena SER, la ponencia actual de Montoya defiende que “la segregación por sexo entra dentro del ámbito de la libertad de enseñanza y, por tanto, este tipo de centros tiene derecho a recibir subvenciones públicas para su desarrollo”.
Según fuentes del Constitucional, el primer proyecto de sentencia afirmaba que tan constitucional era la financiación sobre la escuela que segrega por sexo como el uso de dinero público para escuelas que incluyan a chicos y chicas en las aulas. Esa primera redacción fue duramente discutida por el sector progresista, que temía que una sentencia en esa línea acabaría limitando la capacidad de acción de futuros gobierno en sus decisiones presupuestarias sobre la financiación educativa. Dicho de otro modo, con esa sentencia, los colegios que segregan por sexo podrían exigir la obligación de ser financiados con dinero público en igualdad de condiciones con el resto de centros.
Despejada esa primera discusión, el Constitucional sigue buscando la posibilidad de dictar una sentencia sobre la polémica cuestión. La última vez que se reunieron con el tema sobre la mesa fue el pasado 8 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer. La coincidencia de la fecha motivó que el TC decidiese aplazar la decisión para el pleno de este martes.
La división entre los magistrados es evidente. “Se trata de un tema muy ideológico”, aseguran fuentes del tribunal, y eso hace que la decisión sea difícil de adoptar. La sentencia se espera sin consenso y con las seguridad de que se emitirán votos particulares. “En un momento determinado es conveniente que queden reflejadas las dos posturas enfrentadas”, aseguran las mismas fuentes.
La normativa impulsada por el exministro José Ignacio Wert blindó la financiación pública de los centros que segregan por sexos. Esta ley recogía que este modelo de enseñanza “no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos” y que no se le podrá aplicar “un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas”.
El Supremo avaló la financiación
El Tribunal Supremo ya se pronunció sobre sobre la financiación pública de estos colegios y dio la razón a las empresas que los gestionan, después de que la Junta de Andalucía aprobase la retirada de los conciertos a estos colegios que segregan por sexos para el curso 2017-2018.
El Supremo reconoció su derecho a concierto. En concreto, desestimó el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía y consideró que en este punto la LOMCE era “plenamente conforme” con el principio de igualdad consagrado en la Carta Magna y con las normas internacionales.
Los socialistas también denunciaron el peso que ha ganado la asignatura de religión en el currículum educativa. En Bachillerato esta asignatura está incluida en un paquete amplio de optativas tradicionalmente más duras, como Dibujo Técnico o Francés. Una de las consecuencias que se han percibido tras la implantación de la Lomce es que el número de alumnos de institutos públicos que escogen esta materia ha aumentado, ya que en esta etapa postobligatoria esta asignatura influye en la calificación final que condiciona el acceso a la universidad. Pasando así del 23% de estudiantes de Bachillerato que cursaban esta materia antes de la entrada en vigor de esta normativa al 37%, según datos del pasado mes de marzo.
Otro de los asuntos que se debatirá en el pleno del Constitucional se centrará en la separación de alumnos en itinerarios, como la Formación Profesional Básica y los Programas de Mejora del Aprendizaje. En un principio la Lomce preveía que los alumnos que cursasen la FP Básica y quisieran obtener el título de la ESO tendrían que examinarse al terminar el curso de la reválida diseñada para 4º de Secundaria.
Una vez que esa prueba fue derogada, los estudiantes de este módulo sí que pueden obtener esa titulación sin tener que examinarse. Fuentes del Ministerio de Educación explican que los encargados de decidir si lo consiguen es el equipo docente que ha trabajado con los alumnos durante el curso, valorando el resultado del aprendizaje en una evaluación final.
